Mañana llegará a Bolivia la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para investigar la masacre de 36 personas ocurrida durante las protestas sociales de 2019 tras el golpe contra Evo Morales. El resultado de una extensa investigación de un grupo de cinco expertos, calculada en seis meses, podría definir negativamente la situación judicial de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, sobre quien pesa un pedido de la Asamblea Plurinacional de investigación por las masacres de Senkata y Sacaba. Áñez podría ser sometida a un juicio ordinario, si así lo dispone la Fiscalía General, o a un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa, para lo cual se requieren los dos tercios de las Cámaras, algo con lo que el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS) no cuenta. Sin embargo, consideran en las filas partidarias y en las del gobierno de Luis Arce que una resolución condenatoria de la comisión dejaría a varios legisladores opositores en posición de aprobar el enjuiciamiento.
Así lo señaló el ministro de Justicia, Iván Lima. “Si esta comisión concluyera que la expresidenta Áñez y otras personas vinculadas a los hechos ocurridos en 2019 han violado los DD HH de los bolivianos, existiría un elemento contundente y evidente para dos aspectos: que el Legislativo autorice el inicio de juicio de responsabilidades” o bien que “la Fiscalía General (pueda) definir la situación de la expresidenta Áñez en la vía ordinaria”. En cualquier caso, será el fiscal general, Juan Lanchipa, el que decida el camino a seguir.
Esta visita de la comisión de la CIDH se trató a nivel de las más altas esferas del gobierno, para “contribuir en la búsqueda de justicia por aquellas muertes”. Los incidentes más graves se produjeron en el poblado de Sacaba, en la región central de Cochabamba, y en la zona de Senkata, un barrio de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz: cerca de 40 muertos y cientos de heridos. Pero la misión no se enfocará solamente en esos episodios trágicos, sino también en otros eventos conocidos e incluso otros “nuevos” que se puedan establecer. “El período de investigación es de septiembre de 2019 a diciembre de 2019, es decir, todos los hechos van a ser investigados”, apuntó Lima en una entrevista con Correo del Sur.
En la comitiva que llegará mañana a La Paz estará también el presidente de la CIDH, Joel Hernández García. Hasta donde se conoce, mantendrán a las 11 de la mañana una reunión con el ministro Lima para firmar un protocolo de trabajo por los próximos seis meses. Aunque la resolución de la misión no será vinculante, el gobierno apuesta a que dará legitimidad a la denuncias contra el gobierno de facto que se retiró el pasado 8 de noviembre, cuando asumió Arce tras ser elegido con el 55,1 por ciento de los votos.
El ministro precisó que la palabra final sobre el asunto la tendrá la Justicia boliviana. «No estamos cediendo soberanía, estamos esperando que la Comisión nos entregue un elemento más para que el Poder Judicial» pueda hallar «la verdad», dijo. La CIDH ya había calificado de masacre las matanzas del 15 y 19 de noviembre del año pasado contra partidarios de Evo, que fueron reprimidos por fuerzas policiales y militares, aunque el ministro del Interior de entonces, Arturo Murillo, negara responsabilidad de los efectivos. Más allá de aquel informe, será la primera vez que una misión de la CIDH se instale en Bolivia para investigar un caso, tal como lo hizo en México por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó una declaración que les da categoría de Héroes del Estado Plurinacional a las víctimas. Un día después, familiares, dirigentes y autoridades se encontraron frente al templo San Francisco de Asís para homenajear a los fallecidos en Senkata, a un año de la masacre.
En tanto, esta semana se puso en marcha una nueva campaña por la Libertad de Facundo Molares Schoenfeld, un reportero gráfico argentino que fue apresado hace un año cuando fue a cubrir las elecciones y la posterior revuelta que culminó en el derrocamiento de Evo. Detenido en Santa Cruz de la Sierra “por una causa armada después de su detención”, el fotógrafo de 44 años padece además de una insuficiencia renal por lo que ya había sido internado, pero su salud se agravó seriamente en los últimos días. Organizaciones de DD HH y dirigentes de ambos países exigen a los gobiernos de la Argentina y de Bolivia que actúen de forma inmediata para liberar y repatriar al periodista. «
