Río de Janeiro, Brasil

En el decimotercer piso de un edificio del centro de Río de Janeiro, las donaciones no dejan de llegar: son productos de primera necesidad para los funcionarios de este estado al borde de la quiebra que ya no paga a sus asalariados ni a los jubilados.

Celia Moitas Pinto y su hermana acuden cargadas con dos grandes bolsas. Han venido por «solidaridad». Una de ellas es funcionaria de la justicia y recibe su sueldo gracias a que el presidente del tribunal desbloqueó un fondo especial, una suerte que no han corrido los empleados de la educación y la salud, sin salario desde noviembre.

«Hay recesión en todo el mundo, pero aquí es el resultado del robo y la corrupción», afirma Celia, que a sus 71 años asegura estar «indignada» y «ahora avergonzada de ser brasileña».

El exgobernador de Río en los años de bonanza, Sergio Cabral (2007-2014), está detenido desde noviembre por haber desviado presuntamente decenas de millones de dólares de obras públicas, entre ellas las de la reforma del estadio Maracaná. 

Semanas después, la policía arrestaba también a su mujer, acusada junto a él de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. 

La justicia congeló parte de los bienes de Cabral que, mediante la concesión de beneficios fiscales a ciertas empresas, «contribuyó a la crisis financiera que devasta al estado», según critica Celia.

«Situación humillante»

En la sala del sindicato (Sindjustiça) donde se apilan las montañas de donaciones, una treintena de personas trabajan separando los artículos para formar paquetes de alimentos. Muchos de ellos llevan camisetas negras donde, en letras blancas, se lee: «Los funcionarios y la población no van a pagar por la crisis».

«Ponemos arroz, café, porotos…, productos de higiene para amortiguar el sufrimiento y la angustia de nuestros colegas. Todos aprobaron sus concursos y se encuentran en esta situación humillante» de depender de la generosidad de los demás, lamenta Silvana Soares, una funcionaria de la justicia de 57 años.

Primera economía de América Latina, Brasil atraviesa una recesión histórica que se vio agravada por la crisis política y afectó especialmente al estado de Río, sede de la final de la Copa del Mundo de 2014 y de los Juegos Olímpicos en agosto.

En sus hospitales falta material, sus funcionarios se manifiestan para recibir salarios que no llegan, mientras los policías se quedan a veces sin folios para registrar las denuncias, gasolina para patrullar, o incluso papel higiénico.

La colecta de donaciones comenzó «justo antes de Navidad y ya se recogieron más de 20 toneladas de productos y se distribuyeron 1500 paquetes», cuenta el capitán de bomberos Marcelo Mata, de 43 años.

«Al principio solo venían funcionarios. Ahora, otras personas vienen a colaborar. Abrimos una cuenta de banco para las donaciones en efectivo destinadas a la compra de productos», añade.

Aunque hará falta mucha solidaridad: el estado de Río tiene 467.595 funcionarios, de los cuales 247 mil están jubilados, generando un gasto mensual bruto de 2000 millones de reales por mes (unos 610 millones de dólares), según las cifras oficiales.

Como los empleados de la justicia, Mata se considera un «privilegiado» ya que el sector de la seguridad, del que depende, continúa recibiendo salarios. 

Pero, «¿hasta cuándo?», se pregunta.

Paradoja

«Vivimos una paradoja en esta ciudad que gasta dinero para los fuegos artificiales de fin de año en la playa de Copacabana y, detrás de eso, a sus funcionarios les falta todo», reclama.

Aquellos que salen con su cesta llevan, sin embargo, una sonrisa: «Vivimos una crisis sin precedentes y agradezco a todos los que nos ayudan», afirma la auxiliar de enfermería Yara da Silva.

Esta funcionaria de 50 años recibirá su salario de noviembre (320 dólares) en cinco plazos, que solo comenzarán a partir del 5 de enero. 

«¿Y diciembre, y el decimotercer mes? Es difícil, muy difícil», afirma explicando cómo se le amontonan las facturas sin pagar.

En el bajo del edificio, la fila es larga. Los necesitados, la mayoría jubilados que se protegen del fuerte sol del verano carioca, obtienen un número tras probar que son funcionarios para poder subir al 13º piso.

«Es una humillación. Me he levantado a las cuatro de la mañana para venir a buscar un paquete de alimentos, tras 38 años de trabajo, a causa de la falta de responsabilidad de un gobierno», suspira el septuagenario Maurico Lucas, mientras espera paciente su turno.