Las partes convocadas para el diálogo nacional en Nicaragua no arribaron a un acuerdo el viernes, en el primer día de reanudación de la Comisión de Mediación y Testigos, donde la Conferencia Episcopal (CEN) se ofrece como mediadora. El punto en discordia fue el cese de los cortes de ruta con barricadas, que en la jerga local se llaman «tranques», y que generan incomunicación y desabastecimiento a casi 100 ciudades y se implementaron como parte de las violentas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que suman casi 170 muertos y miles de heridos por la represión policial, la violencia de los manifestantes y el accionar de grupos parapoliciales.

En representación del gobierno, el canciller Denis Moncada solicitó en la reunión del viernes que se levantaran estos cortes, como condición para abordar una agenda de diálogo que incluía la convocatoria a organismos internacionales como la OEA y la ONU, además de la Unión Europea. Sin embargo la propuesta no fue aceptada por la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, parte opositora representada por empresarios, miembros de la sociedad civil, campesinos y universitarios. La negativa obedece a la postura de máxima que vienen sosteniendo los sectores de la oposición y que se enmarca en la propuesta de «democratización» que se entregó al gobierno, que implica la renuncia de Ortega y la convocatoria a elecciones.

La mesa de diálogo se reinstaló luego de haber sido suspendida el pasado 23 de mayo, y un día después de un paro nacional de 24 horas, convocado por la Alianza, para exigir el fin de la represión.

Después de que la mesa no lograra el consenso ante el planteo oficial, el obispo Rolando Álvarez leyó la propuesta de la curia: «Urgir la presencia de la CIDH en Nicaragua; que la CIDH dé a conocer al grupo de investigación de las muertes y actos de violencia; que se instale oficialmente el funcionamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), urgir la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; la presencia de la Unión Europea para lograr un apoyo político y de estabilidad». Si bien estos últimos puntos tenían coincidencia con la postura oficial, el gobierno votó en contra, firme en su planteo de no aceptar la continuidad de los «tranques». Así lo expresó horas más tarde la vicepresidenta Rosario Murillo, quien los calificó como «una violación de Derechos Humanos y causantes de discordia». «Todos sabemos dónde está el origen de nuestra inseguridad», dijo a los medios oficiales y llamó a las protestas «tenebrosas y prácticas oscuras».

Por su parte, el obispo Silvio Báez señaló que «no debería haber temor ni se debería obstaculizar la venida de la ONU, la UE y la CIDH, para detener la represión y restablecer la justicia estableciendo a culpables de la masacre. Solo luego se podría pensar en algunas concesiones. No a la impunidad». Tras el fracaso, los obispos pidieron a las partes reflexionar sobre lo planteada. Más allá de su rol mediador, sin embargo, la curia ha demostrado su intención de que Ortega abandone el gobierno y algunos obispos afirman que es la «única salida» al conflicto, además de que se manifestaron a favor de los paros y otras medidas de fuerza. «