El acuerdo de Paz en Colombia está “frágil”. Y tal vez no en el sentido en que lo dijo el presidente Iván Duque ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el martes, acaso para justificar su inacción para cumplir con la totalidad de los puntos establecidos en el diálogo y pacificar el país, sino porque a cinco años de la firma en La Habana con los líderes de la exFarc a hoy, se registran más de 1200 asesinatos de líderes territoriales y, este año, el mayor número de víctimas de desplazamientos masivos en casi una década. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz aseguró que, con el asesinato de Martín Bayona del jueves pasado, quien era un “reconocido líder social” del municipio de Morales, en el departamento de Bolívar, ya suman “126 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2021 y 1241 desde la firma del acuerdo de paz”.

Un día antes, la misma ONG había denunciado una masacre perpetrada en el departamento de Nariño, donde fueron asesinadas cuatro personas “en un establecimiento público por hombres armados que llegaron al lugar hacia la 1 am, allí  obligaron a las personas a tirarse al suelo, luego les dispararon indiscriminadamente”, informó Indepaz.

A su vez, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos indígenas en Colombia ante el creciente número de asesinatos y el repunte de la estigmatización, las amenazas y los confinamientos en sus propios territorios. ONIC alertó que 43 líderes indígenas fueron asesinados durante 2021 y junto a otras asociaciones, exigió al Gobierno colombiano y a los grupos armados en los territorios, ya sean legales o ilegales, acabar de forma «inmediata» con lo que consideran un «etnocidio físico y cultural contra los pueblos y naciones indígenas». Advirtieron que en Colombia «la guerra continúa» y está «desangrando las comunidades originarias por defender la vida, la paz y los derechos.

La organización hizo entrega a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad de un informe que detalla más de 3.000 homicidios en el marco del conflicto armado y denuncia la violencia ejercida contra estas comunidades desde la firma del acuerdo de Paz, del que se cumplieron este viernes cinco años. Las organizaciones recordaron “que siguen en deuda ante el cumplimiento y la implementación integral de los acuerdos de paz”, como declaró la ONG Temblores.

Sin embargo, en su intervención ante la ONU, Duque afirmó que «el frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las FARC tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU». Justamente fue esa misión la que alertó en los últimos meses la persistencia de violencia contra líderes sociales, exguerrilleros y algunas comunidades. Además, luego de las declaraciones, salió con una dura réplica y calificó de “inapropiado” su comentario. “Cuando el presidente va y dice lo que dijo, el efecto es que él pierde credibilidad, su gobierno, también el país. Lo está diciendo en el foro más inapropiado porque allá conocen los acuerdos mejor que nadie”, dijo. El problema de la violencia genera además un flujo migratorio interno, que según la Oficina de las ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alcanzó a 57.100 personas entre enero y agosto de este año. El número ya «duplicó y hasta triplicado el número total de desplazados en emergencias masivas anuales desde 2012», detalla el documento. Con respecto al mismo periodo de 2020, el incremento es del 135%.