La postergación de 10 días para presentar el informe sobre una posible falta ética sumada a una malversación de fondos de la Organización de Estados Americanos (OEA) le dio unos días de respiro a Luis Almagro, el cuestionado secretario general acusado de haber usado dinero oficial del organismo para costear una treintena de viajes con quien fuera su pareja, una asistente mexicana empleada del organismo.
La acusación logró alinear casi a la totalidad de los 32 Estados miembro activos, para aprobar el inicio de la investigación por los presuntos hechos originalmente revelados por la agencia estadounidense Associated Press (AP). La causa puede llevar a una resolución que varias naciones consideran necesaria hace varios años, más por gestión política del funcionario uruguayo, que por la cuestión –igualmente grave, según reconocen embajadores interesados- del uso indebido del dinero público. Es que Almagro viene siendo señalado por sus posiciones parciales, generalmente contrarias a gobiernos populares en la región, lo que lo llevó ser guardián fiel de la política exterior de Donald Trump y alentar, en el caso más extremo, al golpe contra Evo Morales en 2018.
El viernes se vencía el plazo para que el estudio jurídico Miller & Chevalier, con sede en Washington, entregara el informe final sobre la investigación del caso para la que fue designado por el pleno después de la asamblea del 9 de marzo, cuando se aceptó una autodenuncia promovida por el propio Almagro para primerear el proceso en su contra. Según supo Tiempo, una vez recibido el informe, el funcionario tiene 10 días para hacer su descargo frente al pleno, que analizaría su continuidad, remoción o pedido de renuncia. Sin embargo, el bufete que cobrará más de 100 mil dólares por su trabajo, pidió una prórroga de 10 días para entregar la documentación, tanto de los supuestos gastos inadecuados como de una posible conducta contraria al código de la OEA, por involucrarse sentimentalmente con una subordinada.
¿Le bajaron el pulgar?
Por otro lado, hay sectores participantes del organismo que consideran que la suerte de Almagro estará atada, una vez más, a lo que consideren en el gobierno de Estados Unidos, al que siempre estuvo subordinado, algo que se hizo demasiado notorio durante la etapa de Trump. Si después de la investigación, los demócratas gobernantes le bajan el pulgar, quien ostenta el secretariado desde 2015, con reelección en 2020, podría ver su final de forma anticipada.
Según la información de AFP, la relación entre Luis Almagro y una mujer mexicana unos 20 años menor, salió a la luz en octubre, cuando se estaba por realizar la reunión anual de la OEA en Lima, Perú. Aunque la relación ya tenía entonces varios años y había sido un secreto a voces entre los 600 empleados del organismo, según la agencia, “intimidados por tener que trabajar con la presunta amante del jefe, según varios empleados actuales y retirados y diplomáticos regionales”.
Si bien la OEA se preservó dar a conocer el nombre de la funcionaria, circula en medios el nombre de la politóloga Marián Vidaurri, hoy de licencia en sus funciones.
El caso podía concluir en un dictamen por violación al código de ética, pero mientras se desarrollaba la investigación, surgió información sobre 34 viajes de trabajo que el secretario realizó en compañía de su pareja entre julio de 2018 y diciembre de 2019, que incluyeron una visita de cuatro días a Oxford, Inglaterra, una conferencia de editores de periódicos en Cartagena, Colombia, y un viaje a Miami para recibir el premio “Executive Mastermind Latino”.
“Los detalles de los viajes se encontraron en informes públicos que aparecen sepultados en el sitio web de la organización. Se trata de reportes que se le pidió al secretario general que presentara trimestralmente ante el Consejo Permanente de la OEA como parte de una iniciativa de ahorro y transparencia aprobada por los gobiernos regionales en 2016”, aseguró AP. Según estos registros, al menos 21 de los 34 viajes fueron pagados en parte por la organización. “En total, ambos viajaron 15 veces juntos sin ningún otro miembro del personal de la OEA presente, según los registros”, se informa. «
Lasso frente al juicio político
Después de que la Corte Constitucional de Ecuador allanara el camino para que el Congreso inicie un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por una supuesta trama de corrupción que involucra a su familia, un asesinato relacionado con la mafia del narcotráfico embarra más aun la situación del mandatario. Es que el hombre asesinado tendría relación con Danilo Carrera, el cuñado de Lasso, señalado como quien montó una estructura de corrupción para enriquecerse a costa de empresas estatales.
Es la segunda vez que la oposición ecuatoriana intenta la remoción del presidente. Esta oportunidad, aunque dispersa, se ha unido en la cruzada. El miércoles hubo una multitudinaria marcha de la comunidad indígena, un sector muy influyente y que ya demostró su capacidad de torcer el rumbo del humor político y de, incluso, las elecciones. La manifestación fue dirigida a la Corte para conminarla a habilitar el juicio, lo que ocurrió al día siguiente.
El presidente se declaró inocente y consideró que el juicio político no tiene «pies ni cabeza», pero dijo que respetará la decisión de la Corte Constitucional, “aunque no la comparta». El mandatario argumentó que el caso por el que será procesado ocurrió entre 2018 y 2020, cuando él no era presidente. Sin embargo, le acusan de haber conocido un contrato que era perjudicial para Ecuador y no haber intervenido a tiempo cuando empezó su mandato.
Para destituirlo, se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes del Congreso).
Colombia: zancadilla a Petro
La Procuraduría General de Colombia hace trastabillar al presidente Gustavo Petro, en un delicado momento en que intenta cerrar las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que no pudieron conseguir sus dos antecesores en el gobierno.
En las últimas horas, la fiscalía general pidió a la Corte Constitucional que anule la ley Paz Total aprobada por el Gobierno para facilitar la negociación con grupos armados, justo cuando se transita una crisis desatada tras un ataque del ELN en el que murieron nueve militares.
De acuerdo a la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, la normativa «no se ajusta a la Constitución» por haber «vulnerado el principio de consecutividad, que exige que los proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva» en las comisiones y en el pleno de ambas Cámaras del Congreso.
También apuntó a «que varias disposiciones de la norma no fueron estudiadas en estricto sentido por las comisiones, pues fueron propuestas solo hasta las deliberaciones ante las plenarias», de acuerdo a un comunicado subido en la página oficial del organismo judicial.
Este pedido se conoció el mismo día en que Petro se reunió con el grupo de negociadores y los miembros de la comunidad internacional encargados de dialogar con el ELN.
En una conferencia de prensa posterior al encuentro, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que «el ELN tiene en sus manos una responsabilidad inmediata de generar esperanza en la sociedad», después de los últimos atentados de la guerrilla.
