A pesar de haber controlado el violento intento de golpe en su contra, el presidente Daniel Ortega enfrenta las acciones injerencistas de Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos y la feroz inquina del «asesor» del presidente Donald Trump para la región, el representante republicano por La Florida Marco Rubio, quien participó activamente en la «fuerza de tarea» instalada en Buenos Aires por Paul Singer contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ortega recibió la solidaridad del XXV Foro de São Paulo, reunido en julio en La Habana. Allí destacaron el derecho a la defensa de un gobierno elegido en 2016, con el 72% de los votos, y atacado por grupos terroristas que además de secuestrar, torturar y asesinar a decenas de personas ligadas al sandinismo gobernante, incendiaron escuelas, centros de salud, las universidades públicas, un Banco de crédito del ALBA, cooperativas, jardines de infantes, casas de militantes pro gubernamentales y dirigentes campesinos.
Además destruyeron oficinas que se ocupaban en su mayoría de los temas sociales, cooperativas, las Radios Ya, Nicaragua y otras. Quemaron la Caja Rural Nacional, un banco cooperativo con los archivos de cientos de miles de socios, la sede del ministerio de Economía Familiar y Comunitaria y una cantidad de edificios de funcionarios gubernamentales, centros de salud, hospitales, carreteras e infraestructuras.
Los propios observadores de Naciones Unidas debieron reconocer que una cantidad similar de policías y atacantes habían muerto en enfrentamientos armados. Es decir armadas ambas partes, lo que ocultan defensores a ciegas de la situación.
¿El gobierno de Ortega mató a los suyos, se atacó a sí mismo, incendió estos lugares estratégicos? ¿Esto es creíble?
El argumento para las marchas fue una reforma previsional que entre sus medidas exigía el pago de los dueños de empresas a la seguridad social de sus trabajadores. Fue Ortega el que reincorporó las jubilaciones que se habían perdido, y que entregó 100 mil títulos de propiedad a campesinos.
La actitud del gobierno fue derogar la ley previsional y llamar al diálogo. Pero Washington había preparado un golpe en el esquema de la guerra contrainsurgente por la relación de ese país con China y Rusia y su política exterior independiente.
Grupos terroristas ligados a las maras hondureñas y salvadoreñas secuestraron, torturaron, flagelaron públicamente a decenas de jóvenes sandinistas progubernamentales, a dirigentes campesinos, muchos de los cuales fueron rociados con combustibles y quemados, una estrategia del terror utilizada en Venezuela en 2017. Investigaciones del periodista estadounidense Max Blumenthal muestran el rol de la (USAID), Freedom House, y la NED en el financiamiento de ONG nicaragüenses. En junio, dirigentes del M19, el grupo estudiantil que comenzó las protestas, se reunieron en Washington con la ultraderecha de EE UU y con Mark Green, director del USAID. «El viaje fue pagado por Freedom House», dice Blumenthal.
Uno de los organizadores del M19 es Félix Madariaga, al frente del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, que recibió 260 mil dólares de la NED. Esa organización fue creada en 1983 por Ronald Reagan y desde entonces colaboró activamente en la guerra encubierta contra Nicaragua en los años 80-90, financió a los medios y la oposición antisandinista y fue clave en la invasión de EE UU a Panamá de 1989.
Un mes antes de las reuniones del M19 en Washington, la NED afirmó que las organizaciones que ellos respaldan «han pasado años recibiendo millones de dólares sentando las bases para la insurrección» en Nicaragua, según señala el sitio Global Americans, del estadounidense Benjamin Waddell, director académico de la Escuela de Capacitación Internacional en Nicaragua. Tras la publicación de este artículo, Global Americans reemplazó «insurrección» por «cambio”.
«La prensa internacional describió la rápida escalada de disturbios civiles en Nicaragua como una explosión espontánea de descontento colectivo», escribió Waddell. Sin embargo, «las caras más visibles del movimiento anti Ortega no han sido los jubilados afectados por las reformas de la seguridad social, sino los estudiantes urbanos, políticamente no afiliados, que buscan una victoria total. Han forjado una alianza con los opositores a la derecha», dice.
Es tan obvia la acción de EE UU en Nicaragua, que asombra que figuras importantes surgidas del sandinismo, cuya oposición a Ortega se basa en diferencias internas, hayan hecho silencio en estas circunstancias. Es un hecho que se debe analizar dentro del comportamiento de una buena parte de la llamada izquierda en este período histórico. La enorme manifestación del pueblo nicaragüense este pasado 19 de julio, fue una demostración de una verdad que intenta ocultarse. Pero este triunfo sobre la mentira, pone a Nicaragua en el ojo de la tormenta imperial que nos amenaza. «
