Ordenar la detención de legisladores opositores no suena demasiado bien para los cultores del sistema democrático occidental y cristiano. Para colmo, porque se negaron a votar una ley que restringe el derecho a voto y viajaron a la capital del país para plantear el caso ante las máximas autoridades federales. Pero la cosa cambia si el escenario no es un país subdesarrollado de Latinoamérica, África o el mundo árabe. En concreto, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas emitió una orden de detención para más de 50 legisladores demócratas que viajaron a Washington para evitar la aprobación de un proyecto de ley que restringe más el acceso al voto en un estado ultraconservador con aires de secesionista que esta vez, con la relajación de las medidas electorales por la pandemia, vio un incremento de ciudadanos que decidieron cumplir con sus obligaciones electorales. Los 38 electores quedaron para Donald Trump, pero a un plazo no demasiado largo los estrategas republicanos temen perder la supremacía que le da un sistema que les permite gobernar a voluntad gracias a maniobras para diluir o impedir el voto que en otros distritos estadounidenses alimenta las bases del partido del burro.
Los legisladores en la mira del congreso tejano son 54 y representan el 36% de la cámara baja del segundo estado más rico de EEUU. A fines de julio decidieron fletar un charter y pedir entrevista con el presidente Joe Biden para contarle la situación.
En tiempos de Zoom no hacía falta que fueran hasta la capital estadounidense, pero era la excusa que necesitaban para no dar el quorum necesario para aprobar la normativa que los republicanos, que son mayoría en el Capitolio estadual, pretenden imponer.
Con el argumento de que se intenta hacer que “el voto sea más seguro” y en consonancia con las posiciones más duras de Trump a negarse a aceptar la derrota en noviembre pasado por supuesto fraude, la iniciativa pretende prohibir el voto en automóvil (drive-in), aplicar restricciones en los horarios de votación y el voto por correo. Trump estaba convencido de que en el voto postal estaba la posibilidad de que los demócratas lo derrotaran y quería impedirlos desde antes del comicio.
El sistema electoral estadounidense es de por si restrictivo. Se vota en un día laborable, el primer martes de noviembre, y es necesario registrarse previamente. Por otro lado, existe un artilugio muy usado que se llama gerrymandering y que consiste en dibujar los distritos electorales para compensar con límites amañados las mayorías opositoras. Así, en 2016 Trump arrebató el triunfo a Hillary Clinton, que tenía más de 2 millones de votos populares que el republicano.
Este método tiene un capítulo complementario: para garantizar que solo lleguen a la presidencia “los buenos”, hay un colegio electoral que “regula” y dosifica la voluntad popular para adecuarla a la necesidad del establishment.
Como ejemplo de manipulación electoral, el viernes pasado se cumplieron los 56 años de la firma de la Ley del Derecho al Voto con el que Lyndon Johnson cumplió finalmente su promesa de anular las discriminaciones raciales para ejercer el sufragio universal. Y no fue una concesión graciosa de las elites sino el resultado de la lucha incesante a un costo en vidas monstruoso de la comunidad negra.
Ahora, y al cabo de pocas semanas, 17 de los 50 estados norteamericanos promulgaron 28 nuevas leyes que solo tienen como objetivo dificultar el voto libre y universal. En este contexto, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, firmó las órdenes de arresto para los legisladores demócratas y se las entregó al jefe de seguridad del Capitolio.
La mayoría republicana había aprobado la autorización basada en una ley que permite detener a diputados que se ausenten durante las votaciones para obligarlos a volver a la sala. La moción fue sancionada por 80 votos contra 12, algo no demasiado prolijo ya que el quorum es de 100.
«Es nuestro derecho como legisladores romper el quórum para proteger a nuestros electores», adujo el líder demócrata, Chris Turner. «Lucharemos tan duro como podamos contra los ataques republicanos a nuestro derecho al voto», agregó.
No está claro dónde están los legisladores rebeldes. Muchos se supone que en Washington, pero otros, como Evelina Ortega o Celia Israel, están en Texas pero aseguraron a medios locales que no piensan presentarse a pesar de las órdenes de detención.
La ofensiva contra el voto universal había recibido un espaldarazo a principios de julio cuando la Corte Suprema de EEUU ratificó leyes de Arizona impulsadas por los republicanos que para los defensores de los derechos civiles desafía la histórica ley de Johnson.
En Texas, el juez Brad Urrutia había prohibido al gobernador republicano Greg Abbott y al titular de la Cámara que emitieran cualquier orden de detención sin su consentimiento. Pero la Corte Suprema local rechazó inmediatamente “el peligroso intento de los demócratas de Texas de socavar nuestra Constitución y evitar hacer el trabajo para el que fueron elegidos», según calificó Renae Exe, vocera del gobernador texano.
