Al cumplirse 58 años del golpe de Estado de 1964, Jair Bolsonaro volvió a reivindicar a la dictadura brasileña.
«¿Qué sería de Brasil sin las obras del gobierno militar? No sería nada, seríamos una republiqueta», sostuvo durante un discurso en el Palacio del Planalto para poner en funciones a siete nuevos ministros a raíz de que gran parte del gabinete renunció para postularse a cargos electivos en las elecciones del 2 de octubre.
Bolsonaro insistió en que el proceso de derrocamiento del presidente constitucional Joao Goulart, cuyo cargo fue declarado vacante tras un levantamiento militar en Minas Gerais, no se trató de un golpe.
En el acto en el Palacio presidencial del Planato estaba como estrella oficialista el diputado Daniel Silveira, famoso por romper un cartel en un acto con el nombre de Marielle Franco, la concejala asesinada en Río de Janeiro en 2018 y procesado por atentar contra la democracia por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.
El diputado de la extrema derecha Silveira, quien se atrincheró el martes en el Congreso para evitar ponerse una tobillera electrónica por orden de la Corte Suprema en una causa por atentar contra la democracia, estuvo en la platea y fue defendido por el jefe del Estado.
«Todos tenían (en la dictadura), el derecho de circular, de ir y venir, de salir del país», afirmó Bolsonaro.
En la misma sintonía, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que califica el golpe militar como “un hito histórico”.
«El movimiento del 31 de marzo de 1964 es un hito histórico de la evolución política brasileña, puesto que reflejó los anhelos y aspiraciones de la población de la época», señala el texto publicado en el sitio web del Ministerio. El comunicado fue firmado por los jefes del Ejército, general Paulo Sérgio Nogueira; de la Marina, almirante Almir Garnier Santos, y de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Almeida Baptista Junior.
El texto reivindicativo de la última dictadura brasileña omite usar la palabra golpe y tampoco hace referencia al cierre del Congreso, la censura, el asesinato, desaparición y torturas cometidas por el régimen durante sus 21 años, delitos de lesa humanidad documentados por la Comisión de la Verdad.
En el comunicado cargan contra investigaciones y análisis sobre la dictadura militar y aseguran que la historia no puede ser “reescrita por mero revisionismo”. Según la oficina de Braga de Netto, posible candidato a vicepresidente de Bolsonaro para las elecciones de octubre, “en marzo de 1964, las familias, las iglesias, los empresarios, los políticos, la prensa, la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), las Fuerzas Armadas y la sociedad en general se aliaron, reaccionaron y se movilizaron en las calles, para restablecer el orden y para impedir que un régimen totalitario se implantara en Brasil, por grupos que propagaban falacias, que después fracasó en varias partes del mundo (en referencia al comunismo)».
Al contrario de la versión sostenida por el gobierno de Bolsonaro, según documentos desclasificados del Departamento de Estado de Washington, Estados Unidos instaló en el poder entre 1964 y 1985 a los generales Humberto Alencar Castlelo Branco, Arthur de Costa e Silva, Emilio Garrastazú Médici, Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo.
En tanto, la mención a la OAB es considerada una provocación a esa entidad que fue pionera en la presentación de hábeas corpus para determinar el destino de los detenidos desaparecidos. La Orden de Abogados publicó un comunicado defendiendo «el estado de Derecho y el sistema electoral» en respuesta a los militares.
