El presidente catalán, Carles Puigdemont, descartó este jueves convocar a elecciones anticipadas porque consideró que el gobierno español no dio «garantías suficientes» para frenar la intervención de la norteña región autónoma, lo que colocó a Cataluña a las puertas de una posible declaración de independencia y de una crisis aún más profunda. 

El líder secesionista hizo el anuncio a mitad de una de las jornadas más trepidantes de la historia política de España, con marchas y contramarchas, entre rumores de que convocaría a elecciones regionales y negociaciones cruzadas, que aplazaron en dos ocasiones su mensaje institucional. 

«En estas últimas horas, antes de que expire mi potestad para convocar elecciones en el Parlament como resultado de la entrada en vigor de las medidas propuestas por el gobierno español en aplicación del 155, he considerado la posibilidad de ejercerla y convocar elecciones», admitió Puigdemont en un discurso televisado desde el Palacio de la Generalitat, la sede del Poder Ejecutivo regional.

«Estaba dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración con absoluta normalidad», prosiguió, para luego añadir que «no existe ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlament». 

Un sector moderado de su partido PDECat abogaba por una convocatoria electoral para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Nacional, que implicará entrar en un escenario impredecible porque destituiría al gobierno catalán, lo que puede profundizar la división social y la incertidumbre económica creada en torno a la secesión de Cataluña.

En las últimas semanas, con el avance del desafío independentista, alrededor de un millar de empresas se fueron de Cataluña o sacaron su sede central fuera de la región, según datos del sector empresarial. 

La negativa de ayer del líder secesionista a acudir hoy al Senado en Madrid para defenderse de las acusaciones de haber infringido la ley había hecho sospechar a muchos de que no llamaría a elecciones, una decisión que algunos partidos en Madrid veían con buenos ojos y como la única forma de evitar una intervención del Estado nacional a Cataluña. 

El escenario cambió de repente, cuando en un giro de 180 grados, trascendió en los medios que Puigdemont había comunicado a sus diputados de la coalición Junts pel Sí que iba a disolver el Parlamento y convocar a elecciones, apenas unas horas antes de que comenzara una esperada sesión en el parlamento regional, la segunda en dos semanas y, nuevamente, el escenario para una posible declaración de independencia, que otra vez no llegó. 

A pesar de que la confirmación no era oficial, el desconcierto comenzó a expandirse rápidamente entre las filas independentistas y se dispararon los llamados a la movilización para exigirle a Puigdemont que se mantuviera fiel al mandato del referéndum del 1 de octubre, favorable a la independencia. 

La posibilidad de un adelanto electoral era, por lo tanto, real. 

Poco después el propio Puigdemont lo confirmó en su mensaje televisado, cuando reveló que durante la jornada negoció con el gobierno español de Mariano Rajoy para que le asegurara que si convocaba elecciones paralizaba la votación de mañana del Senado nacional para activar la intervención. 

A pesar de que inicialmente el gobierno español sostuvo que un adelanto electoral en Cataluña evitaría la activación del artículo 155, esta semana varios integrantes del gabinete de Rajoy afirmaron que con eso no bastaba y que Puigdemont debía comprometerse a respetar la Constitución y aclarar si había declarado la independencia hace dos semanas. 

En el Senado en Madrid, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió hoy las medidas de excepción para que «las instituciones de Cataluña dejen de estar al dictado exclusivo de los independentistas» y «recuperar la convivencia» en la región. 

«Cumplimos con una obligación legal, democrática y política», aseguró, al tiempo que criticó la falta de diálogo de las autoridades catalanas, empeñadas en una vía de secesión ilegal. 

Mientras que en Madrid el oficialismo atacaba a Puigdemont, en Barcelona, el presidente catalán intentaba hacer un equilibrio imposible entre sus aliados anticapitalistas e independentistas y su base civil, que incluye a los empresarios y sectores del establishment. 

Aún luego que Puigdemont descartara llamar a elecciones regionales, el partido Candidatura de Unidad Popular (CUP), el socio clave del gobierno catalán en el proceso de secesión, advirtió que «no avalará ni acatará negociaciones en los despachos» con el Estado español para «salvar el status quo». 

«Lo que hemos visto hoy se puede repetir mañana», sostuvo la diputada Nuria Gilbert en conferencia de prensa, tras remarcar que su partido anticapitalista «agotará todas las posibilidades para declarar la República» en Cataluña.

La CUP admitió que tiene «más dudas que certezas» respecto a lo los siguientes pasos que dará el presidente Puigdemont y su gobierno, pero recordó que el mandato que tienen ambos es declarar la independencia. 

La sesión del parlamento regional de hoy comenzó y terminó en medio de la más grande incertidumbre. 

En el arranque Lluis Corominas, vocero del oficialista Junts pel Si, sostuvo que ante la «agresión» que supone una intervención, su partido proponía «continuar con el mandato del pueblo de Cataluña» mañana viernes, es decir, la declaración de la independencia. 

Desde la oposición, tanto los liberales de Ciudadanos como los socialistas le imploraron a Pugidemont que convocara elecciones.

Pese al tono dramático del debate, la sesión terminó hoy sin definiciones y con la promesa de que mañana los diputados presentarán y votarán las propuestas definitivas, casi al mismo tiempo que el Senado de Madrid vote la activación del artículo 155 y la consiguiente intervención de Cataluña. 

Una vez más, los españoles en general y los catalanes en particular se fueron a dormir sin ninguna certeza.