La zona metropolitana de Uruguay, precisamente Montevideo y sus alrededores, puede quedarse sin agua potable de un momento a otro. En sólo dos días las reservas de agua bajaron 199.869 metros cúbicos, por lo que el domingo se ubicó en el mínimo histórico. 

La preocupante situación llevó al gobierno a tomar medidas urgentes, incluyendo la distribución de dinero para la adquisición de agua embotellada; además, la empresa estatal del agua corriente reparte agua con camiones cisternas en las zonas más complicadas y las autoridades le quitaron el IVA a las botellas de agua mineral. 

Todo esto es producto de la sequía que afecta a Uruguay desde hace por lo menos dos años. Por si fuera poco, la escasez del recurso en los embalses que abastecen a la empresa pública OSE generó que el agua que sale por la canilla tiene altos niveles de cloruro y de sodio.

Se prevé que una vez que el caudal del río Santa Lucía, aguas arriba sobre el Río de la Plata, se agote en aproximadamente una semana, el agua que llegue a los hogares ya no será apta para el consumo humano debido a su alta salinidad, siendo solo adecuada para uso sanitario.

El gobierno ha establecido una partida de 850 pesos mensuales destinada a la compra de dos litros de agua diarios. Los beneficiarios recibirán automáticamente este dinero a partir de este martes, junto con el cobro de su jubilación o pensión. Este beneficio también se extiende a aquellos que reciben asistencia por vejez del Ministerio de Desarrollo Social.

Para financiar esta iniciativa, el gobierno destinará 12 millones de dólares provenientes de los recursos de organismos multilaterales de crédito, donaciones y las contribuciones de personas públicas no estatales, evitando así debilitar las funciones para las cuales fueron creadas.

En un intento por aliviar la situación, el gobierno se comprometió a realizar obras de infraestructura, como la construcción de un embalse provisorio en el río San José y la instalación de cañerías de 13,5 kilómetros para abastecer de agua a la planta de Aguas Corrientes a través de Belastiquí. 

Sin embargo, existen discrepancias sobre los plazos de finalización de dichas obras. Mientras el presidente Luis Lacalle Pou sostiene que estarán listas en 30 días, la resolución del directorio de OSE indica que las empresas constructoras encargadas de los trabajos han acordado un plazo de dos meses.

Estas obras, que tendrán un costo de unos 40 millones de dólares, no representan soluciones definitivas, ya que una vez superada la crisis hídrica, deberán ser destruidas debido a su carácter temporal, según señaló Edgardo Ortuño, director de OSE.