El gobierno de Colombia y las llamadas disidencias de las FARC, los grupos que no se sumaron al acuerdo de paz de 2016, abrirán una mesa de negociaciones en busca del desarme de la organización y su pase a la vida civil, anunció este lunes el presidente Gustavo Petro, quien dijo que se trata de “un segundo proceso de paz» que marca un paso notable en la pretensión del Ejecutivo de pacificar al país.
«Comienza un segundo proceso de paz; se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central», informó Petro en un mensaje publicado en Twitter.
“Se llama Estado Mayor Central y su origen son los frentes de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz con (el entonces presidente Juan Manuel) Santos, quienes quedaron por fuera de ese acuerdo por diversas razones; ahora se han integrado para finiquitar, yo diría, ese acuerdo de paz pasado y volverlo completo”, sostuvo Petro en un comunicado que distribuyó la Presidencia.
El anuncio fue realizado apenas horas después de que la Fiscalía de Colombia suspendiera, a pedido del mandatario, 19 órdenes de captura contra disidentes de la extinta guerrilla FARC.
«Decidí suspender dichas órdenes de captura el día de hoy», dijo el fiscal general Francisco Barbosa en un evento en Chía, un municipio vecino de Bogotá.
Explicó además que los guerrilleros serán «reconocidos como representantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC)», el mayor grupo -se estima que unos 2.000- de los que decidieron no aceptar el entendimiento de 2016 y ahora sí admiten dialogar con el gobierno.
La decisión de Barbosa respondió a un pedido, no del todo abierto, del mismo Petro al ente investigador, como paso ineludible para abrir las conversaciones, aun cuando no parece saldado hacia dentro mismo del oficialismo si esos disidentes deben ser reconocidos como actores políticos o como bandas del narcotráfico.
«En este caso concreto, para la fiscalía existe el fundamento porque el presidente le dio el carácter político a los disidentes que no firmaron el acuerdo de paz de La Habana», precisó el fiscal.
Según Barbosa, el mandatario concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia, la facción integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz pero lo abandonaron alegando incumplimientos. El fiscal, sin embargo, no levantó los pedidos de captura contra miembros de ese grupo, que lidera Iván Márquez.
El anuncio del comienzo de las conversaciones no incluyó la fecha del inicio del proceso con el EMC, cuya presencia se extiende en buena parte de los 32 departamentos del país, especialmente en la Amazonia, el Pacífico y la frontera con Venezuela, y que tiene a Iván Mordisco como uno de sus jefes.
En medio de la llamada política de Paz Total que propicia el gobierno de Petro, ya existen desde noviembre negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en sedes rotativas como Caracas, Ciudad de México y próximamente en La Habana.
Con el ELN la aspiración está puesta en lograr cuanto antes un cese del fuego, cuestión que será abordada en la próxima ronda de conversaciones en la capital de Cuba.
Ya está acordado, mientras, que ese cese será “será bilateral, nacional, temporal, pero con vocación de continuidad y sujeto a evaluación conjunta”.
El panorama aparece más complejo, en cambio, con el Clan del Golfo, la mayor organización de narcotráfico del país.
Petro la acusó hoy de estar detrás de los desmanes que se repitieron en los últimos días en 15 municipios del Bajo Cauca y el noreste de Antioquia, en medio de protestas de mineros artesanales.
“Literalmente, el Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia, que se estaba preparando jurídicamente; parece privilegiar más su negocio y mantenerse en sus negocios», advirtió Petro en una entrevista con Colombia Hoy Radio, un medio de prensa creado por el Ejecutivo.
Ya antes, en Twitter, Petro había acusado a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -el nombre oficial del Clan- de dejar sin agua al municipio de Tarazá.
«Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano; el Clan del Golfo, con su hostilidad contra la población, ha roto el cese al fuego», denunció el jefe del Palacio de Nariño.
Ese cese del fuego rige para el Clan y otras organizaciones menores desde fin del año pasado y hasta junio.
Aun así, el Clan del Golfo designó hace una semana a un grupo de abogados para entrar en «negociación jurídica» con el gobierno, justo cuando ya estaba en marcha el paro minero, que el Ejecutivo sostiene que se desató por la destrucción de dragas ilegales que pertenecían a esa organización.
«Si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente, no aumentar progresivamente, porque cuando estás aumentando progresivamente la economía ilegal, estás acumulando riquezas para comprar más armas, es decir, para ejercer más violencia, y eso es lo contrario a un proceso de paz», argumentó Petro a la radio oficial.
Los trabajadores de las minas ilegales protestan desde el 2 de este mes contra la destrucción por parte del Ejército y la Policía de sus dragas, esto es, los equipos que utilizan para extraer el oro de debajo del agua a la superficie.
Pero según Petro, quienes alientan el paro minero reciben «dinero del Clan del Golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social».
El plan de Paz Total de Petro fue volcado en un proyecto de ley aprobado en el Congreso en octubre, lo que lo convierte en política de Estado y, en consecuencia, obliga a los gobiernos sucesores a mantener vigentes las negociaciones y cumplir los acuerdos que se alcancen, entre otros aspectos.
