Después de varias acciones de censura de la numerosa oposición de derecha, que obligaron a modificar dos veces el gabinete y a aceptar y pedir la renuncia a ministros importantes, el presidente de Perú, Pedro Castillo, llegó a fin de año sorteando un intento de destitución que no logró los votos suficientes en el Congreso. Pero esa antesala agitada desde que asumió el poder en julio pasado es solo una muestra de lo que deberá enfrentar en el año que entra. Con varias causas iniciadas, tomadas como bandera por los sectores de la oposición, críticas a la delicada situación económica que no puede repuntar y las permanentes apelaciones al comunismo y al supuesto prontuario de sus principales colaboradores, Castillo arrancará 2022 con un nuevo proyecto de destitución. Esta vez lo presentará el partido Renovación Popular, según reveló el líder de esa fuerza política, Rafael López Aliaga. En “tres o cuatro semanas”, aclaró, la moción estará lista para ser presentada al parlamento. “Queremos tener algo bien estructurado, que tenga todos los elementos que no se pudieron investigar en la moción inicial, que no tuvo apoyo”, dijo López Aliaga a la prensa local.
Castillo es investigado por el Congreso y por el Poder Judicial por casos de supuesta corrupción o tráfico de influencias que la prensa se encargó de difundir en los últimos meses. Uno de ellos se relaciona con supuestas presiones a altos mandos militares para favorecer el ascenso de oficiales de buena relación con el mandatario, hecho por el que Castillo deberá declarar ante la fiscalía el martes próximo.
Otro está vinculado con reuniones que el mandatario supuestamente celebró con empresarios, ejecutivos de empresas y lobbistas en una vivienda privada, sin que fueran registradas en su agenda de actividades oficiales.
Por otra parte, funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción allanaron el lunes el Palacio de Gobierno y la sede de la petrolera estatal Petroperú en relación con una licitación para la compra de biodiésel por 74 millones de dólares, que ganó un proveedor que días antes se había reunido con el mandatario.
El panorama evoca la suerte de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes sobrevivieron a una primera moción de destitución, pero no a una segunda, en 2018 y 2020, respectivamente. Con la llamada “vacancia”, facultad del legislativo ante una “incapacidad moral” del presdidente, hay sectores de la política que considera necesario legislar acerca de una especificación más realista y menos ambigua de esa categorización. De hecho, el oficialismo lo intentó en una sesión hace unos dos meses, pero la oposición bloqueó el tratamiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió el 10 de diciembre su preocupación por cómo se ha desvirtuado «por falta de definición objetiva la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene en la institucionalidad democrática del Perú».
El presidente de México, Andrés López Obrador, denunció el 16 de diciembre que en Perú había «una especie de preparación a un derrocamiento» lanzada por el conservadurismo.
La imagen de Castillo no fue ajena a estos ajetreos. Según las consultoras, su desaprobación pasó de 46% en septiembre a 58% en diciembre, su nivel más alto en cinco meses de mandato.
