Sin descanso y con una clara misión obstruccionista, la oposición de derecha y ultraderecha peruana mantiene desde el Parlamento una guerra abierta contra el presidente Pedro Castillo, a quien obligó a renovar cuatro veces el Gabinete casi en su totalidad, a tener que aceptar mociones de censura contra una decena de ministros y a enfrentar dos intentos de destitución. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo derrumba la imagen popular de ambos poderes y somete al país a una inmovilidad crítica en medio de severas urgencias.

Entre la furiosa campaña derechista y las disputas internas de los sectores que apoyan al gobierno, Castillo debió nombrar en su corta gestión, que cumplirá un año recién a finales de julio, a tres hombres y una mujer para ocupar la presidencia del Consejo de Ministros –un jefatura de Gabinete con amplio poder político y administrativo–, perdiendo la posibilidad de proyectar políticas por al menos un mediano plazo. Las dimisiones fueron por críticas de los sectores más extremos de la derecha, como las dirigidas a Guido Bellido –que renunció en octubre–, a quien acusaban de vínculos con el terrorismo y de representar al ala más dura del partido de izquierda, Perú Libre, al que pertenece. La salida de Mirtha Vásquez, su sucesora, se debió más que nada a críticas internas que la señalaban como moderada, cuando surgían las disputas con el ala más dura de Perú Libre, el partido que llevó a Castillo a la presidencia. En febrero, Castillo sorprendió al nombrar en su lugar a Héctor Valer, entonces diputado de una fuerza ultraconservadora, que renunció a los ocho días tras conocerse una denuncia de su hija por violencia familiar. El último jefe de ministros, aún en funciones, es el abogado Aníbal Torres, quien se desempeñaba como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La Constitución peruana habilita al Parlamento unicameral a presentar mociones de censura contra todo el Gabinete, cuando es presentado por el Ejecutivo, y contra sus ministros en forma individual, lo que ha permitido a las fuerzas antagónicas al profesor rural instalar disputas contra ministros y contra el propio presidente, amenazando con la posibilidad de una destitución que corre el eje de las políticas urgentes que requiere un país golpeado económicamente y en términos sanitarios por la pandemia.

El año pasado, las fuerzas mayoritarias de derecha, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, la hija del expresidente, intentaron sesionar por la cuestión de vacancia y no lograron reunir los votos para iniciar el debate. El 28 de marzo pasado consiguieron tratarlo en el recinto, pero la votación fue esquiva. Se requerían 87 votos para la destitución, pero solo 55 legisladores votaron a favor; mientras que 54 lo hicieron en contra y 19 se abstuvieron. La oposición acusaba a Castillo de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno.

“Saludo que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia, y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Llamo a todos a cerrar esta página y trabajar juntos por los grandes desafíos del país”, dijo entonces el presidente. Dos días después, el Congreso censuró al ministro de Salud, Hernán Condori, por considerarlo carente “de idoneidad y capacidad para ejercer el cargo”, y ahora deberá presentar su renuncia al presidente. Entre los 71 votos a favor, estaban los de legisladores que integran espacios políticos aliados al gobierno, lo que avivó las críticas desde los dirigentes de Perú Libre, como Vladimir Cerrón, contra lo que llaman la “izquierda caviar”, es decir, moderada y liberal.

Días antes, el presidente había impulsado un acuerdo nacional para que todos los sectores discutieran y consensuaran políticas que sirvan “para sacar adelante” al país. Castillo se atribuye algunos logros en su gobierno. Al cumplirse los cien días de gestión, afirmó haber vacunado “casi al 60 % de la población” y aseguró que eso permitiría “reactivar la economía y reencauzar la marcha del país». Además, había anunciado una suba del salario mínimo, congelado desde 2018. Sin embargo, la actitud de la oposición, que el oficialismo califica de “golpista” y “obstruccionista”, aleja aquellas grandes modificaciones en términos distributivos y la Reforma Constitucional con la que hizo campaña el maestro.