El expresidente de Perú Pedro Castillo permanecerá bajo prisión preventiva los próximos 18 meses, según resolvió el juez supremo Juan Carlos Checkley, mientras el Congreso peruano discutía esta noche el adelanto a 2023 de las elecciones generales, propuesto por el Gobierno, una decisión que exige varios pasos formales y que obligó a extender hasta febrero próximo la presente legislatura, mientras continúan las protestas, que ya suman 10 muertos.

El magistrado acusó a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, en una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.

Además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, el magistrado resolvió que el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros.

Castillo permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado.

En el Congreso, en tanto, se debatía el adelantamiento de las elecciones propuesto por la presidenta, Dina Boluarte.

«Quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo», remarcó Boluarte en un acto, al exhortar al Congreso.

El legislativo, muy fragmentado y dominado por la oposición de derecha, parecía haber recogido el reclamo de comicios cuanto antes: extendió las sesiones ordinarias, citó al ministro de Justicia, José Tello, y a las autoridades de los organismos electorales para que expliquen los pasos técnicos necesarios y se encaminaba a votar el adelantamiento.

El titular del Congreso, José Williams, explicó la extensión de las reuniones ordinarias hasta el 28 de febrero próximo como un paso para «lograr un consenso que involucra a todos los grupos parlamentarios».

Y congresista Jaime Quio Sarmiento, del hasta hace poco oficialista Perú Libre (PL), fue quien expuso sobre el proyecto que «se propone resolver la actual crisis política, económica y social que vienen afectando los valores y las libertades ciudadanas», que, advirtió, «impide el desarrollo del país y pone en riesgo el sistema democrático».

Al ministro Tello le tocó dar detalles de plazos, porque variar la fecha de comicios implica una reforma constitucional: propuso para este mes la primera votación en el Parlamento, la segunda en enero o febrero y convocatoria en julio con la idea de elecciones presidenciales y de congresistas en diciembre del año próximo, aunque también especuló con otro escenario de comicios en abril de 2024.

Lo escoltaron, y avalaron de hecho su iniciativa, Piero Corvetto, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y Jorge Salas, de la Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mucho antes, Boluarte había marcado el terreno con la expresión de «acá nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo», en un discurso en el que además expresó también que «ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo».

«No hay espacio para el miedo, sino para la valentía, unidad y la esperanza de un país que merece más de sus países», indicó la jefe del Estado, exvice de Castillo que quedó al frente del Gobierno cuando el exmandatario fue destituido tras anunciar la disolución del Congreso.

También la Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso, ante el inusual cuadro de protestas callejeras, a priorizar el proyecto de adelanto de elecciones.

«Instamos al Congreso de la República a priorizar el proyecto de adelanto de elecciones. La representación nacional debe responder con sentido de pertinencia y urgencia a los reclamos de la ciudadanía y dar prioridad al debate de este proyecto de reforma constitucional», señaló el comunicado del organismo autónomo.

En paralelo al debate legislativo, el juez Checkley avanzaba en su resolución sobre la situación de Castillo, que finalmente se decantó en el dictado de la prisión preventiva por 18 meses que había pedido la fiscalía.

La audiencia virtual tuvo algunas curiosidades: Castillo no se conectó ni tampoco sus abogados, que sí estaba acreditados, por lo que se le asignó al exmandatario un letrado oficial. Y sí participó por un rato, desde la clandestinidad -como anunció la semana pasada- el exjefe de ministros Aníbal Torres.

El fiscal Alcides Chinchay señala a Torres como el responsable del escrito que leyó Castillo cuando anunció el cierre del Congreso y el inicio de un Gobierno de Emergencia que actuaría por decretos.

Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, confirmó después, en un mensaje en la red Twitter, que ni él ni su colega Raúl Noblecilla participarían de la audiencia.

«Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo), nos impulsaron a tomar esa decisión», indicó y mencionó a la «vacancia (destitución) ilegal y exprés» entre esas razones.

Castillo es acusado de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, por lo que podría recibir una pena de 10 a 20 años de cárcel.

Torres y los exfuncionarios Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez son sindicados como coautores del delito de rebelión.

En las afueras de la sede policial donde está detenido Castillo se reunieron decenas de manifestantes que lo defienden.

Desplegaron una bandera con la imagen del cacique Tupac Amaru II, con sus extremidades amarradas a cuatro caballos, como cuenta la historia que fue su ejecución tras rebelarse contra los españoles en la colonia, pero el rostro había sido reemplazado por el de Castillo y en lugar de caballos estaban la fiscalía, el Congreso, la prensa y el poder económico.

Mientras, las manifestaciones y protestas -las más fuertes en el sur del país- ya dejaron 10 muertos.

El último domingo se contabilizaron los primeros dos, un joven de 18 años en Huancabamba y un adolescente de 15 en Andahuaylas, en ambos casos en región de Apurímac.

El lunes se sumaron otros cuatro: un hombre de 30 años en Ciudad Municipal, en el departamento Arequipa; dos jóvenes de 18 en Andahuaylas; y un adolescente de 16 en Chincheros, también en Apurímac.

El miércoles, otros dos muertos: Cristian Rojas Vásquez, de 19 años, un hospital de Abancay, capital del departamento Apurímac; un hombre no identificado de 51 en la toma de un puente en Virú, en el departamento norteño La Libertad.

Y otros dos hombres, con los que suman 10, en la toma del aeropuerto de Ayacucho

Además de cinco aeropuertos que están cerrados, hay más de un centenar de rutas bloqueadas, lo que complica el transporte y el abastecimiento. El tren a la turística de Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.

Cerca de 2.000 camiones de carga bolivianos están varados en la frontera con Bolivia, reportó la agencia AFP.

Y miles de ciudadanos de todo el país también se congregaban en los alrededores de la céntrica Plaza San Martín de Lima, histórico epicentro de las protestas, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Además de las nueve víctimas fatales, las autoridades dieron cuenta este jueves de al menos 71 personas detenidas y 216 policías heridos. Y el Ministerio de Salud dijo que 171 personas fueron hospitalizadas o atendidas como resultado de lesiones o problemas sufridos en las protestas. Además, hubo ataques a 16 dependencias públicas, entre ellas comisarías y fiscalías.

La jornada dejó también un entredicho diplomático: la Cancillería llamó en consultas a los embajadores peruanos en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la presunta intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las autoridades de los aludidos países.