El golpe de Estado en Perú fue anunciado por el presidente Pedro Castillo desde el 12 de octubre, cuando solicitó apoyo a la OEA ante la amenaza de una nueva modalidad que combinaba golpe parlamentario con Lawfare. El presidente solicitó la aplicación de la Carta Democrática cuando la Justicia encarceló a su hija, luego de investigaciones que consideraban a los miembros de su familia nuclear como una organización criminal. La OEA respaldó su pedido y convocó a una comisión de alto nivel para analizar el caso peruano. En su informe preliminar el organismo asevera que hay una obstrucción sistemática del Congreso que sobrepasa el control entre poderes para convertirse en una desestabilización permanente y una concentración mediática de carácter monopólico, y propone “una tregua” en la cual “medie” la Justicia. Tanto la fiscal Patricia Benavídez como la presidenta de la Justicia, Elvia Barrios, habían sido invitadas por la embajada de EE UU a tratar «temas de cooperación interinstitucional» y compartir “experiencias” en la lucha contra la corrupción. En julio Benavídez, el 21 de noviembre Barrios.

Este miércoles, Castillo se enfrentaba a una tercera moción de confianza. Todos los analistas políticos consideraban que la oposición no alcanzaría los votos para su destitución, tal como ocurrió en dos ocasiones previas. Sin embargo, sucedió lo menos esperado: horas antes Pedro Castillo leyó con manos temblorosas un mensaje a la república en las que anunciaba el Estado de excepción, la disolución temporal del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.

Al salir de Palacio de Gobierno fue detenido, desde entonces permanece en prisión. Inmediatamente después del anuncio, el Parlamento sesionó y vacó al presidente mientras la vicepresidenta y todos los ministros renunciaban masivamente. Castillo fue detenido siendo presidente en funciones, y como tal puede decretar el Estado de excepción. Técnicamente quienes están en rebelión son el Congreso y las FF AA por no acatar una orden oficial.

La carátula de la detención de Castillo no está clara: unos hablan de rebelión (que nunca se ejecutó, ya que las FF AA no se plegaron) y otros de conspiración. Por el momento la Justicia negó su habeas corpus. Para Human Rights Watch, la ONU y la propia OEA -que había advertido el riesgo golpista- Castillo se convirtió en un dictador y esa construcción es el árbol que tapa el bosque de un año y medio de asedio. Cabe destacar que los gobiernos de México, Colombia y el ex presidente Evo Morales encabezan el apoyo Castillo, al que incluyen en la persecución regional contra gobiernos como los Evo, Zelaya, Correa, Lula y Cristina Kirchner.

Perú nunca participó de la primera oleada del ciclo progresista latinoamericano. Si bien hubo intentos, la clase política logró convertir a los presidentes democráticos en “mascotas del poder”.  Castillo llegó al gobierno como miembro de una segunda oleada progresista junto a países y procesos tan disímiles como México, Chile y Colombia y con una propuesta radical y no reformista: una nueva Constitución. Su primera decisión sobre política de integración regional fue la disolución del Grupo Lima. Los permanentes impedimentos para que realice viajes internacionales muestran esta defensa acérrima del Congreso sobre la política internacional peruana.

En cuestión de un par de horas, Dina Boluarte, la vicepresidenta, asumió el mando. Días antes la Justicia había desestimado las acusaciones constitucionales en su contra. El hecho de ser la primera presidenta mujer no abonó a su legitimidad, y si bien anunció un gabinete, no cuenta con los votos mínimos que eviten su destitución desde el Congreso. En caso de que esto ocurra el presidente del Congreso, José Williams, quien ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos como titular del Comando Conjunto de las FF AA, sigue en la cadena sucesoria.

El gobierno de Boluarte es más débil que el de su antecesor y es por ello que la estabilidad no está garantizada. A pesar de los intentos de la prensa por mostrar normalidad y orden, así como de la rapidez de los apoyos internacionales para su reconocimiento, las protestas masivas desde las periferias hacia Lima demostraron que Castillo es un presidente con arraigo popular.

El harakiri de Castillo, ayer presidente, hoy detenido en la misma cárcel que Alberto Fujimori, es muy sospechosa. La crisis política lleva más de seis años y la economía permanece imperturbable, pero el momentum constituyente se encuentra en marcha.   «