Los militares vuelven a ser protagonistas de la vida política de Brasil, convocados por Michel Temer como socios en su proyecto de reformas neoliberales urgentes, antes de que las elecciones de octubre puedan cambiar el eje de los debates políticos, y logre algún consenso para ser candidato. Esta militarización viene de la mano de jugosos créditos para que los 27 estados que componen el país más grande de América del Sur se sumen a este plan de control social. Para que no queden dudas de que esta es la línea rectora del gobierno asumido tras la destitución de Dilma Rousseff, el general Walter Braga Netto, nombrado interventor de la seguridad pública en Río de Janeiro, dijo que ese distrito «es un laboratorio para Brasil».

El 16 de febrero, Temer anunció la intervención de todas las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro como forma de combatir el crimen organizado. Braga Netto ocupará ese cargo hasta el 31 de diciembre, un día antes de que asuma el presidente que surja del proceso eleccionario que comienza en octubre. Tiene a su cargo a todos los uniformes oficiales que circulan por la región, desde la policía y los bomberos al servicio penitenciario, pero también los agentes de inteligencia cariocas. No hay antecedentes de semejante intervención militar en la historia democrática de Brasil.

El jueves, el presidente reunió a gobernadores y ministros para presentar un plan destinado, según señaló, a «reducir los índices de criminalidad». Temer ofreció créditos por un total de 40 mil millones de reales, unos 12.500 millones de dólares. 

El proyecto contempla inversión en infraestructura para los organismos policiales y una más aceitada coordinación entre los diferentes estados. Una de las propuestas es la construcción de 30 nuevas cárceles, cinco de ellas federales.

Para el mandatario de facto, el objetivo primordial de su gestión es atender la «seguridad pública» que, arguyó, «se agravó enormemente en los últimos tiempos». 

A la hora de dar alguna explicación sobre este incremento, dijo que con las dificultades financieras de los gobiernos estaduales «disminuyó la inversión en equipos para los cuerpos policiales». De allí que desde Brasilia, al mismo tiempo que se recortan presupuestos en educación y salud, se decidió abrir una línea de crédito blando para la represión.  

Los datos que fueron apareciendo en estos días, sin embargo, no reflejan exactamente la visión que emanan las autoridades desde el Palacio del Planalto. Estadísticas del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado del Ministerio Público del estado de Río de Janeiro (Gaeco/MPRJ) indican que el 20% de los individuos denunciados por integrar alguna banda criminal es o ha sido miembro de alguna fuerza de seguridad. Por otro lado, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), sólo en enero agentes de la Policía Militar de ese estado mataron a 154 personas, un 57% más que el año pasado y la mayor cantidad en un mes desde hace 15 años, cuando el ISP comenzó su recopilación de datos de violencia policial.

El mismo día que Temer hacía los anuncios, en Bogotá un grupo de integrantes de organizaciones sociales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el crecimiento desenfrenado de asesinatos extrajudiciales en las villas de todo el país. «Hay una pena de muerte de manera no asumida en las favelas de las comunidades de Brasil, porque no hay sanción a los responsables de los asesinatos, lo cual es una situación alarmante y que configura una gran violación a los derechos humanos», dijo a la agencia Sputnik Débora da Silva, fundadora de Madres de Mayo, una entidad que reclama por los casi 500 homicidios registrados en mayo de 2006 en San Pablo en el marco de un levantamiento organizado por el grupo Primer Comando Capital, que reclamaba mejoras en el tratamiento a los presos en las cárceles.

Entrevistada para Brasil de Fato por Mariana Pitasse, Gizele Martins, residente de la favela Maré, dio un preciso panorama de lo que implicará la presencia de uniformados en los barios populares cariocas. «Sabemos que cuando ocurre una intervención como esa, las interrupciones en nuestras vidas pasan a ser diarias. Perdemos el derecho de ir y venir, y la violencia continúa. En 2016 (en ocasión de las olimpiadas) tuvimos personas asesinadas, nuestras casas invadidas y hasta casos de estupro en Maré. Vamos a sufrir todo de nuevo». 

El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, de paso por Brasil, dio sustento a estos temores. «Ningún ejército puede garantizar la paz. Todos los ejércitos, cuando actúan, llevan violencia y muerte. Son guerreros, van para matar, para someter, no para construir la paz». 

En octubre pasado, ante un pedido de la cúpula militar, Temer promulgó una ley que quita de los estrados judiciales ordinarios todo tipo de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad interna y los lleva a tribunales castrenses. Hace diez días, el titular de esa fuerza, el general Eduardo Vilas Boas, fue un poco más lejos y reclamó que en el futuro no existan comisiones de la Verdad que investiguen crímenes cometidos en el contexto de la intervención. 

Como parte de su alianza con los militares, Temer reformuló su Gabinete y por primera vez desde la recuperación de las instituciones democráticas, en 1985, nombró al frente de ministerio de Defensa a un uniformado, el general Joaquim Silva e Luna. Lo propio hizo en Río el interventor Braga Netto, al designar como secretario de Seguridad del estado gobernado por Luiz Fernando Pezao al general Richard Fernandes Nunes. Temer también creó el cargo de Ministro de Seguridad Pública, para el que fue nombrado Raúl Jungmann, extitular de Defensa. 

Para completar el regreso de los muertos vivos, el general Antonio Hamilton Mourão, que ocupaba la Secretaría de Economía y Finanzas del Comando de Ejército, se despidió del cargo con una ceremonia en la que rindió homenaje al coronel Carlos Brilhante Ustra, que murió en 2015. Fue el primer militar condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Había torturado personalmente, entre muchos otros, a la expresidenta Dilma Rousseff cuando estuvo detenida por formar parte de una organización guerrillera, en 1970. En el juicio en su contra dijo que estaba orgulloso de haber combatido «al terrorismo». 

Disparen sobre el PT

La figura de Lula da Silva crece en las encuestas, mientras la derecha no encuentra a un candidato potable para enfrentarlo en los comicios que se avecinan. En este contexto, el martes podría haber novedades sobre la posibilidad de que sea detenido en la causa por la presunta compra irregular en un departamento (ver aparte).

Michel Temer está preocupado, y lo dijo claramente: «El problema de no ser candidato es que se puede transformar en un mito y como una figura mítica tal vez pueda hasta influir en las elecciones».

El Poder Judicial, en tanto, muestra que tiene recursos para bloquear hasta un posible reemplazante y el lunes pasado ordenó allanar la vivienda de Jaques Wagner, exgobernador de Bahía y jefe de Gabinete de Dilma Rousseff, por supuesto fraude en la construcción del estadio mundialista de San Salvador por parte de la empresa Odebrecht.

El juez Edson Fachin dio lugar este viernes a incluir a Temer en la causa por sobornos de Odebrecht, pero a él no lo allanaron. «