La crisis en Nicaragua creció la última semana con la profundización de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, más muertes en contextos de represión y acción de grupos parapoliciales, a lo que se sumaron actos vandálicos contra edificios y funcionarios públicos, que el oficialismo atribuye a la «derecha golpista». El viernes fue atacado un funcionario del Ministerio de Salud en la ciudad de Masaya, lo amenazaron y quemaron su camioneta.

El gobierno llega muy golpeado a este fin de semana, después de la jornada sangrienta del miércoles en la que murieron 15 personas y se suman a las casi 100 víctimas fatales desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, con una reforma al tributo de seguridad social que no llegó a implementarse por el rechazo de las cámaras empresarias y que luego se transformaron en protestas generalizadas contra el gobierno organizadas por estudiantes y gremios.

La oposición y algunas organizaciones como Amnistía Internacional atribuyen las muertes a la represión policial y parapolicial comandada, según la acusación, por el propio sandinismo. Por eso piden la renuncia de Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, y elecciones anticipadas. El jueves, el gobierno ratificó su decisión de mantenerse en el cargo y aseguró que la violencia obedece a una «conspiración» de grupos que «se confabulan para denunciar ‘ataques’ inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones» y negó enfáticamente que abrigue grupos parapoliciales. «En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos, y que a partir de acusaciones infundadas, se pretenda restringir la aplicación del Deber Constitucional de las Fuerzas del Orden Público», se afirmó en un comunicado oficial tras la masacre ocurrida durante la marcha de las madres de las víctimas en la que murieron 15 personas.

Según se difundió en redes opositoras y medios afines, hubo testigos que aseguraron ver a seguidores del Frente Sandinista, grupos parapoliciales y oficiales antidisturbios que «dispararon» contra los manifestantes, que marchaban desarmados por la céntrica Carretera a Masaya de Managua. También hubo hechos de violencia en otras ciudades, que incluyeron ataques a edificios y emisoras oficialistas. Según un informe de la Policía, los muertos fueron alcanzados por armas de fuego y hubo 199 heridos.

Aquel comunicado oficial se produjo apenas después de dos hechos de trascendencia. Uno fue el retiro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que se había ofrecido como garante para el diálogo en busca de una salida a la crisis que atraviesa el país, mientras «el pueblo siga siendo reprimido y asesinado». Horas antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) habían acordado la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tendrá garantías de autonomía e independencia, «para coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos» en Nicaragua. Estará integrado por cuatro personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos. Estas personas serán seleccionadas por la CIDH y designadas por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien ya se pronunció, como lo hace habitualmente en el caso de Venezuela, en sintonía con lo que pide la oposición. La «única solución» para la crisis, dijo Almagro, está en las urnas, con «elecciones libres, transparentes, justas, que representen la voluntad del pueblo». 

El origen del conflicto y sus consecuencias

Las protestas en Nicaragua estallaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social propuesta por Ortega. Al rechazo de las cámaras empresarias, que no aceptaban el aumento en la alícuota al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se plegaron sectores estudiantiles, quienes hoy concentran la mayor expresión de protesta contra el gobierno y piden la dimisión del presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La convulsión aumenta con la participación de militantes del Frente Sandinista que han realizado contra marchas de apoyo al gobierno, que en varios casos produjeron enfrentamientos, o bien fueron parte de las manifestaciones, como la realizada el miércoles. De hecho, tres de los muertos ese día son jóvenes reconocidos en el espacio de militancia sandinista.

Organizaciones como Amnistía Internacional afirman que las autoridades usan grupos paramilitares, las llamadas «turbas sandinistas», para reprimir las protestas ciudadanas. Sin embargo el gobierno atribuye las muertes a grupos violentos infiltrados a los que considera parte de una «conspiración». «