El gobierno de Daniel Ortega cerró posiciones frente a la comunidad internacional y en el momento de mayor tensión en su país, con el diálogo suspendido y la presión externa e interna, aseguró que devolvió la paz a Nicaragua y derrotó a los «terroristas» a quienes adjudica la conducción de las protestas que causaron alrededor de 300 muertes desde abril.
En una ceremonia en Managua con motivo del 39 aniversario de la fuerza aérea del Ejército, Ortega dijo que la economía comenzó a recuperarse luego de que las fuerzas del orden retomaron el control, dos semanas atrás, de la ciudad de Masaya, último feudo en manos de los manifestantes.
«El país estaba sumido en el terror. Prácticas terroristas que no se conocían en nuestro país, secuestrar ciudadanos, secuestrar policías, secuestrar mujeres, jóvenes, torturarlos», declaró el mandatario. Ortega puso en marcha la llamada «operación limpieza» para desalojar a los manifestantes de las barricadas y las ciudades bajo su control.
Para los dirigentes opositores, el gobierno «se impuso con las balas, no con el consenso». Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la represión contra las protestas dejan más 300 muertos, cientos de desaparecidos y más de 400 detenidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisó que son 317 el total de fallecidos. El jueves, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la creación de un grupo de Trabajo que el gobierno sandinista rechaza por considerarlo injerencista.
La resolución aprobada por 20 naciones establece que grupo debe «contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el gobierno». Señala que «coadyuvará al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización, del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y de otros actores regionales e internacionales».
El texto omite un punto clave que varias naciones, las más duras contra Ortega, querían imponer: la salida anticipada del gobierno y la convocatoria a elecciones, algo que el gobierno rechaza de plano. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mantuvo viva la intención en sus declaraciones públicas. «Es importante que el presidente Ortega vuelva a retomar esa posibilidad», dijo el martes a CNN. «El esquema represivo genera condiciones que llevan al país a una caída libre, como es el caso de Venezuela», indicó Almagro.
Estados Unidos, por su parte, responsabilizo a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo por la violencia desatada por «grupos parapoliciales favorables al gobierno» y abogó por elecciones transparentes. Washington señaló que las medidas aplicadas hasta ahora al gobierno de Nicaragua, como restricciones de visas, son el inicio «de potenciales sanciones». Las protestas se iniciaron por el anuncio de una reforma previsional que no llegó a implementarse y aún así continuaron hasta asumir la demanda de que Ortega renuncie a la presidencia y convoque a elecciones.
En una ceremonia en Managua con motivo del 39 aniversario de la fuerza aérea del Ejército, Ortega dijo que la economía comenzó a recuperarse luego de que las fuerzas del orden retomaron el control, dos semanas atrás, de la ciudad de Masaya, último feudo en manos de los manifestantes.
«El país estaba sumido en el terror. Prácticas terroristas que no se conocían en nuestro país, secuestrar ciudadanos, secuestrar policías, secuestrar mujeres, jóvenes, torturarlos», declaró el mandatario. Ortega puso en marcha la llamada «operación limpieza» para desalojar a los manifestantes de las barricadas y las ciudades bajo su control.
Para los dirigentes opositores, el gobierno «se impuso con las balas, no con el consenso». Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la represión contra las protestas dejan más 300 muertos, cientos de desaparecidos y más de 400 detenidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisó que son 317 el total de fallecidos. El jueves, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la creación de un grupo de Trabajo que el gobierno sandinista rechaza por considerarlo injerencista.
La resolución aprobada por 20 naciones establece que grupo debe «contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el gobierno». Señala que «coadyuvará al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización, del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y de otros actores regionales e internacionales».
El texto omite un punto clave que varias naciones, las más duras contra Ortega, querían imponer: la salida anticipada del gobierno y la convocatoria a elecciones, algo que el gobierno rechaza de plano. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mantuvo viva la intención en sus declaraciones públicas. «Es importante que el presidente Ortega vuelva a retomar esa posibilidad», dijo el martes a CNN. «El esquema represivo genera condiciones que llevan al país a una caída libre, como es el caso de Venezuela», indicó Almagro.
Estados Unidos, por su parte, responsabilizo a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo por la violencia desatada por «grupos parapoliciales favorables al gobierno» y abogó por elecciones transparentes. Washington señaló que las medidas aplicadas hasta ahora al gobierno de Nicaragua, como restricciones de visas, son el inicio «de potenciales sanciones». Las protestas se iniciaron por el anuncio de una reforma previsional que no llegó a implementarse y aún así continuaron hasta asumir la demanda de que Ortega renuncie a la presidencia y convoque a elecciones.
