Ante el secuestro de sus bienes en distintos países –amigos y enemigos–, Venezuela lanzó una campaña internacional para movilizar todos los recursos a su alcance, con el objetivo de transparentar las diversas formas del bloqueo diseñado por Estados Unidos y ejecutado en forma de robo por sus aliados europeos y americanos. La estrategia de Caracas apunta a la recuperación de sus activos usurpados –ante todo, 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, que la Corona y la Justicia del Reino Unido se rehúsan a devolver al Banco Central venezolano, su verdadero dueño–, y busca, además, poner de manifiesto la falta de seguridad jurídica que exhiben las más promocionadas democracias occidentales, pero que exigen a otros a la hora de defender los intereses de sus corporaciones.

Además del oro retenido en Inglaterra –“los piratas”, como los llamó el presidente Nicolás Maduro, “parafraseando a los hermanos argentinos cuando hablan de Malvinas”–, Caracas abrió una vasta campaña para recuperar más de 215.000 millones de dólares retenidos en el exterior. Se trata de los bienes de  CITGO, octava refinería en Estados Unidos, mayor activo externo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y propietaria de una red de 14.885 estaciones de servicio. De la Petroquímica Monómeros, nacida como empresa mixta con Colombia y ahora irregularmente intervenida por la Superintendencia de Sociedades de Bogotá. De un avión de Conviasa retenido junto con su tripulación en Buenos Aires (ver aparte) y de la condonación dolosa de una deuda de Paraguay por 269 millones de dólares.

Todo ese paquete de apropiaciones ya fue investigado en enero de 2021 por una comisión especial de la Asamblea Nacional, que estableció las pérdidas en algo más de 194.000 millones de dólares. Actualizado, un año y medio después la sustracción superaría aquellos 215.000 millones señalados. El viernes, mientras Maduro citaba uno por uno los casos de desfalco, el legislador opositor José Brito se sumaba a la campaña de denuncias y  expresaba su confianza en que “ahora, al menos en el caso de Monómeros, con el establecimiento del gobierno amigo de Gustavo Petro en Colombia podamos reincorporar la petroquímica al patrimonio nacional”.

Esta cadena de robos se amplió en enero de 2019, cuando el ultraderechista Juan Guaidó se autoerigió jefe de Estado y, en el marco de una campaña golpista contra Nicolás Maduro, fue apoyado por Washington, los países de la Unión Europea y ciertos americanos. Nunca tuvo poder real, pero desde el gobierno de Donald Trump recibió la encomienda de seguir la política de robos iniciada en 2017 por el propio Trump y los británicos Theresa May y Boris Johnson, usando como brazo ejecutor al Banco de Inglaterra. Los mismos gobiernos de Londres y el mismo Poder Judicial que quieren mandar al patíbulo norteamericano a Julian Assange y bendicen a quienes persiguen a los migrantes que llegan al Reino Unido en busca de un plato de comida, ahora quieren entregarle el oro venezolano a Guaidó.

El robo, o como se le quiera llamar a la usurpación de los bienes venezolanos en el exterior, no sólo descalifica a Estados Unidos y sus aliados sino a la oposición interna, que de la mano de una formidable burocracia de 1600 personas comandadas por Guaidó actúan desparramadas por todo el mundo occidental. Reciben su sueldo desde Washington y su función es la de administrar los recursos de las empresas del Estado en Europa, así como en Estados Unidos y la recientemente fenecida ultraderechista Colombia de Iván Duque. El gran blanco, la fuente de los miles y miles de dólares que han desaparecido según denuncias de los propios aliados de Guaidó, es CITGO, un verdadero símbolo del poder de PDVSA en el mundo.

Creída de que el pueblo venezolano se sumaría al plan golpista, la oposición se alineó tras Guaidó. Julio Borges, un ex socialdemócrata montado al carro ultraderechista, cambió de partido (se fue a Primero Justicia, del tres veces frustrado candidato presidencial Henrique Capriles) y terminó siendo el canciller de Guaidó. Se instaló en Colombia. Sumó a sus tareas una especie de supervisión de la administración de Monómeros. Según sus propios dichos, pero con otras palabras, no lo tuvieron en cuenta a la hora del reparto. Renunció a la jefatura diplomática de Guaidó y señaló a su jefe. No dijo la palabra hiriente, pero lo acusó de ladrón. “Hemos perdido legitimidad y apoyo internacional, porque hubo demasiados errores y escándalos (…). Debemos pasar los bienes a un fideicomiso, para evitar que el dinero de los venezolanos vaya a engrosar las cuentas bancarias de Guaidó”.

Para entender la ofensiva destructiva lanzada contra CITGO, basta ver el rol jugado por la empresa en las entrañas de la gran potencia. Por iniciativa de Hugo Chávez, durante siete años entregó combustible de calefacción gratuito a dos millones de pobres del Bronx y 23 Estados. Un despacho de la agencia periodística británica Reuter decía, ya en diciembre de 2007, que sólo en ese invierno la asistencia que llegaría a 200.000 familias sería de 45 millones de galones (3,8 litros por galón), unos 100 millones de dólares.

La entrega a los beneficiarios fue asegurada por Citizens Energy, fundación presidida por Joseph Kennedy. “Esta es una ayuda que sale del corazón del pueblo venezolano –dijo– para el corazón del pueblo estadounidense”. Las palabras del hijo del asesinado Bob Kennedy conmovieron al mundo político. Con Trump, Joe Biden y Guaidó se están cobrando la osadía de Chávez.  «