El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó duras críticas a la recién inaugurada megacárcel que se construyó en El Salvador con el supuesto propósito de encerrar a miles de pandilleros. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), como fue bautizada esta prisión, la más grande de la región, ha desencadenado varios debates por el trato que recibirían los presos allí.
“Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles. No me puedo meter en otros países, (pero) del campo de concentración de El Salvador lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente”, señaló Petro.
Los primeros 2.000 pandilleros salvadoreños, encerrados bajo el controvertido régimen de excepción que fue aprobado por el Congreso salvadoreño para intentar los índices de inseguridad, fueron trasladados al Cecot esta semana. Para el mandatario colombiano, hay un problema con que la gente considere que esto es una estrategia para reducir el crimen.
“Creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades. Indudablemente, lo vivimos también en Colombia”, manifestó Petro.
El presidente criticó abiertamente a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, por sus estrategias para combatir la inseguridad. Petro señaló que Bukele “se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles”, pero que en su opinión estas maniobras son “dantescas”.
“Nosotros logramos lo mismo. Nosotros logramos reducir la tasa de homicidios y violencia, no a partir de cárceles, sino de colegios y universidades”, aseguró el presidente colombiano.
Horas después del comentario del presidente Petro, el mandatario salvadoreño le replicó.
El presidente Petro no quiso dejar el debate ahí, e invitó a su homólogo a revisar las cifras de Bogotá. Además, propuso la creación de un foro internacional para discutir las propuestas de seguridad.
Bukele, sin embargo, no recibió bien los comentarios de Petro. “¿No es usted presidente de Colombia?”, contestó el salvadoreño, quien trató de justificar con cifras su muy debatible estrategia de seguridad.
¿Cómo es el Cecot?
La gigantesca prisión, dotada de alta tecnología para la vigilancia, fue inaugurada a principios de febrero por el propio Bukele. Construida en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador, el Cecot se destaca por sus rigurosos controles de ingreso.
En un video que compartió Bukele en Twitter, se observa a muchos pandilleros con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco y descalzos, custodiados por policías y alineados en un gran patio de otra prisión del occidente del país.
Luego, con sus manos esposadas en la espalda, son subidos en autobuses y trasladados bajo fuertes medidas de seguridad que incluyeron sobrevuelo de varios helicópteros militares sobre el Cecot, a donde llegaron al amanecer.
“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, señaló Bukele.
Cientos de policías, agentes de seguridad de la Dirección de Centros Penales y soldados participaron en el operativo de traslado.
Ya en la gigantesca prisión, los pandilleros pertenecientes principalmente a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a Barrio 18, fueron ingresando por grupos a varias celdas.
Dentro de las reglas del Centro se encuentra que a los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción se les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos. “Son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 dólares por alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 por misceláneos”, publicó el portal Prensa Libre, de Guatemala.
Así mismo, el pago de esos productos de primera necesidad es responsabilidad de los allegados de los prisioneros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Según las cifras oficiales, replicadas por EFE, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas a quienes el Gobierno acusa de ser pandilleros. Aún así, se han liberado a más de 3.300.
