El gobierno de Colombia comenzó el año con un indudable triunfo político, al acordar con los cinco principales grupos armados del país un cese del fuego de seis meses, un entendimiento mucho más que simbólico para el objetivo del presidente Gustavo Petro de implementar la “paz total”, y celebrado por la ONU, que trabajará junto a la Iglesia en la verificación del pacto.

«Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones», indicó el mandatario en un tuit anoche, minutos antes de fin de año.

Segunda Marquetalia es uno de los principales grupos de las disidencias de las FARC que quedaron fuera del acuerdo de 2016 y AGC es el nombre formal del llamado Clan del Golfo, la más importante estructura del narcotráfico local.

La Presidencia de Colombia detalló en un comunicado que el objetivo principal del acuerdo será «suspender la afectación humanitaria» de la población y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas.

También se suspenderán acciones ofensivas y se evitarán incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones.

El anuncio genera expectativa especialmente entre los pobladores de regiones como Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca y el nordeste antioqueño, toda zonas donde esos grupos armados tienen mayor influencia y, por ende, hay más delitos y más ataques contra la población civil.

El Gobierno expedirá un decreto específico por cada una de las organizaciones, en el que se determinará la duración y las condiciones del cese del fuego, que además tendrá verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia Católica, informó la agencia de noticias Europa Press.

El Ejecutivo colombiano se comprometió también a revisar los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales para tomar futuras decisiones, como parte del compromiso de la «paz total».

Se evaluará cada dos meses el cese del fuego pactado

El gobierno de Colombia evaluará cada dos meses el cumplimiento del cese del fuego bilateral pactado con los principales grupos armados, que se instrumentará durante el primer semestre del año, informó este lunes el ministro del Interior.

«La labor más difícil que hay es la verificación. Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones», explicó el jefe de la cartera, Alfonso Prada, en entrevista con la emisora local Blu Radio.

Prada aseguró que la fuerza pública mantendrá el control de «absolutamente todo el territorio» y no se van a desmilitarizar regiones como se hizo en negociaciones de paz anteriores «para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones».

«Aquí no se para la presencia de las fuerzas armadas, se paran los disparos de un lado y del otro. Pero las fuerzas armadas, lo dicen los mismos decretos, conservan la plenitud de sus facultades constitucionales», añadió el funcionario.

El diálogo con el ELN

La última insurgencia reconocida del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Gobierno de Colombia iniciaron en noviembre sus negociaciones de paz de forma oficial en Caracas, con delegados de Cuba y Noruega como garantes.

Las partes tienen previsto retomar las conversaciones a fines de enero en México.

Al término de la primera ronda de negociaciones el 12 de diciembre las delegaciones concluyeron con cuatro acuerdos parciales. Uno de ellos es un pacto humanitario que permita el regreso de cientos de familias desplazadas a las regiones de Bajo Calima, Chocó, Medio San Juan y Valle del Cauca.

El gobierno de Colombia y el ELN habían iniciado conversaciones de paz en 2016, cuando el presidente era Juan Manuel Santos, quien acababa de firmar un acuerdo similar con las FARC.

Pero esas negociaciones fueron congeladas en 2018 por el sucesor de Santos, Iván Duque, después de que el ELN atentara contra una escuela de policía y dejara 22 muertos.

Por otro lado, los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central -que se apartaron del pacto de paz firmado por las FARC en 2016- sostenían «diálogos exploratorios» por separado con delegados de Petro.

Lideradas en el pasado por Dairo Úsuga, alias Otoniel, ahora extraditado a Estados Unidos, el Clan del Golfo es la mayor banda narco del país.

Igual que las Autodefensas de la Sierra Nevada, está conformado por remanentes de los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron a principios de 2000.

Todos estos grupos suman más de 10.000 hombres armados, enfrentados en disputas por las rentas del narcotráfico y otros negocios ilegales en el mayor productor de cocaína a nivel mundial, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

«Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo», escribió Petro en sus redes sociales. Y agregó: «La paz total será una realidad. Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz».

El ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que las Fuerzas Armadas “respaldan este nuevo esfuerzo por la paz y asumen el compromiso que implica un cese bilateral al fuego, afianzando simultáneamente el control del territorio y la protección de la población».

Por su parte, la senadora Claudia Pizarro, hija del asesinado candidato presidencial Carlos Pizarro, expresó su compromiso con el entendimiento: «Mi compromiso es con @petrogustavo, con la #PazTotal y con Colombia!», mensajeó.

A Petro también lo respaldaron el legislador oficialista Pedro Suárez Vacca, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, y el actual consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco Chaves, entre otros.

También el representante del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, saludó en Twitter «los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia».

Y la Defensoría del Pueblo prometió estar “atentos para verificar, en los diferentes territorios, que se cumpla con el cese de las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales».

Aunque la oposición se pronunció oficialmente, Andrés Forero, congresista del Centro Democrático -el partido del expresidente Álvaro Uribe- ya advirtió que «el cese bilateral es una inaceptable claudicación del Estado ante los grupos armados ilegales» y una decisión para «atar de manos a la fuerza pública».

Del otro lado, el exjefe de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko, celebró que el cese al fuego multilateral “aliviará a las comunidades de la Colombia profunda que padecen los horrores de la guerra”.