Dirigentes políticos y militantes sociales y sindicales se sumaron a los reclamos por la ola de asesinatos de líderes campesinos y el desalojo violento de campamentos por la paz en momentos en que el gobierno y las FARC dan la puntada final al acuerdo para poner fin a más de medio siglo de guerra interior en Colombia.
«Es una pésima señal para la paz del país. Condenamos asesinato sistemático de líderes campesinos. Exigimos aplicación inmediata Acuerdo Garantías de Seguridad. Vuelve la guerra sucia», escribió Pablo Catatumbo, líder insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC EP).
El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, también repudió los asesinatos de líderes sociales y comunales en su país en los últimos días. Así lo hizo en su cuenta de twitter, en donde también adelantó que el presidente Juan Manuel Santos convocó a una reunión para tomar medidas.
El integrante del movimiento colombiano Marcha Patriótica, David Flores, consideró ante teleSUR que «no es casualidad, pretende afectar el período de firma del nuevo acuerdo de paz y su implementación».
Una comisión de alto nivel de Derechos Humanos de las Naciones Unidas viajará a Colombia para investigar el asesinato de líderes sociales en los últimos días en el país suramericano.
El último de los ataques fue contra Danilo Bolaños Díaz, delegado de comunicaciones de la Asociación de Trabajadores Campesinos del departamento de Nariño y secretario de la subdirectiva de Leiva.
También en este departamento fue asesinado Rodrigo Cabrera, en Policarpa, sin conocerse aún los detalles del hecho. Hugo Cuellar líder campesino de Colombia resultó herido con múltiples impactos de bala este sábado cuando se dirigía a su vivienda tras haber asistido al velorio de su compañero de lucha Erley Monroy Fierro.
En tal sentido la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular denunció lo que considera un verdadero genocidio. «Nos están matando -afirman en un comunicado- amenazando, desplazando, hostigando de manera sistemática, con panfletos que atemorizan en diferentes regiones del país, con el lamentable balance de cifras: 71 asesinatos, 279 amenazas y 30 atentados».
Y detallan que solo en lo que va del mes cinco dirigentes campesinos del Movimiento Marcha Patriótica han sido asesinados, dos han sufrido atentados con arma de fuego y un líder estudiantil ha sido desaparecido «sin que haya habido respuesta efectiva por parte de las autoridades frente a encontrar a los responsables de estos infortunados hechos».
las víctimas son Rodrigo Cabrera, asesinado, el sábado en Nariño; Danilo Bolaños Díaz, que sufrió un atentado ese mismo día en la misma localidad; Hugo Cuellar, atacado en el Meta, Erley Monroy, asesinado el viernes en Caquetá; Didier Losada Barreto, asesinado el viernes en el Meta; José Velásquez, asesinado el viernes 11 de noviembre en el Cauca, John Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre en el Cauca; Hannier Hurtado, desaparecido el 31 de octubre en Valle del Cauca.
Los dirigentes de la Cumbre no solo repudian y condenan estos hechos sino que exigen al gobierno colombiano de Juan Manuel Santos «medidas inmediatas; investigar y encontrar lo más pronto a los responsables; brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional, nuevas garantías para el ejercicio legítimo de los movimientos sociales y medidas de protección a las colectividades en los territorios, así como generar condiciones de seguridad que permitan la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz definitiva, estable y duradera, fortalecer la justica, proteger y promover el respeto por los derechos humanos y ampliar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y generar garantías de no repetición».
Además piden que se tomen medidas para desmantelar y perseguir a las organizaciones «que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz» . Al mismo tiempo denuncian el accionar de grupos paramilitares en el territorio nacional como «la principal amenaza al proceso de paz entre la insurgencia armada de las FARC-EP y el gobierno nacional, así como para los diálogos con la insurgencia del ELN que están a punto de iniciar en su fase pública».
Al colectivo campesino detalla la presencia de miembros de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, ejercito anti restitución de tierras y Águilas Negras en amplias regiones del territorio colombiano, «quienes desarrollan retenes y control paramilitar sobre vías intermunicipales y veredales, amenazas de muerte, imposición de horarios y toques de queda, restricciones a la movilidad, asesinatos selectivos, masacres, torturas, confinamiento y desplazamientos forzados en los departamentos de Meta, Guaviare, Norte de Santander, Santander, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Tolima, Caquetá, Choco, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo».
Por si esto fuera poco, también computan actividades represivas de la fuerza pública contra la movilización social en Bogotá, Caquetá, Putumayo, Choco, Guaviare, Antioquia, Sucre, Bolívar y Cauca. «Se han presentado privaciones masivas de libertad de campesinos en Putumayo, Norte de Santander y Caquetá; por su parte en Bogotá se desalojó de manera violenta y represiva, en la noche del 18 de noviembre, al Campamento Por la Paz que llevaba 52 días instalado en la Plaza de Bolívar exigiendo la implementación inmediata del Acuerdo Definitivo».
