Fausto Jarrín es uno de los principales abogados del equipo que representa al expresidente Ra-fael Correa desde que terminó su mandato en 2017. Después de las últimas elecciones, ocupa una banca en el bloque de Revolución Ciudadana, el espacio del correísmo que, pese a no haber ganado las elecciones en el balotaje de abril pasado, proscripción mediante a su principal dirigen-te, logró consolidar un bloque legislativo cohesionado de 47 miembros, frente a un congreso atomizado en diversas fuerzas.
Una de las sentencias contra Correa fue por el caso “sobornos”, en el que lo acusan de recibir una coima de escasa comprobación. Otro, por el que se pidió su detención, es el de un secuestro de un antiguo congresista perpetrado en Colombia. El resto son otras 46 causas abiertas por los motivos más diversos. “Yo, personalmente, desde mi posición de abogado, sugiero no solicitar el archivo de algunas causas porque podrían despertarlas. Sabemos que algunas están congeladas y con los tiempos encima. No quiero poner sobreaviso a la fiscalía. La mayoría está cerca de los dos años, que en la legislación ecuatoriana se archiva una investigación cuando no se ha podido al-canzar un nivel de certeza como para generar una instrucción fiscal y estamos en ese proceso”, explicó Jarrín a Tiempo, durante su visita a la Argentina para participar junto con el expresidente de una conferencia sobre lawfare.
–¿Con la llegada de Guillermo Lasso al gobierno cambió el clima de persecución a dirigentes de la Revolución Ciudadana?
–Lasso no lo ha modificado en absoluto, pero nosotros sí. Porque después de la crisis que generó la traición de Lenín Moreno, nos quedamos con un bloque de 30 personas en la Asamblea. Ahora somos 47. Estamos bastante más cerca de poder armar una mayoría de nuestro lado y eso pone al gobierno en la necesidad de mantener con nosotros algún puente. Eso creo que sí le ha dado mensajes al gobierno de que es mejor que le quite la mano de encima a la Justicia. La Asamblea está tan atomizada que es el único bloque que vota disciplinadamente en plancha, 47 siempre, significa que con 23 más hacemos mayoría para lo que sea. Y hay cosas que sin nosotros no pue-den pasar, que requieren una mayoría calificada. Para el inicio de un juicio político se requieren 35 firmas y ahora tenemos de sobra.
–¿Cuál es la situación de las causas contra los demás dirigentes, como Virgilio Hernández, Ricardo Patiño, Paola Pabón, Cristian González, Gabriela Rivadeneira y otros?
–Se cayó otra causa de Pablo Romero, el famoso caso «caminito», fue declarado inocente. Se están cayendo las causas contra Secom, el grupo de comunicación del gobierno. En el tema de Paola, Virgilio y Cristian, es un solo proceso, por rebelión. Claramente, la Corte no lo quiere tra-tar. Virgilio ahora es parlamentario andino y eso generó un conflicto de competencias. Eso nos da la certeza de que no hay un puño en este momento que esté empujando eso.
–¿Qué tiene que pasar en términos jurídicos y políticos para que el expresidente Correa y el res-to de los dirigentes en el exilio puedan volver a su país?
–La causa de Patiño (exiliado en México) está pronta a prescribir, le acusaron de algo más leve, que era incitación a la violencia. Va a cumplir tres años fuera del país. También podría ayudarlo la edad para evitar que lo pongan en prisión preventiva. En el tema de Gabriela, ella no fue imputada, se intentó imputar a su esposo. Ella es una figura muy fuerte y creo que prontamente podría volver al país. El caso de Rafael Correa siempre va a ser más complejo. Yo creo que para que pueda volver, en lo político, va a ser necesario primero liberar a Jorge (Glas), porque el impacto que podría generar la vuelta de Rafael podría complicarlo. Por eso estamos planificando una estrategia que nos permita ir evacuando lo más urgente desde lo humanitario: Jorge primero, Pablo Romero, Alexis Mera, y luego de lograr que los liberen lanzarnos a una ofensiva jurídica para el regreso. Agravado por la situación crítica de las cárceles en Ecuador. «
Lasso y los pandora
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechazó el exhorto de la Asamblea Nacional y mandará un informe para explicar su supuesta vinculación con bienes en paraísos fiscales, mencionada en los «Pandora Papers». Una mayoría de 82 (de un total de 137) decidió llamar al presidente a una sesión del Pleno de la Asamblea por ese tema. «Yo mandaré una carta a la Asamblea Nacional y le diré aquí está el informe de la Contraloría», expresó Lasso, cuya fuerza política no tiene mayoría legislativa, al recordar que ese último organismo archivó una indagación en su contra al no hallar indicios de que tuviera patrimonio en paraísos fiscales.
De acuerdo con la investigación periodística, el gobernante controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que Rafael Correa aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
