Pasaron más de tres meses desde el golpe parlamentario contra Pedro Castillo, presidente constitucional electo con el 50.13% durante las elecciones del 2021 en Perú. Desde entonces, las personas que se oponen al actual gobierno impuesto por Dina Boluarte, ex vicepresidenta de Castillo, y quienes exigen una nueva Constitución son perseguidas, criminalizadas y masacradas. En ese contexto, una Delegación Feminista Plurinacional integrada por activistas, educadoras, médicas, abogadas y periodistas viajó a Perú para abrazar a los colectivos en lucha y acompañar sus denuncias.
Durante una semana se realizaron diferentes entrevistas y diálogos con familiares de las víctimas de la violencia represiva, mujeres campesinas, feministas, movimientos populares, organizaciones de Derechos Humanos, colectivos de la disidencia sexual, periodistas y medios populares, organizaciones de mamitas que sostienen las ollas comunitarias, profesionales de la salud y estudiantes de Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Lima.
Para la delegación, la destitución de Castillo -que hasta el día de hoy continúa preso-, “tiene claras connotaciones racistas y patriarcales”. Una característica que se repite a lo largo del continente cuando los gobiernos populares son elegidos por las mayorías. Así lo vimos en Bolivia con el gobierno de Evo Morales durante 2019, en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo en 2012 y en Honduras contra el gobierno de Mel Zelaya en 2009. La historia que continúa en cada uno de los procesos es la misma: represión y violencia contra los pueblos indígenas y campesinos, persecución y detención de líderes y lideresas sociales, censura de periodistas y medios de comunicación e imposición de políticas conservadoras y anti derechos.
“Constatamos que el golpe de Estado en Perú, que colocó a Dina Boluarte como presidenta de facto, es la violenta reacción del poder para defender sus intereses políticos, económicos, culturales, que sintieron amenazados por la llegada al gobierno de un indio”, señalaron en el informe preliminar presentado el pasado sábado 11 de marzo en la ciudad de Lima. Luego de una semana recorriendo diferentes territorios y tomando decenas de denuncias, la delegación apuntó contra el gobierno de Dina Boluarte, evidenció las múltiples violaciones a Derechos Humanos cometidas desde diciembre y constató la existencia de “una dictadura en complicidad con el Parlamento, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas”.
La construcción de un otro/a/e como posible amenaza contra el actual orden nacional (impuesto) es uno de los pilares que sostiene la narrativa del golpe. Allí, los medios de comunicación e instituciones públicas juegan un papel central y se encargan de señalar cualquier acción colectiva como un acto de terrorismo. Ya sea una movilización popular, una performance artística, una olla común o una pintada en la pared, la acusación es siempre la misma: “terruca”.
La construcción discursiva en torno al concepto de “terrorista” es, también, un accionar bélico que legitima el genocidio de los pueblos desde la dictadura fujimorista hasta la actualidad. En su informe, denunció la delegación, que esta “persistencia del fujimorismo “revivió” los dolores provocados por el terrorismo de estado que aún se encuentran en la memoria colectiva”.
Vigilar y castigar
En diálogo con Ana María González, presidenta de Amnistía Internacional Perú, se pudo registrar la confirmación de al menos 93 personas asesinadas en contexto de represión, de las cuales 6 son menores de 20 años. “En nuestra investigación denunciamos que hubo un abuso de perdigones y que fueron utilizados a corta distancia tanto por el Ejército como por la Policía Nacional”, denunció. En ese marco, Gonzalez explicó que los disparos fueron realizados de forma ilegítima e indiscriminada con armas letales: “Señalamos con preocupación la existencia de ataques generalizados contra la población así como de disparos directos con intencionalidad de castigo cuando no hubo amenaza”.
Al analizar las denuncias de las personas masacradas, heridas, detenidas y perseguidas se puede confirmar la existencia de un plan sistemático contra los pueblos campesinos e indígenas que habitan los territorios andinos del sur. Por ese motivo, el golpe no se vive de la igual manera en Lima que en las regiones. Los pueblos históricamente criminalizados por levantarse y resistir al fujimorismo son los más castigados. Mientras que en Lima se sostiene una feroz represión contra los colectivos en las calles, en las ciudades de Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Puno se despliegan masacres.
El racismo que se reproduce desde el comienzo del mandato de Pedro Castillo es motor de las violaciones de Derechos Humanos que continuaron tras su destitución. Como sostuvieron en el informe preliminar de la Delegación Feminista Plurinacional, el golpe de estado “buscó, también, evitar que el pueblo pudiera creer en la posibilidad de ser gobierno”. A pesar de los errores y las críticas que puedan existir sobre la gestión de Castillo no hay motivo para su encarcelación ni, mucho menos, para las masacres hacia pueblos indígenas y campesinos que les siguieron.
La revolución de las mamitas
Si bien el trabajo de la delegación evidencia la existencia de un dispositivo de control y aniquilamiento sistemático contra los pueblos indígenas que ataca sobre todo a las mujeres de pollera, su resistencia no para. Así lo aseguró la educadora, abogada y activista trans Gahela Tseneg Cari Contreras: “Desde las calles estamos mostrando con nuestros cuerpos y luchas que no estamos dispuestas a construir sociedades desiguales. No vamos a descansar hasta derribar el racismo y el machismo”.
Gahela integra el partido Nuevo Perú, uno de los únicos espacios que recibe a las delegaciones que viajan hacia Lima para manifestarse. La solidaridad también fue cobrada: las personas que integran el espacio fueron encerradas, perseguidas y amenazadas en repetidas oportunidades. Pero las puertas siguen abiertas y reciben a más de 80 personas. Allí se garantiza el descanso, la alimentación y el cuidado de las infancias a pesar de las violencias, ataques y los cortes de servicios cotidianos.
“Aquí somos cocineras pero también madres, niñeras, enfermeras. Sostenemos la vida”, explicó Aurora Coronado Ugarte de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), una defensora del territorio que se trasladó a la ciudad de Lima desde los inicios de diciembre. Señaló, también, la existencia de una complicidad política entre las diferentes instituciones del estado: “Tuvimos que aprender a curar y cocer heridas porque si vas al hospital llaman a la policía. Si no nos cuidamos entre nosotras, ¿quién nos va a cuidar?”.
El lugar de las mamitas en las ollas, las calles y las tareas de cuidados es central, son ellas quienes sostienen a todo un pueblo. Por eso, para Gahela, “sin mujeres no hay revolución: las mujeres -que han participado de la lucha desde el día uno- vienen a Lima a derribar este gobierno asesino que afecta directamente la vida de las mujeres indígenas, quechuas y aymaras, campesinas”. En ese marco, explicó que las mamitas no sólo están en la primera línea de los cortes y las manifestaciones con sus guaguas en las espaldas sino que, también “garantizan los trabajos de cuidados necesarios para las organizaciones y las ollas comunes que alimentan a gran parte de la población”.
“Perú está movilizado, la derecha lo sabe y tiene miedo. Nunca se imaginó a tanta gente en las calles”, aseguró Gahela. En Perú la vida se ha colectivizado, como en los tiempos del ayllu, la comida se comparte, las infancias se cuidan entre vecinas y la salud se atiende de manera comunitaria. Por eso, para Gahela, los pueblos seguirán en las calles hasta que el sumak kawsay (buen vivir) sea costumbre: “Aquí hay un terreno fértil para hacer la revolución, para construir un nuevo Perú”.
