Una serie de manifestaciones, cacerolazos y marchas multitudinarias en distintas ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá, Cali y Medellín, lograron torcer parcialmente el proyecto tributario del presidente Iván Duque, que impactaría severamente en los bolsillos de los trabajadores y la clase media. La decisión de ir marcha atrás llega después de dos días de disturbios en los que se vieron reiteradas imágenes de violencia policial a manos del ya tristemente célebre Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), con al menos dos personas fallecidas y centenares de heridos. Además, se denunciaron saqueos y actos de vandalismo.

El derechista Duque reveló que podría sustituir algunos puntos de su propuesta de reforma tributaria. «Estoy dispuesto a retirar la propuesta del IVA y de los servicios funerarios. En este proyecto de ley no hay líneas rojas», expresó el mandatario a una emisora local. Sin embargo, aclaró que esto no significa que esté en favor de retirar su propuesta enviada ya al Congreso.

La reforma es considerada como un «paquetazo», aunque se proponga como una medida destinada a reactivar la economía y solucionar parte de la crisis fiscal generada por la pandemia. Implica fuertes tributos a la clase media que se reflejan en  el IVA a varios productos de consumo masivo y servicios públicos, entre otros. Propone gravar los servicios públicos y ampliar la base de contribuyentes, entre otros puntos, para recaudar unos 6780 millones de dólares  El gobierno la defiende como parte de su esfuerzo para atender a los más necesitados.

“El gobierno, desesperado, presenta una nueva reforma tributaria con dos objetivos: primero, el de financiar el déficit dejado por su política de ayuda al sostenimiento de las utilidades del sector financiero privado del país, con los impuestos a la comida de los hambrientos, y con los impuestos a los que trabajan y en cualquier momento pueden perder el empleo, y el segundo objetivo es el de financiar, prolongando las ineficaces políticas sociales para controlar el Covid, los votos por el centro democrático y sus candidatos”, señaló el senador referente de la oposición, Gustavo Petro.

“Rechazo la Reforma Tributaria porque precarizará a la clase media y terminará de quebrar las pequeñas empresas. IVA 19% a gasolina, Peajes en las ciudades, IVA a los servicios públicos, impuesto de renta a salarios. Inaceptable”, enumeró críticamente Rodrigo Londoño, senador de Comunes, la exguerrilla FARC devenida partido político.

Desde el miércoles, miles de colombianos salieron a las calles a protestar, en medio de una fuerte suba de contagios de coronavirus. Las autoridades atinaron a prohibir las marchas a través de un fallo judicial, lo que generó el efecto contrario. La primera jornada desbordó la previsiones iniciales y acabó derivando en altercados y enfrentamientos con la policía. El Comité Nacional de Paro volvió a convocar a concentraciones para el día siguiente y las 43 organizaciones que participaron concluyeron en un comunicado que la marcha del miércoles fue «una grandiosa expresión de ciudadanía».

A lo largo de las últimas jornadas, las autoridades reportaron al menos dos fallecidos, una treintena de detenidos, la mayoría en Cali y la capital Bogotá, y casi un centenar de agentes heridos.

Por su lado, el referente de la ultraderecha y expresidente Álvaro Uribe llamó a defender a las fuerzas armadas y de seguridad ante la difusión de “hechos vandálicos” denunciados por sectores contrarios a la manifestación. “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico militares”, tuiteó, no sin cosechar numerosas críticas.

El titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, dejó entrever la chance de la convocatoria a una nueva jornada de paro nacional para el 19 de mayo próximo, si la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno no ha sido retirada para entonces.

Aunque tiene un pedido de trámite urgente en el Congreso, ni siquiera toda la bancada oficialista apuesta a su aprobación.