El presidente más joven de la historia de Colombia no necesariamente será el más innovador, ni vanguardista, ni mucho menos revolucionario. Iván Duque posiblemente sea todo lo contrario. Y lo contrario puede significar la vuelta atrás de algunos avances en favor de la tan ansiada pacificación de un país que, pese al acuerdo alcanzado en Cuba en 2016, sigue padeciendo la violencia, los asesinatos de activistas, los desplazamientos masivos internos y el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero con el que el gobierno saliente no pudo lograr un acuerdo de paz. Duque, de 41 años, asumirá el martes, y con él volverá a gobernar la derecha más extrema liderada por el expresidente Álvaro Uribe.
Según los análisis y las propias declaraciones de Duque, su gobierno se acercará aun más al poder económico, impondrá una nueva doctrina de seguridad y propondrá la revisión de parte de los acuerdos, lo que lejos de erradicar la violencia, generará nuevos focos. Duque no está de acuerdo en que exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), reconvertidas en partido político, ocupen hoy bancas en el Congreso sin haber pasado por un proceso judicial, por lo que buscará modificar el sistema judicial pactado en La Habana.
«Con el nuevo gobierno, la violencia será mayor», sostiene a Tiempo uno de los activistas por la paz que hoy debe resguardar su integridad detrás del anonimato. «Ese gobierno representa a todos aquellos que se benefician de la guerra. Necesita la guerra para justificar la represión contra el pueblo, sus organizaciones sociales y los partidos de oposición», agrega.
Las miradas están puestas en lo que hará Duque frente al irresuelto acuerdo con el ELN, iniciado por Juan Manuel Santos luego de la firma y desmovilización de FARC. Duque ya había asegurado que no continuaría la negociación si la guerrilla no acepta algunas condiciones: supervisión internacional, suspensión de todas las actividades, y un acuerdo que incluya una reducción de penas, pero no su ausencia total. El problema es que quienes analizan el proceso consideran que esto es «prácticamente imposible» de aceptar por el ELN, lo que dará pie a que se den por terminadas las conversaciones y comience una ofensiva militar.
El saliente Juan Manuel Santos no dejó el camino allanado. A pesar de haberse vanagloriado de dejar un país «sin guerra» como dijo en una entrevista reciente, la mirada de los activistas por los derechos humanos contrasta. «No es verdad. Sólo terminó la guerra con una parte importante de las FARC. Porque el ELN y el EPL siguen en guerra. La guerra política, económica y militar del gobierno y las oligarquías contra el pueblo continúa», señalaron las fuentes a Tiempo. Incluso, tras la última reunión conjunta en La Habana, las partes de la negociación emitieron un documento en el que se reconoce que no se alcanzaron «acuerdos completos».
Mientras tanto, los territorios dejados por las FARC no fueron ocupados por el Estado, tarea fundamental que asumió Santos en el acuerdo. En cambio lo hicieron los paramilitares y bandas criminales. Incluso nuevas insurgencias armadas. En lo discursivo, Duque buscará imponer un estilo «moderno» y «eficiente». Para ello convocó a un gabinete que presume de poseer capacidad técnica, por encima de los compromisos partidarios. Aunque «lo cierto es que la selección ministerial no está ni tan desvinculada de las huestes del uribismo y del conservadurismo más castizo, ni es producto de una selección inocente de tecnócratas, sino más bien un guiño al sector del empresariado que lo apoyó», desentrañó un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Entre otros perfiles, Duque nombrará en Hacienda al economista Alberto Carrasquilla Guerrero, doctorado en Estados Unidos, quien como ministro de Uribe acabó con el régimen especial de pensiones. Al Ministerio de Trabajo irá la administradora de empresas, especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, Alicia Arango, quien fuera secretaria privada de Uribe y embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra. Acaso la figura más polémica y a tono con los resquemores de organismos de paz es la abogada Nancy Patricia Gutiérrez, quien encabezará el Ministerio del Interior, y que en 2008 tuvo una causa abierta por supuestos vínculos con un jefe paramilitar. Más tarde se la acusó de abuso de poder como presidenta del Congreso para manipular información contra la entonces senadora Piedad Córdoba.
Uribe no se decide
El expresidente y senador electo por la fuerza de extrema derecha Centro Democrático, Álvaro Uribe, mantiene en vilo a la sociedad colombiana, tal vez más que el propio presidente Iván Duque, su delfín. Es porque la semana pasada anunció que renunciaría a su banca tras ser vinculado a una investigación penal por presuntos soborno y fraude procesal. Sin embargo, días después pidió al jefe del Senado, Ernesto Macías, que «retenga sin considerar» la carta de renuncia, lo que fue aceptado por Macías, que pertenece al mismo partido.
En 2012 Uribe denunció al legislador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por supuesto complot con testigos falsos para intentar involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas. Pero la Justicia no sólo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en marzo una investigación previa contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra el opositor.
