En la Ciudad de Buenos Aires, existe «un cuadro de impunidad e inexistencia de control estatal respecto de la actividad nocturna». Con esa definición el juez Roberto Andrés Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por distintas ONG para que prohiba toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada, luego de la tragedia de la fiesta Time Warp que se realizó hace dos semanas en el predio de Costa Salguero y que terminó con la muerte de cinco jóvenes que habían consumido una droga experimental de diseño conocida como «superman». Según el magistrado, los controles que realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los establecimientos son arbitrarios e ilegítimos.
La orden judicial rige desde la mañana del viernes, en la previa de un nuevo fin de semana y a siete días de las muertes que estremecieron al país y a la gestión del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, especialmente porque la titular de la Legislatura Porteña, Carmen Polledo, es la consorte de uno de los principales accionistas de la empresa que tiene la explotación del complejo de Costa Salguero.
La zona estuvo bajo el control de la Prefectura Naval. Un alto mando de esa fuerza confió a este diario que «ese día no teníamos línea de acción, pero sabíamos claramente que había más gente de la permitida, y quizás por eso no tuvimos instrucciones para intervenir», explicó la fuente y agregó: «tendríamos que haber suspendido la fiesta a las tres de la mañana». El dato no es menor, ya que los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control Comunal permitieron el funcionamiento del lugar y dejaron constancia de la ausencia de irregularidades, algo que finalmente fue derrumbado por los hechos. Esa tensión es barajada por el magistrado Gallardo para caracterizar la «impunidad e inexistencia de control estatal». El detalle, además, es que la fuerza federal que no intervino depende del ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich.
Cuando se conoció el fallo, la Cámara de Locales Bailables porteña salió a repudiar el fallo. Jorge Becco, titular de la agrupación empresaria, anticipó que desconocerán el fallo porque es «inconstitucional» y sostuvo que sus negocios «cumplen con todas las medidas de seguridad». En el fallo Gallardo le exigió al gobierno porteño que notifique de su decisión a las fuerzas públicas, entre ellas Prefectura, y que proceda a la «inmediata clausura de aquellos locales que desobedezcan esta orden judicial». El juez salvó de la prohibición a «peñas, milongas y centros culturales», pero mete el dedo en una llaga abierta sobre el negocio de las fiestas electrónicas porteñas, donde el abogado Víctor Stinfale juega un papel determinante, no sólo en la propiedad del boliche Pachá, sino como poseedor del agua que se vendía en Time Warp: una segunda marca controlada por su esposa. La presencia de este letrado mediático es sólo una parte de una red de empresarios vinculados con el gobierno porteño y nacional.
En terminos procesales, se espera la apelacion de la camara empresarial contra el fallo de Gallardo, en un tramite veloz que podría desembocar en un nuevo permiso para que esas fiestas puedan realizarse este fin de semana. El caso, por encima de las implicancias políticas, ha tomado una envergadura que, dicen en la Justicia, «promete sorpresas».
