La crisis detonada en el Perú tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre —último capítulo de una crisis institucional que lleva largos años— no parece vislumbrar una salida. En las masivas y cotidianas protestas suena cada vez más fuerte el grito de que renuncie Dina Boluarte, pero la presidenta se aferra al cargo y sólo ofrece como respuesta la represión policial que ya dejó un tendal de casi 60 muertes, más de una por día. Mientras tanto, se multiplican las voces de repudio a nivel internacional, factor que podría ser clave para presionar un desenlace.
El escenario sigue siendo de convulsión. Las manifestaciones, al principio pequeñas y restringidas al sur andino, fueron creciendo y en las últimas semanas se instalaron en Lima mientras se mantienen bloqueadas 18 rutas nacionales. Una verdadera rebelión popular protagonizada por los sectores campesinos-indígenas del Perú profundo, con apoyo de estudiantes y movimientos sociales, algo que no se veía en el país desde la llamada Marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000.
La virulencia represiva es directamente proporcional a la magnitud del levantamiento. En un informe presentado este jueves, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denuncia «masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra los detenidos». El organismo, de reconocida trayectoria, contabiliza 57 personas fallecidas como consecuencia de las protestas (46 por disparos de las fuerzas de seguridad) y más de 1500 heridos. Este sábado se sumó una nueva víctima, la primera muerte por la represión en Lima.
La Coordinadora acusa al gobierno de cometer «crímenes de lesa humanidad» y alerta que la represión «ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país en el presente siglo». Jennie Dador, su secretaria ejecutiva, señaló: «Creo que no hay ninguno de los derechos del catálogo de Derechos Humanos que no haya sido vulnerado».
La indignación no se termina de generalizar por el aceitado blindaje mediático que opera demonizando a quienes protestan, calificándolos como «vándalos, violentistas y terroristas». Boluarte sigue en pie gracias al apoyo de esta maquinaria mediática, del poder económico y de la derecha que domina el Congreso. Como telón de fondo de la disputa, el racismo estructural que divide geográfica y culturalmente al Perú.
Esta semana se presentó en el Congreso una moción para destituir a Boluarte con el apoyo de más de 20 congresistas, la mayoría de bancadas de izquierda. Pero el intento parece más bien simbólico: necesita 66 votos para que sea admitida y luego 87 para concretarse. La salida de la mandataria parece más bien depender de la potencia callejera y de la presión internacional.
Boluarte, más aislada
La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en Buenos Aires, fue el escenario para medir ese pulso. El tema sobrevoló el encuentro pero no logró plasmarse en las 28 páginas de la declaración final, aunque varios presidentes plantearon una urgente respuesta.
La hondureña Xiomara Castro agitó sin eufemismos: «Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano». Gabriel Boric señaló enfático que «no podemos ser indiferentes cuando en el Perú personas que salen a marchar terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar». Por su parte, el mandatario boliviano Luis Arce fue más explícito: «No reconocemos al gobierno actual y apoyamos a nuestros hermanos que están luchando contra la dictadura de Dina Boluarte»; mientras que Gustavo Petro repudió el encarcelamiento de Castillo y preguntó: «¿por qué un presidente está preso si no hay sentencia?».
A través del video que envió a la cumbre, Andrés Manuel López Obrador demandó: «No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo». Unos días después, el presidente mexicano cuestionó el silencio de la ONU y la OEA sobre el tema y les tiró que «son como floreros, están de adorno».
El mismo día, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a las autoridades del Perú «que lleven a cabo investigaciones rápidas, efectivas e imparciales» sobre las muertes registradas en las protestas y solicitó «que se evite la estigmatización de las víctimas». Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA se limitó esta semana a realizar una «sesión protocolar» a la que convocó a Boluarte, quien aseguró en esa comparecencia que pidió al Congreso «aprobar lo antes posible el adelanto de elecciones».
Precisamente la convocatoria a nuevas elecciones —hoy fijadas para abril de 2024— es el segundo reclamo principal en las calles. El jefe de Gabinete, Alberto Otárola, volvió mostrar la ambivalencia del gobierno ante esa posibilidad: «Sería muy lamentable que a los problemas que tenemos en este momento añadamos un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado». En línea con Boluarte, delegó en el Congreso esa decisión, que este sábado finalmente votó rechazar el adelantamiento electoral.
La pulseada sigue y la hoja de ruta está marcada por la incertidumbre. Que los grupos de poder que hoy gobiernan el Perú en algún momento le suelten la mano a Boluarte y cedan adelantando los comicios podría ser una salida posible, sobre todo sabiendo de la debilidad y fragmentación en la que quedaron las fuerzas políticas de izquierda tras la fracasada experiencia de Castillo. Además, esa concesión les permitiría correr de la agenda la demanda de una nueva Constitución, el tercer eje del reclamo popular y lo que verdaderamente podría salvar la débil democracia peruana y reconstruir un sistema político impuesto por el fujimorismo que tambalea cada día más. «
El Parlamento rechazó adelantar las elecciones para fin de año
El Congreso peruano rechazó durante la madrugada el adelanto de las elecciones generales a 2023, tal como había pedido la presidenta Dina Boluarte, en un intento de poner fin a las protestas que sacuden al país desde hace siete semanas. Aunque la decisión pareciera no tener vuelta atrás, el lunes podría haber una «reconsideración» de los mismos legisladores. Pero de momento, con 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones, rechazaron la iniciativa. Las elecciones presidenciales están previstas para abril de 2024.
«Con esta votación queda rechazada la propuesta de reforma constitucional para el adelanto de elecciones», cerró el presidente del Congreso, José Williams. Al cierre de la sesión, el fujimorismo presentó una «reconsideración» de esta votación que será vista el lunes.
Cercada por protestas, bloqueos y problemas de escasez de combustibles y alimentos, Boluarte pidió el adelantamiento de las elecciones, para salir del «atolladero» que sufre el país desde hace siete semanas. La presidenta reconoció que las protestas, bloqueos y la violencia con que piden su renuncia en las calles se ha agudizado. La legisladora Susel Paredes, de centro, lamentó la falta de voluntad en el Congreso y criticó a los partidos de derecha como Renovación Popular y Avanza País, que se opusieron al adelanto, y de izquierda que según ella se aprovecharon para impulsar una Asamblea Constituyente. «No veo de ninguna de las dos partes una vocación de llegar a un acuerdo y de verdad necesitamos llegar a un acuerdo, para eso estamos los congresistas», indicó. En las regiones más furiosas con la destitución de Castillo, y ahora más afectadas por la caída del turismo y la escasez de productos básicos, solo quieren la renuncia de Boluarte.
