Los españoles tienen las puertas cerradas para juzgar, por ejemplo, las cuatro retardatarias décadas del franquismo, pero los catalanes, contestatarios históricos, encontraron la forma de actualizar y corregir otras barbaridades históricas. Concretamente, revisar la vergüenza de los años medievales de la caza de brujas y hasta impulsar una recuperación de la memoria de aquellas inocentes víctimas a las que luego, aunque no es lo mismo, les siguieron las de la Santa Inquisición. “¿A quién no le gustaría vivir en la calle de María Joaneta o de Antonia Rosquellas, en lugar de la calle de Nicolau Eimeric o del Cardenal Cisneros?”, fue la sentencia de la diputada Aurora Madaula, contraponiendo el nombre de esas dos mujeres condenadas por brujas con el de dos conocidos políticos y miembros de la santa madre Iglesia Católica.

Madaula hablaba ante el pleno del Parlamento de Barcelona el 25 de enero, cuando los tres partidos independentistas lograron que se tratara, e impusieron su mayoría, un proyecto que aprobó la reparación del honor de las 800 mujeres que entre los siglos XV y XVII, hace 600 años, fueron acusadas y condenadas por una sociedad clerical que las definía como brujas. Los crímenes de lesa humanidad jamás prescriben. Trayendo las cosas a los días de hoy, los diputados de Catalunya reivindicaron a esas mujeres –montañesas unas, otras gitanas (cuándo no) o extranjeras– acusadas de brujería pero que en realidad eran curanderas, hechiceras, comadronas, yuyeras conocedoras del efecto sanador de cada hierba del monte, mujeres viudas o madres solteras que tenían los saberes sobre la sexualidad que el puritanismo religioso definía como pecados mortales.

La resolución legislativa dice que Catalunya fue uno de los lugares de Europa en los que más mujeres fueron acusadas de brujería –solo superada por Alemania y Liechtenstein– y llevadas a la muerte por el fanatismo al que contribuyó, legitimándola, una bula dictada por el papa Inocencio VIII en 1484. “Aquellas ‘brujas’ fueron acusadas sobre falsos rumores, perseguidas como mecanismo de control, por simbolizar como hoy otras mujeres un modelo de feminidad que no encaja con el patriarcado”, argumentó la diputada Jenn Díaz, para quien “la caza de brujas fue la represión contra la disidencia en un momento en el que, con el nacimiento del capitalismo, se quiso construir un modelo de mujer sumisa”.

Esa bula, indigna de todo dignatario, de la iglesia o de cualquier fe, habilitó la caza de brujas y cuanta perversidad pudiese imaginarse. Julián Elliot, un académico de la británica Universidad de Durham, sintetizó los dichos de Inocencio VIII sobre las brujas: “Se acordó que podían conocer el futuro, profanar cementerios, retornar cadáveres a la vida para esclavizarlos o seducir doncellas para que Lucifer o sus acólitos las embarazaran”. Como el druida Panoramix, figura central de la historieta Astérix, “preparaban pócimas, ungüentos y brebajes venenosos, enloquecedores, de amor o de desamor, en calderos llenos con sapos y culebras. Eso cuando no estaban escupiendo cruces u organizando granizadas, tormentas y plagas de langostas o propagando enfermedades mediante el mal de ojo”.

Las ideólogas del proyecto insisten en que la reparación de las perseguidas se condice con la realidad actual, y revisar la historia con otra mirada sirve para entender que hoy, también, se persiguen los modelos de feminidad “que no encajan con el patriarcado”. Por eso, el proyecto pide la reivindicación de aquellas mujeres y emplaza a los ayuntamientos a incluir sus nombres en el nomenclátor urbano, “en el entendido de que no eran brujas, eran mujeres”. Según las proponentes, la comarca de Pallars Sobirá, en Lérida, fue de los sitios con más ejecuciones por los supuestos delitos de brujería. “Esas mujeres –dice la resolución a la que solo se opusieron Vox y el Partido Popular, los herederos del franquismo y de la Falange– fueron víctimas de persecución misógina, y con la visión que tenemos hoy, hablaríamos de femicidios y persecución a la disidencia”. «

El juego de cada uno

El presidente de la región de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular (PP), sorprendió a propios y ajenos en diciembre al convocar a elecciones autonómicas por adelantado para este domingo. Los primeros en despabilarse fueron los aliados de Ciudadanos, porque aún había para un año y medio de mandato. Todo indica que Fernández Mañueco espera esta vez consolidar su poder sin necesitar de la ayuda de esa agrupación centroderechista

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se juega una fuerte parada y participó en varias manifestaciones con la esperanza de conseguir destronar al PP, que gobierna desde hace 35 años. En 2019 el PSOE logró más votos, pero no le alcanzó para formar gobierno.

Las últimas encuestas muestran que el PP podría sumar bancas, no obtendría una mayoría absoluta. De recostarse en Ciudadanos, quizás termine dependiendo de Vox.