El Estado colombiano pidió perdón a los familiares de una veintena de los más de 6.000 civiles asesinados por fuerzas militares entre 2004 y 2008 y presentados como bajas en combate, en algunas ocaciones vestidos de guerrilleros, en el caso conocido como los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales.
Tanto el presidente, Gustavo Petro, como el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el jefe del Ejército Nacional, general Luis Ospina, admitieron los hechos durante un acto realizado en Bogotá y pidieron perdón en nombre del Estado.
«No podemos pasar página, la vamos a pasar cuando la leamos, cuando sepamos lo que realmente ocurrió. Estos jóvenes no eran guerrilleros, no estaban realizando acciones conflictivas (…) Eran hombres cuyas vidas y sueños se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército Nacional», declaró Velázquez, el primer funcionario de alto nivel en encabezar un acto público de reconocimiento y solicitud de perdón por estos crímenes.
«No es posible garantizar la no repetición sin verdad. En todo lo demás son promesas y anhelos de no repetición, pero tenemos que saber exactamente qué ha ocurrido con estas ejecuciones extrajudiciales, con la desaparición, desplazamientos y dar con quienes se han beneficiado de esta política de guerra en el país y con quienes están detrás de todos estos actos», agregó.
Antes del inicio del acto, celebrado ayer, madres y familiares de las víctimas pasaron al frente del escenario, instalado en la plaza de Bolívar de Bogotá y, al unísono, gritaron: “¡Las madres no se rinden, carajo!”.
“Queremos decirles que este perdón no se debe solo a estas madres, y las que no van a ser nombradas no se sientan mal, este acto se le debe a todas las madres y familiares de las más de 6.402 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Seguiremos luchando hasta saber quién dio la orden de cometer estos crímenes”, dijo Jacqueline Castillo, presidenta de las Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), citada por el sitio de noticias colombiano El Espectador.
El general Ospina también reconoció que hubo «hechos dolorosos cometidos por integrantes del Ejército Nacional que jamás debieron haber ocurrido» y lamentó que los asesinos y sus cómplices «mancillaron la legitimidad» de la institución.
«Ofrecemos nuestras sentidas y sinceras disculpas» y «pedimos perdón», sostuvo Ospina frente a los parientes de las víctimas, tal como recogió la agencia de noticias AFP.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se sumó al arrepentimiento y calificó la práctica como un «genocidio».
«Que los fusiles no se apunten contra el pueblo nunca jamás», sostuvo el mandatario, crítico de Gobiernos anteriores y antiguos jefes militares.
Desde que colectivos de víctimas empezaron a señalar que jóvenes fueron engañados por integrantes del Ejército con promesas de empleo para después dispararles a sangre fría, los comandantes de la institución habían negado que se tratara de una acción sistemática. Incluso decían que era un invento de organizaciones de izquierda para deslegitimar a la fuerza pública.
Pero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que nació del acuerdo de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC, determinó en 2021 que habían sido por lo menos 6.402 las víctimas de esa macabra forma de entregar resultados en la lucha contra las guerrillas.
Conocidos como los ‘falsos positivos’, las ejecuciones de civiles son el mayor escándalo que enloda a los militares en más de medio siglo del conflicto armado interno, coincidieron en señalar juristas, defensores de DDHH y dirigentes políticos y sociales en general.
En confesiones ante la JEP, varios militares en retiro han contado cómo convencían a los jóvenes con ofertas de trabajo para luego asesinarlos a cientos de kilómetros de sus hogares para recibir pagos especiales y reconocimiento militar afirmando que se trataba de guerrilleros caídos en combate..
Los jóvenes de Bogotá y Soacha en su mayoría fueron llevados a Norte de Santander, un departamento fronterizo con Venezuela.
Algunos manifestaron que eran presionados por sus superiores e incluso señalaron al general Mario Montoya, jefe del Ejército entre 2006 y 2008 y muy cercano al expresidente derechista Álvaro Uribe, en cuyo Gobierno se cometieron la mayoría de los falsos positivos.
Por contar la verdad y reparar a las víctimas podrían recibir penas alternativas a la cárcel.
