El gobierno de Lenin Moreno resolvió, a través del renovado Consejo de Participación Ciudadana, remover a los nueve jueces de la Corte Constitucional, paradójicamente la misma Corte que habilitó la consulta popular que otorgaba ese poder al CPC. Previamente, el consejo designó al nuevo procurador de la Nación y cesó en sus funciones a los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral. Las decisiones tomadas por el Consejo ponen en jaque a las instituciones, según el sector más crítico hoy del gobierno de Moreno, al que pertenece el expresidente Rafael Correa. «Estamos ya viviendo completamente al margen del Estado de Derecho», resume Virgilio Hernández, mano derecha de Correa y coordinador de los equipos jurídicos que llevan la defensa del exmandatario en la causa en la que se lo vincula con un supuesto secuestro, por la que una jueza pidió su prisión preventiva. Los avances del gobierno ecuatoriano coincidieron con el anuncio de un paquete de medidas que parecen destinadas a complacer al poder económico y del retiro del país de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) impulsada por el fallecido Hugo Chávez.

«El CPC actúa como un organismo al margen de la Constitución porque se ha constituido en un Tribunal especial. El presidente del CPC, Julio César Trujillo, ha señalado que, de existir contradicciones entre una resolución del CPC y la Constitución, prevalece su resolución a la norma constitucional. Y todo esto es posible con la complicidad de los grandes medios de comunicación que permiten esta serie de arbitrariedades con el único objetivo de garantizar la persecución política a Rafael Correa y también a quienes nos consideramos, más que correístas, parte de la Revolución Ciudadana», expuso Hernández en diálogo telefónico con este medio.

El CPC es una instancia de contralor creada tras la reforma Constitucional que Correa impulsó en 2007. La consulta de febrero permitió al Ejecutivo reemplazar y nombrar a los nuevos consejeros, lo cual motivó el alerta de muchos dirigentes por considerar que podía dar lugar a arbitrariedades, como las actuales. La actuación del CPC se está desarrollando exactamente como lo había anticipado Correa en días previos a la consulta por la que se aprobó la imposibilidad de que vuelva a presentarse como candidato. «Este Consejo podrá destituir y sustituir a la Corte Constitucional, fiscales, defensor público, jueces, el Consejo Nacional Electoral, y le quita la potestad exclusiva a la Asamblea Nacional de fiscalizar. Se acabó la división de poderes, lo que conocemos como democracia», había dicho entonces el expresidente en una entrevista exclusiva con Tiempo un día antes de la consulta. Esta especie de suprapoder no parece muy diferente del que acusan de utilizar a Nicolás Maduro en Venezuela, mediante la Asamblea Nacional Constituyente, con la diferencia de que el alcance de la la ANC sí está previsto en la Constitución Bolivariana.

«El fiscal general es quien lleva las causas contra Correa y no ha sido nombrado formalmente ni ha sido posesionado por la Asamblea Nacional, actúa por encargo del CPC», ejemplificó Hernández. «Han destrozado la institucionalidad del país y esta Corte fue culpable y corresponsable de este destrozo, aun así la Corte Constitucional no podía ser cesada por el CPC. Nadie sabe ahora cómo se van a nombrar a los nuevos jueces de la Corte, ni siquiera lo saben los propios consejeros», dijo el abogado.

Para el sector opositor a Moreno, detrás de estas medidas hay una maniobra para atacar a Correa. «Es evidente. La judicialización de la política ha tenido aquí cuatro componentes fundamentales: uno tiene que ver con la modificación constitucional e institucional, y lo de la corte constitucional cierra precisamente este período iniciado con la consulta popular, a través del cual se ha buscado modificar las normas con el objeto de perseguir y proscribir la participación política de Rafael Correa. La segunda es la persecución por la vía administrativa a través de la contraloría. El tercero es la persecución judicial, con todas las violaciones al debido proceso que hubo. Tienen en este momento encarcelado a quien fue vicepresidente de la República (Jorge Glas) y también se lleva adelante un proceso judicial ya plagado de irregularidades contra el expresidente. Y el cuarto es el bloqueo político. En diez meses hemos sido despojados de nuestro movimiento Alianza País, se nos ha impedido de formar nuestro movimiento Revolución Ciudadana, y ahora, una vez que hemos recogido medio millón de firmas como aval para nuestro movimiento Acuerdo Nacional, se impide que podamos registrar electoralmente en 2019 con una burda maniobra», fundamentó.

Para el correísmo estas cuestiones se condicen con las medidas anunciadas por el gobierno. Se trata de un «paquetazo neoliberal» por el que se eliminarán subsidios al combustible, se abrirá la puerta a privatizaciones, se ajustará en la estructura del Estado y se eliminarán partidas sociales.

«Está muy clara toda la conspiración contra el país y contra lo que significó la Revolución Ciudadana. La política económica anunciada significa volver a las viejas recetas, a los cánones del FMI. Al mismo tiempo se condonan 4 mil millones de dólares a empresarios que han sido inescrupulosos. Es una jugada de las élites oligárquicas de este país con los poderes transnacionales», señaló Hernández.