Miles de velas se encendieron en el inicio de este fin de semana en diferentes ciudades del mundo, incluida Buenos Aires, pero sobre todo y en forma masiva en Colombia, para expresar el repudio de ciudadanos y ciudadanas a las masacres contra dirigentes sociales y políticos, que se cobraron más de 120 vidas en lo que va del año y más de 310 desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016.

La «velatón» se realizó en el final de una semana en que se produjeron seis de estos asesinatos, uno de ellos contra una dirigente del espacio que lidera Gustavo Petro, el candidato progresista que disputó la presidencia en las últimas elecciones y que perdió ante Iván Duque en el balotaje. Pero también se produce a un mes de la asunción de un gobierno que representa a la derecha más extrema, encabezada por el expresidente y hoy senador electo, Álvaro Uribe. Su fuerza se opuso fervientemente al proceso de paz y hasta logró el triunfo del «no» en el plebiscito que obligó a Juan Manuel Santos y a las FARC a hacer una revisión de un acuerdo que ya estaba cerrado. La escalada de violencia de los últimos días coincide trágicamente con la cuenta regresiva para la llegada de Duque, y hay preocupación en sectores del progresismo y el activismo por la paz, ante la posibilidad de que se recrudezca con su gobierno. El mismo Petro, que también asumirá como senador por haber obtenido el segundo lugar en las elecciones, llamó a «una gran movilización nacional en cada municipio y en cada país del mundo» para el 7 de agosto, día de la toma de gobierno. «O nos expresamos como ciudadanos libres o acaban nuestra libertad y nuestra paz», dijo.

«Desde el año 2016 no paramos de contar los muertos a diario, de alertar de miles maneras al gobierno nacional y a sus instituciones que si no se demostraba voluntad para evitar más muertes de líderes sociales este flagelo se agudizaría», remarcó Piedad Córdoba, reconocida luchadora por los Derechos Humanos. La crisis mereció un llamado de la ONU que instó al Estado colombiano «a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las y los colombianos en todos los rincones del país».

Para el activista por la paz, Rodrigo Rojas, la situación empeoró estas últimas semanas porque el país vive una suerte de «vacío de poder» debido a que el presidente Juan Manuel Santos perdió toda injerencia en los espacios políticos que le respondían hasta el día de las elecciones. «Ya nadie le está haciendo caso a Santos y el uribismo ya está utilizando el poder para tomar ciertas decisiones, aunque no es gobierno todavía. Además, el paramilitarismo tomó mucha fuerza y empezó a atacar otra vez», advirtió en diálogo con Tiempo.

La periodista Catalina Oquendo, radicada en la Argentina y colaboradora entre otros del diario El Tiempo, recordó que «hay que tener presente que es un gobierno que se instaló diciendo que el proceso de paz no era viable, así que va a ser muy complicado», señaló. «