Los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid», esta frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunciada en sede parlamentaria durante el debate del estado de la región, es un síntoma de la ausencia de políticas públicas de Memoria en España.
Una ausencia que ha dejado con derechos fundamentales desatendidos a miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, creando una cultura de la impunidad con el listón a ras de suelo, exactamente a ras de fosa común. Una ausencia que ha dejado desamparados a los familiares en su derecho a la Reparación, construyendo una democracia sobre la desigualdad en el derecho a poder enterrar dignamente a los desaparecidos. Y una ausencia también que ha impedido el derecho del pueblo a la Verdad.
Para quienes analizamos el presente teniendo en cuenta las consecuencias del pasado traumático no resuelto, la frase de Díaz Ayuso fue dolorosa por lo que tiene de negadora, y en quienes se tuvieron que exiliar durante el franquismo, además supone la revictimización de una consecuencia del golpe de Estado y de la dictadura que sigue invisibilizada en los libros de texto.
Propongo un ejercicio de memoria para confrontar el silencio que la derecha se encargó de llenar con una sola verdad, la del bando vencedor, y que sigue generando desigualdad en el presente. Ante la sorpresa de algunas personas al escuchar la frase racista de Díaz Ayuso, es necesario un primer ejercicio de memoria a corto plazo: recordemos que ella es presidenta gracias al apoyo del partido ultraderechista VOX, parece que los sorprendidos hubieran olvidado el pacto de las tres derechas para gobernar en la comunidad de Madrid sin haber ganado las elecciones. Y esas alianzas, al igual que ocurre en el Ayuntamiento de la capital, se pagan, como vimos con la retirada de la bandera de bienvenida a los refugiados, la bandera LGTBI y la del día de la eliminación de las violencias machistas.
El segundo ejercicio es analizar la frase de Ayuso como un síntoma que sostiene otro pacto, el pacto de silencio de 1978 como herramienta de duelo colectivo ante la guerra y dictadura de 40 años, un pacto que la derecha actualiza en el presente borrando parte de la historia del pueblo español y por tanto, su identidad.
En este contexto de pandemia mundial que ha dejado expuesta nuestra vulnerabilidad colectiva y por tanto la interdependencia que tenemos entre nosotros, una buena gobernanza conlleva la coresponsabilidad de no profundizar las desigualdades, por la salud pública y por la convivencia. Pero las derechas neoliberales predican desde los púlpitos la libertad individual y el odio al Otro, ya sea inmigrante, mujer o ciudadano de un barrio del sur de Madrid, lo que imposibilita nuestra convivencia.
Si aplicar políticas de memoria es invertir en convivencia para acabar con la desigualdad en origen de nuestra democracia, en este momento la anunciada nueva Ley de Memoria del gobierno de España podría ser ese impulso para construir una cultura de paz. Tras aquella primera tibia Ley de Memoria del año 2007 que no impidió que al día de hoy siga habiendo 114.226 desaparecidos en fosas comunes y callejeros que exaltan el golpe militar y la dictadura, el gobierno central ha elaborado un anteproyecto de Ley de Memoria que ahora tienen que revisar varios ministerios antes de ir al Consejo de Ministros para su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.
El anteproyecto recoge en su artículo 8 declarar el día 8 de mayo como Día de Homenaje a las Víctimas del Exilio, en recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra civil y la dictadura. Este breve artículo tendrá calado si esta medida de reparación está contemplada y entroncada con las medidas que hacen efectivos los cuatro pilares sobre los que se fundamenta la Memoria y que por separado son solo parches: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin incluir plazos de implantación en el articulado referente a las medidas educativas y de formación del profesorado, sin desarrollar un articulado que fije la misión de los archivos como garantes del derecho a la Verdad y sin una reforma o derogación de la Ley de Amnistía de 1977 que permita hacer efectivo el derecho a la Justicia que el anteproyecto contempla, el desarrollo de esta ley no conllevaría la potencia transformadora que tiene la memoria en cuanto a poder heredar y superar los valores democráticos de quienes nos preceden.
Detrás de esta ley hay expertos comprometidos que defienden un marco ambicioso y nuevo para construir nuestra democracia sobre el derecho a la Justicia por una cultura de paz y convivencia. Ojalá los responsables políticos estén a la altura. Ojalá genere conciencia para comprender que el Otro podemos ser nosotros. «
(*) Especialista en políticas públicas de memoria / coportavoz de Más Madrid
