“Mi casa, es decir, mi país. / Tiene hermosas ventanas de oro, nosotras paseamos por ella, / es grande y hermosa, como una espiga en la tierra. / Todas ahora vivimos aquí, pero muchas de nosotras sabemos / que hay altas ventanas, por las que nunca hemos mirado, / y todas sabemos que el dueño que tiene la llave, / el único dueño, no es de los nuestros.” Así dice el poema «Mi país» de Javier Heraud. Ese país se llama Perú.
En menos de cinco años y a cinco meses de las próximas elecciones generales, Perú tiene un tercer presidente. El lunes pasado Martín Vizcarra, en el segundo intento de su vacancia, fue retirado del cargo por “incapacidad moral permanente”, relacionada a presuntos hechos de corrupción. En total, 105 votos congresales han dejado a Manuel Merino usurpar el cargo y estar al mando del país, un Congreso que debió ser de transición y con tan solo ocho meses de funcionamiento, tras la disolución del anterior, ha dado un grave “golpe legislativo”. Todo esto a espaldas del pueblo, que a pesar de la pandemia y la crisis económica que afrontamos, ha tomado las calles para manifestar su indignación y repudio a la clase política que nos gobierna desde hace más de tres décadas.
La historia política reciente del Perú es una crisis permanente: la corrupción viene siendo el modus operandi de la clase política que nos gobierna. Alberto Fujimori, preso por una serie de violaciones a los derechos humanos y otros delitos cometidos durante su dictadura. Alan García, muerto después de suicidarse el mismo día que iba a ser detenido por casos de sobornos y corrupción; Alejandro Toledo cumpliendo arresto domiciliario en Estados Unidos, acusado por los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y a la espera de su extradición. Ollanta Humala, cumpliendo medidas restrictivas tras haber estado preso durante nueve meses, investigado por lavado de activos. Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien indultó a Fujimori y renuncio a la presidencia, actualmente cumple arresto domiciliario. Todos estos casos relacionados a la red de corrupción del imperio transnacional Odebrecht. Martin Vizcarra, quien asumió el cargo tras la renuncia de PPK, también le debe cuentas a la justicia y es muy probable que ahora, sin inmunidad presidencial, será investigado.
Somos un pueblo gobernado por la élites económicas, corruptas, patriarcales y conservadoras que han priorizado sus intereses particulares por encima de las necesidades y derechos fundamentales de las mayorías, la derecha defensora del sistema neoliberal coludida con las fuerzas fundamentalistas, solo han ensanchado las brechas de las desigualdades sociales del pueblo, volviendo negocios los derechos fundamentales de la educación y la salud, manteniendo el statu quo de la informalidad y precariedad laboral del país, situaciones que se han visto agudizadas por el contexto de pandemia mundial producto de la Covid 19. prueba de ello es que ha pesar de haber sido los primeros en Latinoamérica en tomar medidas de seguridad y restricción frente a esta crisis sanitaria, hemos llegado a ser de los países con mayor mortalidad del mundo, incluso superando a Estados Unidos, Brasil y México.
Una vez más, «los dueños que tienen la llave» buscan hacer de las suyas. Con un gobierno ilegítimo quieren seguir negociando con los intereses privados bajo la mesa.
Pero esta vez parece que Perú despertó y se sacudió de la despolitización instalada por el fujimorismo en los ’90: las protestas no han cesado desde este último golpe contra nuestra débil democracia. Cacerolazos, masivas movilizaciones, protestas en las principales plazas, piquetes, salidas en bicicleta y vigilias se viene realizando a lo largo y ancho del territorio peruano, y también peruanas y peruanos en el extranjero se han manifestado. Las redes sociales han jugado un papel importante en la organización de la población e información de lo que viene ocurriendo, mientras que los medios de comunicación tradicionales juegan a favor de los que ostentan el poder, sin informar sobre la violenta represión de la policía y de la infiltración de fuerzas armadas en las protestas que intentan crear el caso y el desorden para justificar la violencia estatal.
El Tribunal Constitucional tiene en sus manos decidir y pronunciarse sobre este golpe: podría anular y dejar sin efecto todo lo ocurrido. La otra posibilidad sería que el Congreso golpista retroceda en lo que hizo y nombre a una o un nuevo presidente del Congreso y que se instale un gobierno de transición, hasta las próximas elecciones de abril de 2021. Dependerá de la presión del pueblo evitar que el abuso de poder no se perpetúe.
El hartazgo colectivo vivido estos últimos días parecer ser una luz al final del túnel que aviva y enciende la esperanza de refundar el Perú, a ocho meses de cumplir 200 años de independencia de la colonización española, gritos de nueva constitución resuenan en las calles, que más parecen ríos profundos de gente cargados de indignación y memoria -recordemos que sigue vigente la Constitución de la dictadura fujimorista-. Es necesario que el Perú deje de ser un país en el que vacar a un presidente sea más fácil que sentenciar a un violador.
Es ahora, es el tiempo de hacer cambios de fondo y que la derecha, el fundamentalismo y la corrupción dejen de reinar en la política peruana; para terminar con esta crisis, deben ser las y los de abajo, las mayorías, las mujeres, los pueblos indígenas, campesinos y afroperuanos, las personas LGTBI, las y los jóvenes quienes tomemos el poder y cambiamos los reglas del juego y por fin escribamos a mano y sin pedir permiso nuestra nueva historia, que miremos por esas altas y hermosas ventanas de oro que tiene nuestra casa, es decir, nuestro país.
