No habían pasado 24 horas de su demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar abuso de poder del juez Sergio Moro en su contra cuando el ex presidente Lula da Silva recibió otro mazazo del poder judicial brasileño. Esta vez otro juez, Ricardo Leite, aceptó una presentación de la fiscalía de Brasilia y ordenó procesar al histórico líder metalúrgico y dos veces presidente constitucional por «obstrucción de la justicia» en el caso Lava Jato, con lo que el cerco judicial contra el ex mandatario parece cerrarse mientras se cumple el plazo para la realización del juicio político contra su sucesora, Dilma Rousseff.

Para el juez Leite, es plausible la denuncia del fiscal federal capitalino contra Lula y otras seis personas implicadas en el escándalo por el presunto pago de sobornos a través de la petrolera estatal Petrobras.

En concreto, se acusa a Lula, al banquero André Esteves (ex presidente del BTG Pactual), al ganadero y amigo de Lula José Carlos Bumlai y al ex jefe de bancada del PT en el Senado, Delcidio do Amara – entre otros- de haber interferido con la acción de los magistrados que investigan el caso. De hecho, el juez a cargo es el mismo denunciado ante las Naciones Unidas, el foro donde el propio Lula se lució, con fuerte apoyo institucional, mientras fue presidente de Brasil, entre 2003 y 2011.

Los abogados del metalúrgico, del estudio Teixeira y Martins, señalaron en un comunicado que su defendido «ya esclareció al procurador general de la República, en una declaración, que jamás interfirió o intentó interferir en declaraciones relativas a Lava Jato».

Su letrado ante la ONU, el británico Geoffrey Robertson, había indicado un día antes que «Lula presenta su caso ante la ONU porque no puede obtener justicia en Brasil».

El fundador del Partido de los Trabajadores sufre el embate judicial desde que la situación de Dilma se encaminaba hacia un abismo. Si algunas de las presentaciones judiciales de sectores de la oposición prosperaba, debería haber sido desplazada toda la fórmula elegida en 2014, lo que incluye al presidente provisional, Michel Temer, su vice. En ese caso, Lula podría presentarse nuevamente a elecciones. De allí el apuro por implicar a Dilma en una causa en la que ya dos instancias fiscales determinaron que no hay delito. Esa premura es la misma que llevó a la presidencia a Temer y al grupo destituyente. Pero en sus dos primeras semanas de gestión tuvo que dejar en el camino a tres de sus ministros por grabaciones comprometedores donde reconocían haber cometido actos de corrupción.