El general Salvador Cienfuegos fue apresado en octubre pasado y estuvo detenido durante 33 días. A su liberación, el gobierno mexicano les agregó otro golpe fuerte a las agencias norteamericanas, desde la CIA hasta la DEA. Sancionó una Ley de Seguridad por la cual los espías perdieron la inmunidad y el derecho a la libre portación de armas. La relación venía complicada desde el último cuarto del siglo pasado, cuando el doblemente converso Enrique “Kiki” Camarena (primero de la policía a los marines y la DEA y luego de la DEA a los carteles de la droga) fue capturado y torturado hasta ser asesinado con un taladro que le perforó la cabeza, de sien a sien.
La actitud digna del gobierno de Andrés Manuel López Obrador repercutió en Colombia, donde las redes humanitarias volvieron a exigir que se les ponga límites a los miles de espías norteamericanos que actúan en el país. Y, sobre todo, volvieron a reclamar el fin del pacto de extradiciones con EEUU, acordado para jueces norteamericanos juzguen a los narcos colombianos, pero que en los hechos sirvió para entregar también a paramilitares y guerrilleros (Simón Trinidad, uno de los líderes de las FARC, cumple una condena de 60 años en una cárcel de Colorado).
Lejos de responder, el gobierno de Iván Duque anunció el 26 de febrero la creación de un nuevo Comando contra el Narcotráfico que operará junto con la DEA. “Esta fuerza de 7000 hombres –el 2,5% del total de los efectivos de las tres armas– llenos de convicciones, patriotismo y sentido de defensa irrestricta del interés nacional, nace para para doblegar, golpear y someter las estructuras del narcotráfico y las amenazas transnacionales”, dijo Luque. El Comando fue entrenado por los cuerpos de élite en la 82 División Aerotransportada de EEUU en la base de Tolemaida, una de las siete que puede operar el Pentágono.
En los años 80 Colombia negoció el acuerdo de extradición de los líderes del narcotráfico para que fueran juzgados en las cortes norteamericanas. Los carteles respondieron con una furibunda campaña que se llevó cientos de vidas, pero fallaron. Desde entonces fueron extraditadas unas 2500 personas, traficantes, paramilitares, guerrilleros, activistas sociales y todo aquel al que la DEA le abriera un expediente más o menos bien armado. Entre ellos marcharon el general Mauricio Santoyo, jefe de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), Dolly Cifuentes Villa, cuñada de Uribe, y Ana María Uribe, una sobrina negada por el líder de la ultraderecha.
En menos de dos años los tres ya estaban libres. El general Óscar Naranjo, que durante siete años fue director de la Policía Nacional, se quejó diplomáticamente por la falta de colaboración de EEUU. El senador Juan Manuel Galán fue al grano: “Los capos de la droga negocian condenas mínimas con los jueces norteamericanos, por lo que confiesan y por lo que pagan. Colombia entregó su soberanía jurídica y no recibe nada a cambio, porque EEUU nos oculta la información que obtiene de los traficantes”.
Al principio los narcos le temían a la extradición, pero ahora que les encontraron el lado “sensible” a los jueces norteamericanos se acogen a un régimen exprés impuesto por una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Uno de cada tres narcos prefiere irse, todos tratan de ser el primero, porque así tienen más ventajas, pueden dar información que otros no tienen”, explicó Humberto Domínguez, un abogado de la colonia cubana de Miami.
Domínguez, que se presenta como “experto en extraditables y extraditados”, agregó, que hay “personalidades que fueron descollantes en la lucha contra el narcotráfico, como Bonnie Klapper, ex asistente del fiscal general, y Robert Feitel, ex fiscal de Columbia, que ahora se dieron vuelta. El dinero tienta, la paga es fuerte: de medio millón de dólares para arriba por un capo y 300 mil por los más baratos, que además son muchos”. Son unos 150 por año y van creciendo, porque los narcos de ahora no son como los que acompañaron a Escobar Gaviria en su campaña contra las extradiciones, bajo el lema “Más vale una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.
Lacalle Pou pide espías y Libre Comercio
Después de ser elegantemente desplazada por Tabaré Vázquez en 2016, la DEA y sus espías no han vuelto a Uruguay. Ls súplicas del gobierno de Luis Lacalle Pou son tan insistentes como su ruego para un Tratado de Libre Comercio (TLC), aunque ello dañe la frágil estructura del Mercosur. La DEA fue creada en 1973 y se instaló en Montevideo en 1976, en los albores de la dictadura.
Convencido de que la reelección de Donald Trump era un hecho, el presidente habló con el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, tras resultar electo. Lacalle asumió el primer día de marzo, en noviembre se le había apagado el sueño Trump y desde entonces espera un diálogo con el nuevo habitante de la Casa Blanca.
Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, también le pidió el regreso de la DEA pero, sobre todo, un TLC. En octubre el canciller Francisco Bustillo tuvo su propio diálogo con Pompeo. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, realizó una “visita personal” al embajador Kenneth George. Pidió el regreso de la DEA y la instalación de “cualquier otra agencia que nos aporte inteligencia”.