El Centro Democrático justificó el cambio de opinión del exmandatario ante las sospechas de sus opositores de que mediante la renuncia, Uribe pretendía eludir la competencia de la Suprema Corte. «La sola sombra de que hubiera una pérdida de competencia por parte de la Corte, estoy segura que lo impulsó a quedarse en el Congreso», dijo Paloma Valencia, senadora próxima a Uribe.
Según los análisis y las propias declaraciones de Duque, su gobierno se acercará aun más al poder económico, impondrá una nueva doctrina de seguridad y propondrá la revisión de parte de los acuerdos, lo que lejos de erradicar la violencia, generará nuevos focos. Duque no está de acuerdo en que exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), reconvertidas en partido político, ocupen hoy bancas en el Congreso sin haber pasado por un proceso judicial, por lo que buscará modificar el sistema judicial pactado en La Habana.
«Con el nuevo gobierno, la violencia será mayor», sostiene a Tiempo uno de los activistas por la paz que hoy debe resguardar su integridad detrás del anonimato. «Ese gobierno representa a todos aquellos que se benefician de la guerra. Necesita la guerra para justificar la represión contra el pueblo, sus organizaciones sociales y los partidos de oposición», agrega.
Las miradas están puestas en lo que hará Duque frente al irresuelto acuerdo con el ELN, iniciado por Juan Manuel Santos luego de la firma y desmovilización de FARC. Duque ya había asegurado que no continuaría la negociación si la guerrilla no acepta algunas condiciones: supervisión internacional, suspensión de todas las actividades, y un acuerdo que incluya una reducción de penas, pero no su ausencia total. El problema es que quienes analizan el proceso consideran que esto es «prácticamente imposible» de aceptar por el ELN, lo que dará pie a que se den por terminadas las conversaciones y comience una ofensiva militar.
El saliente Juan Manuel Santos no dejó el camino allanado. A pesar de haberse vanagloriado de dejar un país «sin guerra» como dijo en una entrevista reciente, la mirada de los activistas por los derechos humanos contrasta. «No es verdad. Sólo terminó la guerra con una parte importante de las FARC. Porque el ELN y el EPL siguen en guerra. La guerra política, económica y militar del gobierno y las oligarquías contra el pueblo continúa», señalaron las fuentes a Tiempo. Incluso, tras la última reunión conjunta en La Habana, las partes de la negociación emitieron un documento en el que se reconoce que no se alcanzaron «acuerdos completos».
Mientras tanto, los territorios dejados por las FARC no fueron ocupados por el Estado, tarea fundamental que asumió Santos en el acuerdo. En cambio lo hicieron los paramilitares y bandas criminales. Incluso nuevas insurgencias armadas. En lo discursivo, Duque buscará imponer un estilo «moderno» y «eficiente». Para ello convocó a un gabinete que presume de poseer capacidad técnica, por encima de los compromisos partidarios. Aunque «lo cierto es que la selección ministerial no está ni tan desvinculada de las huestes del uribismo y del conservadurismo más castizo, ni es producto de una selección inocente de tecnócratas, sino más bien un guiño al sector del empresariado que lo apoyó», desentrañó un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Entre otros perfiles, Duque nombrará en Hacienda al economista Alberto Carrasquilla Guerrero, doctorado en Estados Unidos, quien como ministro de Uribe acabó con el régimen especial de pensiones. Al Ministerio de Trabajo irá la administradora de empresas, especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, Alicia Arango, quien fuera secretaria privada de Uribe y embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra. Acaso la figura más polémica y a tono con los resquemores de organismos de paz es la abogada Nancy Patricia Gutiérrez, quien encabezará el Ministerio del Interior, y que en 2008 tuvo una causa abierta por supuestos vínculos con un jefe paramilitar. Más tarde se la acusó de abuso de poder como presidenta del Congreso para manipular información contra la entonces senadora Piedad Córdoba.
Uribe no se decide
El expresidente y senador electo por la fuerza de extrema derecha Centro Democrático, Álvaro Uribe, mantiene en vilo a la sociedad colombiana, tal vez más que el propio presidente Iván Duque, su delfín. Es porque la semana pasada anunció que renunciaría a su banca tras ser vinculado a una investigación penal por presuntos soborno y fraude procesal. Sin embargo, días después pidió al jefe del Senado, Ernesto Macías, que «retenga sin considerar» la carta de renuncia, lo que fue aceptado por Macías, que pertenece al mismo partido.
En 2012 Uribe denunció al legislador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por supuesto complot con testigos falsos para intentar involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas. Pero la Justicia no sólo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en marzo una investigación previa contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra el opositor.
El Centro Democrático justificó el cambio de opinión del exmandatario ante las sospechas de sus opositores de que mediante la renuncia, Uribe pretendía eludir la competencia de la Suprema Corte. «La sola sombra de que hubiera una pérdida de competencia por parte de la Corte, estoy segura que lo impulsó a quedarse en el Congreso», dijo Paloma Valencia, senadora próxima a Uribe.
