Con el apoyo de organismos multilaterales, tanto formales como la OEA e informales como el Grupo de Lima, y varios gobiernos del mundo, sobre todo el de los Estados Unidos, la hasta ahora alicaída oposición al gobierno venezolano de Nicolás Maduro desarrolla una nueva estrategia para recuperar la iniciativa política y concretar su propósito de desplazar al presidente del poder, a quien no reconoce autoridad en el cargo que acaba de reasumir el jueves último.
Diputados de la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano que tiene mayoría opositora de la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD), desarrollaron un Cabildo Abierto el fin de semana en que no ahorraron pedidos de «reflexión» a las Fuerzas Armadas, que hasta ahora se manifiestan leales a Maduro. El acto encabezado por su nuevo presidente, Juan Guaidó, convocó a numerosos grupos antichavistas con el fin de ganar legitimidad hacia una marcha popular contra Maduro para el próximo 23 de enero, mientras se elabora un proyecto de «ley de transición» que ponga en práctica lo establecido en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución Bolivariana, esto es el traspaso del poder a la Asamblea Nacional y la disolución de los poderes del Estado para constituir un nuevo gobierno, ya que consideran fraudulentas las elecciones del pasado 20 de mayo en que Maduro resultó reelecto sin la participación de las principales figuras de la oposición que se autoexcluyeron. La inciativa fue apoyada explícitamente por el Departamento de Estado de EE UU.
En esta dirección se había pronunciado el llamado Grupo de Lima la semana pasada, con el decidido apoyo del gobierno de Donald Trump, a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, quien monitoreó y hasta participó de la última reunión en la capital peruana, vía teleconferencia.
Trece de los 14 miembros del GL, con excepción de México, lograron llevar su declaración de ilegitimidad al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el jueves mismo acordó, mediante una resolución, «no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro». Más allá de la vocación antichavista del secretario general, Luis Almagro, que directamente celebró una supuesta «asunción de Guaidó como presidente interino de Venezuela», el documento aprobado no menciona directamente la intervención legislativa. En cambio dice «reafirmar que, sólo a través de un diálogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país». Fue aprobado con 19 votos a favor, pero Nicaragua, Bolivia y algunos países del Caribe votaron en contra, y otros eligieron abstenerse, como México. Al igual que en la declaración del GL, el presidente Andrés Manuel López Obrador no convalidó la posición de las otras naciones y eligió respetar la autodeterminación de los pueblos, según manda la Constitución mexicana, como expresó en conferencia de prensa.
El gobierno de Venezuela calificó de «peligroso precedente» la resolución de la OEA y dijo que es producto de la «coerción» de Estados Unidos contra países del bloque. La medida aprobada mientras Maduro asumía la presidencia el jueves para el período 2019-2025, «sienta un peligroso precedente en la región, pues pretende desconocer la legitimidad» del mandatario, señaló un comunicado de la Cancillería. Al difundir el documento, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, consideró «antijurídica y extravagante» la decisión. En igual sentido se expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado que criticó «la desvergonzada política de Washington, que apunta a la creación anticonstitucional de estructuras gubernamentales alternativas de Venezuela».
Maduro además mandó enviar notas de protesta a los representantes diplomáticos de 12 de los países del GL exigiendo la rectificación de los términos establecidos en el comunicado de la semana pasada, de lo contrario «la República Bolivariana de Venezuela tomará decisiones firmes y contundentes como fórmula de legítima defensa de los intereses naturales del pueblo venezolano y en particular de su sagrada soberanía territorial».
El encargado de negocios de la embajada venezolana, Juan José Valero, máxima autoridad diplomática en la Argentina tras el retiro del anterior embajador Carlos Martínez Mendoza a finales del año pasado, explicó a Tiempo que estas acciones se basarán «en el principio de reciprocidad. Si ellos desconocen el Estado implicaría el retiro de la misión diplomática completa, incluida la consular, y ellos tendrían que asumir el costo social y político de tener venezolanos en esos países».
Con el apoyo incondicional de algunos países de la región, como Bolivia, y de importantes potencias como China y Rusia, Maduro asumió el jueves su segundo mandato (2019-2025) ante el Tribunal Supremo de Justicia, algo que también fue cuestionado, ya que el organismo natural para la asunción es la AN. Sin embargo, la Constitución lo habilita a ir al TSJ en caso de no poder hacerlo ante la AN «por cualquier motivo sobrevenido». La Asamblea se renovó en 2015 y sus miembros tienen mandato hasta 2021, pero un fallo inhabilitó a tres legisladores por acusarlos de fraude. Este fallo no fue acatado por la oposición ya que con esas bancas lograba la mayoría absoluta. Desde entonces, el Supremo dictaminó que la AN funciona «en desacato». El Ejecutivo no la reconoce y no promulgó ninguna de sus leyes, aunque sigue sesionando y funcionando, más que nada como caja de resonancia de la oposición. El conflicto frente al desconocimiento del nuevo mandato madurista renovó el espíritu revocatorio contra Maduro y dio aire a nuevos actores como Guadió, un joven ingeniero que el fin de semana clamó por la unión del pueblo, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional «para lograr el cese de la usurpación».
