Organismos de Derechos Humanos y la oposición del partido Libre, encabezada por el expresidente destituido Manuel Zelaya, denuncian una creciente militarización del gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández, en medio de una crisis social motivada por una encendida movilización popular que pide la renuncia del presidente y una dura represión que hasta el cierre de esta edición contabilizaba tres muertos.
El gobierno derechista del Partido Nacional tuvo incluso que lidiar con su propia fuerza policial, que realizó una huelga, lo que llevó a Hernández a poner en las calles a efectivos militares para reprimir la protesta.
«Responsabilizamos a las Fuerzas Armadas por cualquier agresión contra la integridad física de quienes se movilizan y protestan pacíficamente contra la dictadura», apuntó Zelaya el jueves. El viernes, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, envió una carta al presidente en que advertía que «las autoridades hondureñas no deben seguir por la ruta de la violencia y represión. Exhortamos al gobierno de Juan Orlando Hernández que garantice los derechos de libertad de expresión y asamblea pacífica, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional para evitar más lesiones y muertes». Amnistía «manifiesta su preocupación por la decisión del Consejo Nacional de Seguridad del 20 de junio de 2019 de desplegar las Fuerzas Armadas, la Policía e Inteligencia en respuesta a la continuación de las protestas. Esta podría llevar a una profundización del uso excesivo de la fuerza contra quienes participan en las protestas que iniciaron hace tres meses en reacción a la aprobación de reformas de salud y educación».
Ese mismo día, Zelaya también repudió «La injerencia de los Estados Unidos en Honduras tiene un largo historial y refleja un saldo trágico de violencia y despojo para el pueblo hondureño», cita un comunicado de su partido. Se trata de maniobras de unos 300 marines del Comando Sur, que realizan en suelo hondureño un «presunto entrenamiento para enfrentar tragedias naturales».
Honduras ha sido escenario desde hace un mes de manifestaciones y bloqueos de calles por parte de médicos y docentes contra dos decretos del gobierno que en su visión privatizan la salud y la educación. La protesta derivó en el pedido de renuncia del presidente, al que se sumaron los partidos de la oposición Libertad y Refundación Libre. «Esta dictadura cobarde que me sacó a bala hace 10 años me sigue culpando de su estrepitoso fracaso», aludió Zelaya.
Los conflictos se agudizaron el miércoles con el paro de los policías, al tiempo que los manifestantes aumentaron los bloqueos en diferentes zonas del país y en la capital se registraron saqueos de una decena de negocios.
Los efectivos policiales se quejaban de que los jerarcas los obligaban a cumplir jornadas sin descanso para reprimir a médicos y docentes que participan en manifestaciones, así como de la «pésima comida» y de que los envían a misiones sin pagarles viáticos.
El gobierno respondió sacando militares a las calles que mataron hasta ahora a tres manifestantes e hirieron a unos veinte. Igualmente, los policías en huelga retomaron el viernes sus funciones, al llegar a un acuerdo con las autoridades del Ministerio del Seguridad que les prometieron mejorar sus condiciones laborales. «
