El ataque del gobierno de Michel Temer a las conquistas sociales en Brasil generó ahora una nota de queja de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la publicación en el boletín oficial de ese país de un decreto que elimina controles y modifica sustancialmente las normas para el combate del trabajo esclavo.

A partir de la publicación del DNU en el Diario Oficial de la Unión, la divulgación de la “lista sucia” de empresas y personas que se aprovechan del trabajo esclavo ya no dependerá de las oficinas técnicas del ministerio del Trabajo sino del ministro en persona, lo que deja en manos de los intereses particulares de un funcionario político lo que hacía un equipo de profesionales.

Pero además, cambian las reglas para la denuncia de casos de esclavitud: lo que antes se hacía con un informe de un auditor de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), ahora debe pasar por una presentación en sede policial. Si se tiene en cuenta de que gran parte de la explotación esclavista se hace en grandes extensiones agropecuarias, es fácil entender los riesgos para cualquiera que quiera hacer denuncias en un país donde en un cuarto de siglo fueron asesinados más de 1.500 líderes campesinos.

Por si esto fuera poco, el gobierno cambia la definición de lo que es trabajo esclavo, una forma de blanquear cierto tipo de formas de explotación fuera de los usos internacionales que toma en cuenta la OIT y el Código Penal brasileño.

Ahora solo será considerado trabajo esclavo si se verifican amenazas de castigo, restricción de transporte para retener al empleado, uso de un vigilante armado y retención de documentación personal. Estos cambios preocuparon primero a los funcionarios que se encargaban de la tarea y la a dirigencia política ligada a la defensa de los derechos laborales.

Es precisamente ese es un tema que forma parte del ADN del gobierno destituido en agosto del año pasado por un congreso aliado con Temer. Y en ese parlamento, el Partido de los Trabajadores estaba en minoría mientras que alrededor del 40% de los legisladores pertenecían a la clase terrateniente, lo que la hace proclive a dictar leyes que benefician sus intereses y liberar a sus faltas. Incluso el ministro de Agricultura del gabinete Temer, Blairo Maggi, es uno de los reyes del agronegocio brasileño.

Además, y como para que no queden dudas de esta modificación es a favor de los que más tienen, fue despedido André Reston, jefe de la agencia de combate al trabajo esclavo, el funcionario a cargo de elaborar la llamada «lista sucia».

Suciedades anónimas

La “lista sucia” es un registro creado en 2003 para anotar los nombres de los empleadores denunciados por tener en su plantilla a trabajadores en condiciones de esclavitud.

Fue el corolario de una política de estado en el combate contra la superexplotación laboral que venía desde las dos gestiones de Fernando Henrique Cardoso y que Lula da Silva, como dirigente sindical, no podía sino fortalecer. Así, entre 1995 y 2016 fueron liberadas del trabajo esclavo cerca de 50.000 personas en todo el país.

En el campo la situación se complica porque los trabajadores están virtualmente presos en los latifundios y sin posibilidades de escape. En 2014, la Corte Suprema suspendió la publicación de la lista, ante presiones y presentaciones de los empresarios involucrados, muchos de ellos a la sazón representantes legislativos, alegando que era una medida inconstitucional.

El gobierno de Dilma introdujo la Lista Sucia en la Ley de Acceso a la Información para hacerla pública. Pero, contradicciones de su gobierno, Katia Abreu, senadora por Tocanstins, fue designada ministro de Agricultura en 2015 siendo una de las terratenientes más grandes del país. Y había sido ella en persona, cuentan las crónicas, quien acudió a la Corte para evitar la difusión de los nombre de los esclavistas, ya que entre ellos estaban sus dos hermanos, Andre Luiz Abreu y Luiz Alfredo de Feresin Abreu.

Pero por supuesto que la familia Abreu no es la única involucrada en este tipo de violación a los derechos laborales.

En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos condenó al estado brasileño por no prevenir el trabajo esclavo ni el tráfico de personas. La sentencia obligó al pago de 4,7 millones de dólares a 128 víctimas rescatadas en la Hacienda Brasil Verde, un latifundio ubicado en el estado de Pará, entre 1989 y 2002.

Trampa semántica

Según la reforma laboral que había dictado Temer en julio pasado -y que en este lado de la frontera quiere emular el gobierno de Mauricio Macri- “empleado rural es toda persona física que, en propiedad rural o edificio rústico, presta servicios de naturaleza no eventual a empleador rural o agroindustrial, bajo dependencia y subordinación a este y mediante salario o remuneración de cualquier especie”.

Este artilugio leguleyo, permite al empleador pagar el salario con dinero o, como era usual en Argentina en las explotaciones del siglo XX y relataban películas como Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, en especie o mediante la entrega de mercadería en el almacén del propietario de la hacienda.

Sin embargo, no solo en el campo se produce en condiciones de explotación laboral. La industria textil es uno de los rubros donde resulta más extendido el trabajo esclavo. En este caso, el agravante es que se trata de extranjeros venidos de Bolivia o Perú.

Hace unos meses, en mayo, salió el fallo que condena a la española Inditex, que fabrica bajo el nombre más conocido y popular de Zara, a una multa de 5 millones de reales, unos 1,5 millones de dólares, luego de que unos 15 trabajadores fueron rescatados de un taller paulista en 2011 por Ministerio Público del Trabajo (MPT).

También hay involucradas otras multinacionales, como la suiza Nestlé, o la holandesa Jacobs Douwe Egberts, que juntas controlan el 40% de las ventas de café en todo el mundo.

Ni qué decir de la construcción, donde el propio gobierno federal terminó acusado tras una investigación del Ministerio de Trabajo que detectó que una empresa contratada para construir viviendas populares dentro el programa Minha Casa, Minha Vida, mantenía a 118 trabajadores en condiciones de esclavitud en la ciudad de Macaé, en el estado de Río de Janeiro.

La firma, MRV, ya había sido condenada en 2013 a una multa de 6,7 millones de reales por mantener a 63 trabajadores esclavos en una obra del mismo programa en San Pablo.