Mediante una maniobra de espionaje que culminó en una operación mediático-judicial, el gobierno de Mariano Rajoy acusó a los líderes de Podemos de pagos irregulares del gobierno chavista para que ese partido no llegara al poder en 2016. Para cumplir con ese objetivo, negoció con un exministro de Hugo Chávez –convertido en informante de la DEA– para que avalara presuntos pagos a una fundación relacionada con esa agrupación política. La olla se destapó estos días con una serie de audios en que el inspector José Ángel Fuentes Gago le dice claramente al venezolano Rafael Isea que «si nos ayudan a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos».

Isea, militar en retiro que fuera muy cercano a Chávez, ocupó el Ministerio de Finanzas en 2008 y fue luego gobernador de Aragua y presidente del banco del ALBA, hasta que el gobierno venezolano lo denunció por corrupción. En septiembre de 2013 pasó a ser testigo protegido de la DEA y denunció a altos funcionarios chavistas por narcotráfico.

En abril de 2016, Fuentes Gago al frente de una delegación que incluyó al jefe de la Brigada de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), el comisario José Manuel García Catalán, y a una inspectora, viajó a Nueva York para entrevistar a Isea, que estuvo acompañado por un abogado. La transcripción de esas charlas, de cuatro horas, son reveladoras. El exministro ve el documento donde se acredita un pago de 7,1 millones de dólares a la fundación CEPS y duda de su veracidad. Reconoce su firma y la de Chávez, pero indica que es una fotocopia, que no recuerda haber autorizado ese pago, que faltan los sellos oficiales. «A nosotros todo eso nos da igual, si el documento es bueno, si es malo, si tal (…) si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado ya han cometido unos delitos. Eso es lo único que nos vale a nosotros, si el documento es bueno o malo, ehh…»

Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero habían hecho trabajos de consultoría para el gobierno venezolano y no lo negaron. Ellos son académicos y en aquel momento aún no habían creado Podemos. Por otro lado, no es delito hacer un trabajo y cobrar por él. Lo que ellos negaron es que la cifra fuera esa.

El PP de Mariano Rajoy tambaleaba por la crisis económica y los escándalos de corrupción y podía perder las elecciones de junio de 2016. Cuestionar a Venezuela se había convertido en caballito de batalla y todo lo que oliera a chavismo un buen argumento de campaña ante un partido que crecía y amenazaba al establishment. De allí la desesperación en buscar un freno, a cualquier precio. «Si es que sólo es para poder introducirlo en el tracto jurídico español –le explica el policía–. Si estas personas usted tiene conocimiento de que cobraban por informes huecos y que cobraban unas cantidades que son elevadas, porque luego ya, el comisario que dirige la UDEF buscará la forma hablando con quien tenga que hablar, con la DEA, con el FBI o con los rusos, joder. Que también ellos nos deben alguna».

Isea terminó aceptando la veracidad de los papeles porque le garantizaron que iban a proteger a su familia, que los iban llevar a España con identidad reservada «para que tuvieran una nueva vida». El caso fue desechado por la Justicia española, pero los medios se regodearon con los datos y Podemos perdió muchos de los votantes, por la teoría de que «al final todos son lo mismo».

Ahora, tras la publicación de los audios en medios españoles, Isea dijo que se siente utilizado. Podemos, ahora, también pide explicaciones, pero a la Justicia. «