En un contexto de violencia que parece inacabable, a pesar de los gobiernos, los factores económicos y sociales y los tiempos históricos, México sigue siendo uno de los países más castigados por el crimen organizado en hechos que lesionan gravemente la democracia y los Derechos Humanos. En ese escenario trágico, quienes ejercen el periodismo sufren permanentes ataques que lejos de menguar, aumentan de forma preocupante año tras año. Este 2022, “México vive el año más mortífero para la prensa de su historia”, sentencia la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). “En México, la libertad de expresión está sitiada y enfrenta un ambiente hostil donde un discurso estigmatizante del poder y contra los defensores de los derechos humanos y la prensa perpetúa la violencia”, denuncia Article 19, una ONG internacional con filial en México. La seccional regional registra “un ataque cada 14 horas” contra un periodista en el país. RSF llevaba contabilizados 14 asesinatos a trabajadores de prensa en los primeros ocho meses del año “de los cuales al menos 10 guardan relación directa con su labor informativa”. El dato coincide con las brindados por otras entidades. En noviembre pasado, estos organismos denunciaban el asesinato de un comunicador radial que trabajaba a su vez como taxista en el estado de Veracruz. Con este y otros dos hechos recientes, los casos aumentaron a 17.

Para RSF, México resultó, por cuarto año consecutivo, ser el país más peligroso y más mortífero del mundo para los periodistas, por delante de países en guerra como Ucrania (ocho casos) o Yemen (tres casos). Por primera vez en la historia, RSF y su organización aliada en México, Propuesta Cívica, presentaron el mes pasado una denuncia contra el Estado mexicano por la desaparición de periodistas ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde el inicio del mandato de AMLO, RSF lleva censados al menos 36 asesinatos de periodistas y dos desapariciones, las de Jorge Molotzin Centlal y Pablo Felipe Romero Chávez, en 2021, en el Estado de Sonora, en la frontera con Estados Unidos). “La mayoría de estos asesinatos se concentran en los Estados especialmente gangrenados por la corrupción y el crimen organizado: Michoacán (suroeste), Sonora y Veracruz (sureste), con cinco casos cada uno. En la gran mayoría de estos 38 casos, la impunidad es casi total”, dice RSF. Propuesta Cívica, por su parte, publica en su web un registro de casi una treintena de crímenes de distinta naturaleza aún impunes, con información relativa al lugar del hecho, procedencia, medios en que trabajaba la víctima y una breve reseña del ataque sufrido.

El tema de la impunidad es también destacado por el Comité de Protección a Periodistas (CPJ en inglés). Cada año, esta organización elabora el Índice de Impunidad Global (ver aparte), que recoge los crímenes no resueltos contra hombres y mujeres de prensa en el mundo. Sobre México, afirma que tiene documentados “28 asesinatos no resueltos de periodistas” en los últimos 10 años, lo que constituye “la cantidad más grande de cualquier país enumerado en el Índice, y el país más peligroso para periodistas del Hemisferio Occidental”. Dice el CPJ que México “ocupa el sexto lugar en el Índice del CPJ, en parte porque las clasificaciones están basadas en el tamaño de la población del país en cuestión”. “Es más –continúa-, la red compleja de violencia generalizada en México, a menudo dificulta afirmar con certeza si la muerte de un periodista se debe al trabajo que realiza, lo cual significa que muertes con motivos indeterminados no se incluyen en los cálculos sobre la ubicación de ese país en el Índice”. CPJ indica que aquellos las coberturas centradas en “temas sensibles como la corrupción, política local y el crimen organizado” son las que conllevan “el mayor riesgo”.

Hacia agosto pasado, “al menos tres periodistas fueron asesinados en represalia por sus reportajes”. La ONG reconoce que identificar los móviles de esos crímenes es habitualmente difícil para los propios periodistas y las organizaciones que defienden su labor. Pero además es crítica con las autoridades nacionales y locales las cuales “habitualmente son lentas para dar respuestas y fallan en aplicar las mejores prácticas de recolección de evidencia. Parecen priorizar la exhibición de sospechosos lo más pronto posible antes que conducir una investigación certera”. Incluso, asegura CPJ, “a veces es difícil determinar si las investigaciones oficiales son confiables, en tanto las autoridades locales aparentan complicidad con las bandas criminales o directamente están involucradas en los ataques”.

CPJ también “ha documentado 15 casos de reporteros desaparecidos” desde 2005, cuyas desapariciones ocurrieron mientras realizaban su labor periodística. “México lidera el número de periodistas desaparecidos”, asegura CPJ a la vez que acusa que “las autoridades han hecho muy pocos progresos en investigar esos casos”.

Más allá de los hombres y mujeres de prensa, México registra en términos generales, más de 340 mil asesinatos y unos 100 mil desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.