Tras la nominación de los dos candidatos, la campaña electoral entra en su fase decisiva. Solo falta que Donald Trump confirme a su compañero de fórmula, que nada indica que no sea el actual vicepresidente, Mike Pence. El lanzamiento de Trump, sirvió para que el actual inquilino de la Casa Blanca desplegara toda su violencia contra Joe Biden y Kamala Harris, los postulantes del Partido Demócrata. Si algo puede decirse es que será una campaña no solo violenta, sino teñida de azul. Por el color de las fuerzas policiales.

Así, mientras en Illinois se confirmaba la detención del chico que mató a dos manifestantes en Kenosha, en la Convención Republicana, el presidente de un sindicato de policías, Michael McHale, criticaba a Harris argumentando que siendo fiscal de California tomó decisiones que restringieron el funcionamiento de esa fuerza.

En este contexto, es clave la actuación de milicias armadas que se mostraron muy activas en las marchas antirracistas en apoyo de los uniformados. Alexander Reid Ross, docente de la Universidad de Portland, en un trabajo de investigación encontró que estos grupos parapoliciales fueron responsables de al menos 497 ataques este año contra manifestantes de Black Lives Matter.

De acuerdo a lo que publicó en el portal Huffington Post, esta cifra incluye 38 incidentes en los que Vigilantes Blancos conducen sus vehículos contra la multitud y otros actos de intimidación. En el periódico israelí Haaretz, Ross revela que esos grupos están integrados en muchos casos por veteranos de guerra o exonerados de la policía. Y advierte señales no solo de racismo contra la población negra, sino rasgos fuertemente antisemitas.

Otra polémica que ocupa las redes es sobre el accionar de Kyle Rittenhouse. Y lo novedoso es que muchos lo definen como un justiciero. No solo en EEUU sino en España, por parte de miembros de Vos.

Sin embargo, los actos cometidos por su deliberado amor por los uniformes azules deberían encuadrarse como “terrorismo doméstico”, al decir de la congresista demócrata Ayanna Pressley, quien apela a la definición del FBI sobre estas acciones para el “uso ilegal, o amenaza de uso, de violencia por parte de un grupo o individuo que opera completamente dentro de los Estados Unidos sin dirección extranjera, cometida contra personas o propiedad para intimidar o coaccionar a un el gobierno, la población civil, o cualquier segmento de la misma, con objetivos políticos o sociales”.