Es una historia donde todo comienza con un despechado, una secretaria y una niñera.
Por audios “filtrados” entre el despechado y la secretaria, sobrevuela la sospecha de que Petro haya recibido fondos de Venezuela (unos 3.5 millones de dólares, dicen) y no los haya declarado. Bastan estos argumentos para que el establishment local la emprenda contra el presidente electo de Colombia. La niñera bien, gracias.
Aunque sean repetidos, cada caso es presentado como si fuera el primero; aunque sea un capítulo más de un escenario del que todos tenemos conocimiento. Ese guión comprende un escándalo que, por más menor que sea, es amplificado por los medios, examinado por la administración de Justicia, condenado por la oposición. Los objetivos son el ataque a la legitimidad de origen, surgida de la victoria en las elecciones, y a la legitimidad de ejercicio, el plan de reformas prometido en la campaña. De tal modo, el escenario queda plantado para limitar primero y desplazar después a las autoridades democráticas. Son golpes de Estado cada vez menos blandos.
Quizás el problema reside en que los gobiernos nacionales-populares heredan el marco institucional propio de las dictaduras de los años ochenta y el neoliberalismo de los noventa del siglo pasado. Ese marco habilita democracias sometidas, que deben enfrentar las consecuencias de esas políticas –desindustrialización, pobreza, privatizaciones, flexibilización laboral, endeudamiento, sometimiento- sin tener o construir los medios para solucionarlas. Las vemos abocadas en mitigar las consecuencias en lugar de atacar las causas.
Chile nos muestra un Boric que habilitó el regreso del pinochetismo al confundir -con inocencia juvenil- una reforma constitucional con un código civil. En Perú, el gobierno usurpador reprime y permite la intervención militar norteamericana. En Ecuador, Lasso tiene poderes legislativos. Uruguay busca, como el agua que no tiene, parecerse a lo que no es. Venezuela y Bolivia resisten, no sin conflictos. En Brasil, Lula juega la carta de la inserción internacional –los BRICS-y la integración regional –UNASUR- para superar las fuerzas de la oposición que lo obstruyen.
En Colombia, el gobierno del Pacto Histórico tuvo que elegir entre el abandono de las promesas de campaña a cambio de una cierta tranquilidad garantizada por el establishment local, o avanzar con la reforma de salarios, salud, jubilaciones y las negociaciones de paz con la guerrilla remanente, entre otras iniciativas. Con responsabilidad, Petro reformuló su gabinete ministerial, presentó las leyes al poder legislativo y llamó a la movilización popular en apoyo de las reformas.
De manera previsible, los medios dominantes pasaron al “periodismo de guerra”, con la correspondiente dosis masiva de insultos, la presentación de calumnias como pruebas, cuando no de llamados al derrocamiento liso y llano. De manera inmediata, los legisladores de la oposición apelan al juicio político contra Petro, exigieron que las reformas sean congeladas hasta que la administración de Justicia pueda expedirse…
Petro y la vicepresidenta Márquez duplicaron la apuesta y respondieron con la calle. El 7 de junio hubo manifestaciones masivas en más de 200 municipios del país. En Bogotá, ante una Plaza Bolívar desbordada, quedó claro que la movilización popular será necesaria para detener el golpe en marcha y avanzar con las reformas.
Palabras, plaza, pueblo, eso es política. «
