Desde el comienzo del mandato, Pedro Castillo tuvo que jugar con la cancha inclinada en contra y sortear grandes obstáculos. La premisa de la Justicia ha sido la de “divide y reinarás” buscando fracturar la alianza gobernante y desactivar a su sector más radical mediante la judicialización de sus miembros. Fue posible gracias a instalación de imaginarios sociales que estigmatizan a lo “cholo” o provinciano como terrorista, ineficiente o corrupto. Estrategia irrisoria por la austeridad y fragilidad del gobierno ante los poderes reales, aunque exitosa a la hora de trastocar el rol de víctimas y victimarios.
El principal asedio al Ejecutivo provino del parlamento. Desde hace 20 años distintos autores han encontrado que la Constitución fujimorista había dejado como legado un desequilibrio institucional tendiente a la “parlamentarización” de la política. Asimismo, las sucesivas reformas siguieron contribuyendo a esta tendencia: quien controla el Congreso, marca los límites del cambio, pero también los impulsa. En la región hemos visto distintas maniobras destituyentes promovidas por el Congreso en Paraguay, Brasil, Honduras y en el propio Perú contra Vizcarra. Desde entonces la vacancia está instalada como un fantasma permanente. Sumado a ello, las estrategias de erosión al Ejecutivo arrojan un saldo importante: la mitad de la cartera ministerial fue renovada producto de las presiones del Congreso y, aun cediendo, dos ministros tienen mociones de interpelación en su contra. También destaca el activo rol opositor del Ejército: la Marina se apuntó la primera baja con la salida del canciller y ahora los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea denunciaron al ministro de Defensa, Walter Ayala, por un supuesto favoritismo en los asensos.
Otro tema importante, los propios: la coalición de gobierno jugó al baile de las sillas con los puestos vacantes que dejaron los ministros retirados, mientras que otros aliados con perfil más tecnocrático buscaron ocupar los puestos vacantes y acaparar espacios; algunos provienen del centro no fujimorista, otros de la izquierda con escasa experiencia en gestión. Uno de los puntos álgidos de esta división se originó a raíz de la confianza al nuevo Gabinete presidido por Mirtha Vásquez. Perú Libre votó en contra mientras que ella cuestionó y mostró incomodidad con su equipo, llegando incluso a ausentarse en el primer balance de gestión. Las recientes interpelaciones han abierto una nueva brecha: los ministros fueron cuestionados por la Premier en consonancia con el Congreso y respaldados por Castillo.
El Ejecutivo debe vérselas con disputas tanto regionales como partidarias al interior de su propio núcleo. Hasta el momento generó cierto corrimiento al centro para sobrevivir, sacrificando la fisonomía original de su armado. Es importante: Castillo llegó como una opción radical del interior del país que hasta ahora no ha visto cumplidas sus exigencias. En 2022 habrá elecciones a locales y regionales, por lo que las divisiones entre izquierdas tienen su correlato la conservación de la base electoral provinciana.
En este contexto no es justo considerar que gobierno cambió su rumbo, pero estas tensiones tarde o temprano llevarán a Castillo a imponer su propia conducción y liderazgo dentro del propio frente, algo que hasta el momento ha evitado. Si opta por radicalizarse, la represalia de los otros poderes no se hará esperar: si quiere recostarse más al centro perderá su propia coalición y la mitad de su bancada. Han sido 100 días intensos y vertiginosos en los cuales Castillo ha sido un equilibrista al filo de un golpe blando.
