Martín Vizcarra sigue siendo el presidente de Perú hasta que el 11 de abril del año próximo se elija su reemplazante constitucional. El viernes entrada la medianoche, en una sesión especial, virtual, que debía decidir sobre su calidad moral para ejercer la función, tuvo el peor de los destratos. Igual seguirá en el cargo, pero será juzgado apenas entregue el mando. El 11 de septiembre el Congreso había habilitado la instancia destituyente. Esa noche, las cacerolas repicaron en son de apoyo al presidente en algunos barrios de Lima. Al día siguiente se supo que el súbito ataque de moralidad de un Congreso en el que escasea la moral era el inicio de un golpe de Estado. Ya habían invitado a sumarse a los jefes militares. Esa noche las cacerolas sonaron más intensamente y la posibilidad de derrocar a Vizcarra en un juicio exprés se desinfló.
La embestida contra Vizcarra se originó en una denuncia de quien durante nueve años fuera su secretaria de confianza, pero que recién ahora advirtió que estaba bajo el mando de un temible delincuente. ¿Cuál fue el delito? El Ministerio de Cultura contrató a un cantante para que dictara “charlas motivacionales” a los empleados de la cartera. Quería que su personal fuera el mejor. Vizcarra quiso salvar al ministro del ridículo y planificó con la gente de su despacho qué dirían ante una comisión investigadora del Congreso que acababa de citarlos. Se ignora qué efecto tuvieron las conferencias de Richard “Swing” Cisneros. Se supo, sí, que el contrato fue irregular y que por su “bla, bla, bla” el cantante recibió una paga de 49.300 dólares. La secretaria grabó lo conversación y la entregó al titular del Legislativo.
¿Quiénes quedaron encargados de salvaguardar esa frágil democracia que viene golpeada desde la última década del siglo pasado? (Ver aparte) ¿Dónde fue a parar la grabación que a diez meses de la elección presidencial le movió la estantería a un gobierno débil, sin partido ni legisladores, responsable además de un manejo caótico de la emergencia generada por el coronavirus? Fue a dar a manos de los mandamases del Congreso, algo más parecido a un Arca de Noé que al conjunto de representantes del pueblo. Para la inmensa mayoría de los 130 miembros del unicameral surgido de la elección anticipada del 26 de enero, la democracia, el cantor, los 49.300 dólares y el Covid-19 son bienes de poca importancia comparados con los temas que la enfrentan a Vizcarra. Le pasan factura por impulsar una reforma política que impide la postulación a cargos electivos de todo aquel que esté sentenciado en primera instancia, y además limita el ingreso al Estado de los tropeles que lo han manejado históricamente. Para la actual dirigencia política, una osadía intolerable, y más cuando proviene de alguien del oficio, como Vizcarra. Pero quizás sea más grave aun el proyecto de reforma educativa que pondría a las universidades privadas bajo supervisión estatal. Los dueños de la César Vallejo y Telesup –conocidas como las universidades “bamba”, un vocablo usado para aludir a algo falso, trucho– presiden las principales comisiones del Congreso.
El Parlamento está lleno de delincuentes con condenas en suspenso gracias a los fueros. Hay ladrones, asesinos, narcotraficantes y negociantes de toda estirpe, entre ellos, por supuesto, los dueños de las universidades que son, a la vez, de los partidos Podemos Perú (10 bancas) y Alianza para el Progreso (18). A modo ilustrativo: para integrar este Congreso se habían inscripto 2325 candidatos. De ellos, 1368 estaban sentenciados, 218 con condena y 359 excluidos. La incapacidad moral de Vizcarra fue pedida, entre otros, por el exprocurador Edgar Alarcón (39 procesos y una condena de 12 años por corrupción), José Luna Morales (implicado en el escándalo de Odebrecht y el tráfico de drogas), Daniel Urresti (general de brigada procesado por múltiples asesinatos) y César Acuña y José Luna (dueños de la mayor red de universidades privadas).
La crisis institucional abierta el 11 de septiembre en uno de los canteros más amigables del “patrio trasero” no preocupó a la Casa Blanca, incluso tras saberse que el eventual reemplazante de Vizcarra ya tenía su Gabinete armado y había invitado a sumarse a los jefes de las FF AA. La única reacción de EE UU fue ordenar a los gobiernos de Bolivia, Colombia y Ecuador –socios de Perú en el Grupo de Lima, la alianza que impulsa la intervención armada en Venezuela– que pidieran a los golpistas peruanos que se quedaran en el molde. “Alentamos a una pronta solución sobre la base del diálogo y apego a los ideales democráticos”, señaló la grotesca declaración de los tres gobiernos más descalificados de Sudamérica.
A Vizcarra, a la democracia en todo caso, le salió el tiro por la culata con las legislativas anticipadas. Un genocida –el exgeneral Daniel Urresti, responsable de las peores matanzas de los años ’80 en Ayacucho, cabeza de lista de Podemos Perú, el partido de Luna– fue el congresista más votado. La segunda fuerza resultó ser una secta evangélica ultramontana. Tercero, un partido xenófobo defensor de la pena de muerte, liderado por el exmilitar Antauro Humala, hermano preso del expresidente Ollanta. El Congreso electo tiene diez bloques y el mayoritario solo 24 legisladores (18%). El 11 de abril los peruanos elegirán un nuevo gobierno y el riesgo de repetir la experiencia de enero sigue latente.
VOTOS
87
eran los necesarios para destituir al presidente Vizcarra por “incapacidad moral permanente”. Pero la votación fue 32 a favor, 78 en contra y 15 abstenciones.
El extraño maleficio de los cinco presidentes
En las últimas tres décadas ninguno de los presidentes electos de Perú se salvó del escrutinio democrático, con la salvedad de Valentín Paniagua, que inauguró el siglo con un fugaz interinato de siete meses y se fue cuando estaba pautado. Entre los cinco que precedieron a Martín Vizcarra hay de todo: uno se suicidó, otro sigue en la cárcel y así será hasta la muerte, dos estuvieron presos y continúan expuestos a un potencial encierro y uno hizo las valijas y encontró refugio en EE UU, hasta que fue detenido con pedido de extradición y, mientras, goza de libertad bajo fianza. El fundador de esta logia sin principios fue Alberto Fujimori (1990-2000), preso con perpetua por múltiples matanzas. Le siguió Alejandro Toledo (2001-2006), aún protegido en EE UU, académico de la Universidad Johns Hopkins y la Brookings Institution. El dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en 2019, cuando iba a ser detenido. Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), expresos aún bajo proceso.
Cada vez que se precipita un disgusto aparecen, o reaparecen, legiones de expertos que poco falta para que hablen de un castigo divino. Les parece horrible, y lo es, que el país esté preparándose para celebrar el bicentenario en aymara, en quichua y en castellano, pero siga quemando sus expectativas sin que llegue el nuevo tiempo, capaz de echar a germinar nuevamente la cimiente libertaria de San Martín y Sucre. Buscan el maleficio entre los dirigentes, cuando mejor rumbearían si escarbaran en la esencia de un modelo que admite que siempre sobreviva, agazapado, el Odebrecht que repita los pecados.
