Como un brazo ejecutor en las redes y en las calles de las posiciones extremas de Jair Bolsonaro, la activista brasileña de extrema derecha, Sara Winter, tomó la acción contra el Supremo Tribunal de Justicia y amenazó al ministro Alexandre de Moraes, quien inició una investigación por la propagación de noticias falsas, que tiene al entorno presidencial como objetivo fundamental. Desde la puerta de la casa del supremo, la bolsonarista filmó la noche del jueves un video que subió a sus redes, en el que le advierte: “Sabemos dónde vive”, luego de que la justicia ordenara un allanamiento de su vivienda en que fueron incautados su celular y su computadora. En el video, alardea de su capacidad de convocatoria: “¿Él (de Moraes) va a mandar a detenerme? Yo quiero ver como manda a detener a 5000 personas. ¡Mande a detener 5000 personas, hijo de puta!”.

Un día atrás, después de conocer la decisión del supremo, había subido otro video en el que le decía al ministro: “Vamos a volver su vida en un infierno. Vamos a revelar los sitios que usted frecuenta. Las empleadas domésticas que trabajan para usted. Vamos a revelar todo de su vida. Hoy usted tomó la peor decisión de su vida”.

De Moraes investiga a los supuestos responsables de una campaña de difamación y odio en las redes contra dirigentes y poderes no alineados, sumado a “fake news” mayormente relacionadas con el coronavirus y en línea con las teorías conspirativas de la extrema derecha. Los allanamientos ordenados alcanzaron también a empresarios, políticos y blogueros aliados del presidente.

Winter es una ex militante de extrema izquierda y fundadora del movimiento feminista Femen, que tras abortar y luego tener un hijo se convirtió al catolicismo y se volvió una activista neofascista cuya causa es luchar “contra la izquierda”. Su apellido real es Giromini, pero tomó el nombre probablemente de la activista nazi-fascista británica Sarah Winter.

Lidera un numeroso grupo armado llamado “Los 300 de Brasil”, por la película de 2006 dirigida por Zack Snyder, que acampa desde principios de mayo en la Explanada de los Ministerios, el predio que alberga los edificios ministeriales en Brasilia, para evitar que el lugar “sea copado por la izquierda” opositora. En una entrevista concedida a la BBC, admitió la tenencia de armas, aunque dijo que era “para defensa propia”.

Para quejarse de la investigación que la tiene como protagonista, tuiteó hace pocos días: “Cuando era de izquierda hice protestas feministas, salí desnuda a la calle, causé daño patrimonial, invadí propiedades privadas, manipulé noticias en la prensa. Nunca pagué ni una canasta básica. Ahora que soy de derecha me quieren detener por expresarme en Internet”.

El próximo blanco del ministro de Moraes es ahora el hijo del presidente, el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Para la justicia, estas personas son consideradas parte sustancial del “gabinete del odio”, como le llaman a esta suerte de “call center” del bolsonarismo para influir en la opinión pública, un espacio que logró llegar a la presidencia en 2018 en gran parte gracias a una poderosa campaña de big data en las redes y el WhatsApp.

Según publicó el sitio Brasil de Fato, el Grupo de Estudios de Desinformación en Redes Sociales (EDRES) de la Universidad Estadual de Campinas conformado por investigadores de diversas áreas, creó una línea de denuncias para mapear y combatir las fake news que desde comienzos de marzo lleva reunidos “más de 8000 contactos y 30 mil denuncias, que están siendo clasificadas por inteligencia artificial y después serán estudiadas para identificar las motivaciones de quienes comparten y además sus fuentes en las redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube y Facebook”.

De Moraes asegura que las últimas pesquisas le proporcionaron información suficiente para actuar a fondo. Aunque el poder central podría intentar frenarlo. Tras los allanamientos, Bolsonaro, cuya imagen negativa sigue cayendo, le advirtió que “las cosas tienen un límite, ayer (por el jueves) fue el último día” y se quejó que “ya no se pueden admitir más actitudes de ciertas personas que toman de forma casi personal sus actos”. El bolsonarismo también se dirigió contra el Congreso, que analiza una ley que regule el flujo de información falsa, que sus detractores anticipan que promoverá la censura.

RECUADRO

La difícil misión de vivir hoy en Río

En medio de la pandemia, las operaciones policiales de la «guerra» contra el narcotráfico siguen cobrándose vidas en Río de Janeiro, donde los habitantes de las favelas sufren por igual la irrupción del coronavirus, la crisis económica y los enfrentamientos armados. Los operativos policiales interrumpen con frecuencia el trabajo humanitario que realizan líderes comunitarios, como el reparto de alimentos, productos de higiene y campañas de prevención. Solo en abril, la policía del estado de Rio de Janeiro mató 177 personas, un 43% más respecto a abril de 2019, año récord en materia de muertes por agentes del estado: 1.810. En mayo, las operaciones con resultados letales continuaron.

«Si no te mata el virus o el hambre, te matará un tiro de fusil, en nombre de una seguridad pública que no nos incluye», descargó en sus redes sociales el activista Raull Santiago el 15 de mayo, cuando 13 personas fueron abatidas en una única operación policial en el Complexo de Alemao, un gran conjunto de favelas en la zona norte de Rio. Brasil trepó el viernes al quinto lugar de muertes en el mundo por Covid-19, con cerca de 28 casos letales y más de 465 mil contagios.