El Congreso de Perú trataba este martes dos proyectos enviados por el Ejecutivo de Pedro Castillo, cruciales para garantizar la gobernabilidad en momentos de crisis política tanto con los sectores de la oposición como dentro del partido que lo llevó al poder, Perú Libre.
Las nuevas normas apuntan a una modificación de cinco artículos de la Constitución para eliminar la incapacidad moral como causal para la destitución de un presidente y modificar la llamada cuestión de confianza hacia los integrantes del gabinete y sobre la vacancia presidencial.
La jugada oficialista buscaba ganarle la pulseada a un proyecto opositor que, en palabras de la Premier Mirtha Vásquez, «pretende regular solo una parte del problema, esto constituye un gran riesgo pues generaría un peligroso desbalance de poderes».
El oficialismo y los bloques aliados plantean que «el mecanismo adecuado para modificar el contenido de los artículos de la Constitución es mediante una ley de reforma constitucional y no mediante una ley», en sintonía con lo que propone el gobierno de Castillo.
Según la actual Constitución, el Congreso debe ratificar el gabinete del gobierno en sesión a 30 días de la puesta en funciones. Si esto no se produce tras dos intentos, el presidente queda habilitado -aunque no obligado- a apelar a la cuestión de confianza, para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Una situación que «ha generado momentos de inestabilidad, incluso con la pérdida de vidas», recordó Vásquez.
Por otro lado, la causal de incapacidad moral siempre fue centro de polémicas, porque es la única que no es objetivable y depende de lo que el Congreso pueda considerar como una conducta moral o inmoral del presidente. Esa fue el motivo invocado por el parlamento para juzgar dentro de un mismo período de gobierno a dos presidentes, Pedro Pablo Kuczynski (renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido) y Martín Vizcarra (fue cesado en noviembre de 2020).
El gobierno de Castillo también plantea que la moción de censura contra ministros de Estado y el titular del Consejo de Ministros “únicamente proceda por materias relacionadas al ejercicio del cargo”. Castillo lo sufrió en carne propia: en menos dos meses de gestión debió modificar su primer gabinete y prácticamente nombrar uno nuevo por presiones de la oposición en ese sentido.
Al cierre de esta edición, el Congreso continuaba sesionando.