Las revueltas del martes en las unidades penitenciarias de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, generadas supuestamente por choques entre bandas criminales que se financian del narcotráfico, y según el gobierno en conexión con organizaciones méxicanas y colombianas, dieron como resultado 79 muertes confirmadas oficialmente (se habla de alguna más) en condiciones escabrosas. En la prisión de Cuenca, algunos reclusos fueron decapitados y estuvieron a punto de ser incinerados. El cuadro de horror se completó con el calvario de los familiares que recibían mensajes de víctimas y victimarios y debieron reconocer los cuerpos mutilados de sus parientes detenidos. Se trata de centros de reclusión que albergan a 38.000 detenidos, un 70% de la población carcelaria del país.
La crisis motivó la renuncia del subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Orlando Jácome, luego de que un grupo criminal pidiera su renuncia a través de un video grabado en una prisión y difundido por redes sociales. Moreno activó “comités de seguridad”, militarizó el perímetro externo de las cárceles «por el tiempo que sea necesario» y mañana deberán comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, el comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, y el director general del sistema penitenciario, Edmundo Moncayo, a pedido del titular de la Legislatura, César Litardo, solicitado por la ONG Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh. Este organismo, junto con la Fundación Dignidad, viene generando informes que dan cuenta del nivel de hacimiento en que viven los presos en el Ecuador, cercano al 30% de superpoblación.
Para la exministra Zuñiga, esta crisis viene como resultado de algunos cambios drásticos en materia de rehabilitación y condiciones penitenciarias promovidos por el gobierno de Moreno. La dirigente de la Revolución Ciudadana, espacio del candidato a la presidencia en el balotaje del 11 de abril, Andrés Arauz, asegura que el golpe a una política que se había consolidado en la gestión de Correa fue la eliminación del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 2018, y todas las secretarías que se encargaban de la política carcelaria y los programas de rehabilitación. Zuñiga afirma que una de las consecuencias más significativos de esta modificación en la estructura del Estado fue que “se disparó la cifra de muertos en el sistema carcelario”. La ex ministra asegura que “una vez eliminado el ministerio, se puede ver en las estadísticas que la violencia y las muertes se dispararon hasta en un 300%. Hasta el 2018 el número de muertos era aislado, 5, 10, 11. En 2019 ya tenemos 32 muertos. En el 2020, 52; y en el 2021, sumado a este incidente, tenemos 81 fallecidos por la violencia intercarcelaria”.
Otro elemento a considerar fue la eliminación de una escuela de formación penitenciaria para guardiacárceles, creado durante su gestión, y “una unidad de inteligencia penitenciaria que nos permitía identificar la formación de bandas criminales, anticiparnos a este tipo de hechos, que fue totalmente desmantelada”, explica.
Arauz lo recordó al conocerse la masacre. En un mensaje a la prensa dijo que “en el gobierno de la Revolución Ciudadana había un comité de seguridad que se reunía cada semana. Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía, inclusive había una coordinación con fuerzas municipales. Ahora todo eso ha sido desmantelado”, lamentó.
Zuñiga agregó que tras la eliminación de esas áreas de gobierno, se creó un sistema, el SNAI, que “no tiene estructura firme, no tiene rango de ministerio ni de secretaría, es un híbrido que no tiene la fortaleza para instrumentar este tipo de políticas”.
También dijo que durante su gestión se había logrado “disminuir el hacinamiento al 0,24%, pero luego ocurrió el terremoto (de 2016 en Manabí) y eso empeoró la situación, porque el penal de Portoviejo, con 1200 reclusos perdió una pared entera”, recordó. Lugo vino Moreno y su política.
Según publicaciones periodísticas locales, cuando el actual gobierno asumió el poder, el entonces Ministerio de Justicia había recibido 153,1 millones de dólares de presupuesto. En el 2019, la nueva entidad comenzó a operar con 107,9 millones y para 2021 se asignaron 91,4. “Datos oficiales muestran que esos fondos alcanzan a cubrir solo los salarios de los 2.609 funcionarios (administrativos y guías penitenciarios) y para el pago del servicio de alimentación de los presos”, publicó El Comercio. “Se necesitan USD 165,9 millones para remodelar 36 centros, construir otros 10 y adquirir grilletes. Para talleres, capacitación laboral a los privados de libertad y atención con personal adecuado se requieren USD 4,6 millones más”, detalló el medio.
“Hechos como este se pueden prevenir cuando hay una verdadera política de rehabilitación. Cuando se tiene la debida institucionalidad y presencia del Estado dentro de los centros, cuando se cuenta con el presupuesto para poder garantizar un sistema de rehabilitación fuerte y también cuando existen planes de rehabilitación que garantizan la disminución de la violencia carcelaria”, comentó la ex ministra.
El hecho tiñe la campaña electoral para el balotaje entre Arauz y el conservador Guillermo Lasso, que deberá comenzar el 16 de marzo, y que no podrá eludir este grave situación.
Vacunas por debajo de la mesa
El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, renunció en medio de un escándalo por el suministro de la vacuna anticovid a personajes alejados de la lucha contra la pandemia y profundizó las críticas contra Lenin Moreno por una deficiente y lenta gestión en materia de vacunas.
Zevallos, un médico que asumió en el peor momento de la pandemia en Ecuador, es indagado por tráfico de influencias luego de que varios de sus familiares, incluida su madre de 87 años, fueran vacunados con las primeras dosis llegadas al país. Admitió que «varios» de sus allegados fueron vacunados, desatando críticas incluso de personal médico.
Zevallos justificó su renuncia irrevocable al puesto que ocupaba desde hace once meses en una carta en la que dijo que lo hacía «con el fin de posibilitar la continuidad» del plan de vacunación, que se inició en enero.
La Fiscalía abrió la investigación. Zevallos, también podría ser llamado a juicio político por la Asamblea Nacional. La Defensoría del Pueblo dijo que espera que Moreno designe «a una persona preparada y honesta» como ministro de Salud y que se mantendrá vigilante de que Zevallos «responda penalmente por el tráfico de influencias y brinde las disculpas públicas».
Desde enero, Ecuador recibió casi 42.000 dosis del vacunas Pfizer-BioNTech para inmunizar a personal médico de primera línea, así como de residencias de ancianos, de acuerdo al plan del gobierno.
