El presidente venezolano, Nicolás Maduro, apuesta al resultado del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acaso una de las últimas oportunidades concretas de legitimar su gestión hacia dentro y fuera del movimiento bolivariano y, fundamentalmente, de reconstruir la castigada estructura económica del país, por causa de la altísima inflación, las presiones externas y la especulación de distribuidores, entre otros problemas.
Este congreso que comenzó el sábado, 64° aniversario del natalicio de Hugo Chávez, y culminará mañana, tendrá impacto directo en la gestión y está atravesado por un fuerte debate interno de cuadros en el partido de gobierno que reclamaron públicamente «apertura» y «mayor participación» en las decisiones, a la vez de resoluciones inmediatas al acuciante problema económico, lo que desde algunos sectores se tomó como una crítica «funcional» a los poderes que buscan la caída de Maduro. En ese sentido, el encuentro partidario se constituye sobre seis puntos (ver aparte), donde la economía es tema fundamental, y no por casualidad pocos días antes el presidente hizo anuncios en esa materia. «El presidente acusó recibo», confió a Tiempo un dirigente chavista.
«Vamos a reconstruir el sistema productivo y adquisitivo de la nación. Pido la confianza del pueblo. La guerra económica y las agresiones imperialistas han fortalecido nuestra consciencia patriota», dijo un optimista Maduro el día de inicio del Congreso.
Durante la semana previa, los medios opositores reflejaron y amplificaron críticas de dirigentes del riñón chavista, algunos en funciones y otros exfuncionarios, como el otrora ministro de Finanzas de Chávez, Rodrigo Cabezas, quien señaló que el gobierno no tuvo «una conducción profesional de la política económica» y que hubo «persecución de los actores productivos». Por su parte, Freddy Bernal, titular de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), centros de distribución de productos básicos con los que el gobierno enfrenta la escasez de insumos, aseguró en un discurso que parte de los problemas del país debían ser adjudicados al propio chavismo, porque «llevamos 19 años de revolución».
De inmediato se lo acusó que querer «saltar la talanquera (valla)» y pasarse a la oposición. Bernal rechazó los cargos y aseguró que «la crítica y la autocrítica está en el libro rojo del partido y nosotros como revolucionarios tenemos que ser críticos y autocríticos para construir». El dirigente agregó que «si la derecha está esperando que Bernal salte la talanquera se van a secar como las momias del Faraón, porque ha sido, es y será leal a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro y al pueblo».
Similar impacto causaron las declaraciones del ministro de Educación Elías Jaua, funcionario clave en el armado original de la Asamblea Nacional Constituyente. En un documento publicado en su blog personal y replicado en el sitio oficial del PSUV, Jaua llama a los chavistas a «aportar propuestas para superar las dificultades que la guerra económica, y también nuestros errores, han ocasionado». Como el Congreso discutirá también sobre la estructura organizativa del partido, Jaua dijo que «es impostergable que se restituya el pleno funcionamiento de todas las instancias de dirección; que se establezcan garantías estatutarias para el desarrollo de una cultura del debate de las ideas, de la crítica y la autocrítica constructiva y que como expresión de confianza en nuestra militancia».
Para fundamentalistas y críticos por izquierda, estas posiciones reflejan una fisura en la estructura de poder y el inicio de una posible escisión. Pero para los chavistas más antiguos, se trata de un natural ejercicio de debate en el contexto de una dinámica de disputa por los espacios de poder y la toma de decisiones. «Lo mejor que nos puede pasar es tener tendencias que piensen diferente y que logren el equilibrio en nuestro partido. Teniendo en cuenta que hoy en Venezuela no hay oposición, estas críticas ayudan a crecer», aseguró un viejo dirigente del partido de Chávez.
A última hora del miércoles, Maduro anunció la firma de cinco decretos con medidas urgentes. El primero fijó para el 20 de agosto el inicio del nuevo Cono Monetario que quitará cinco ceros al billete actual. El bolívar estará respaldado por el Petro, la criptomoneda con anclaje en reservas petroleras. Otro decreto, que deberá ser refrendado por la ANC, apunta a combatir ilícitos cambiarios. Otra medida se dirige a respaldar y fortalecer las reservas monetarias. El cuarto decreto exonera del pago de impuestos la importación de insumos, materias primas, partes y repuestos, y el quinto se refiere a cuestiones de transporte público.
Hace tiempo se había informado en estas páginas que existía un espacio crítico dentro del gobierno bolivariano que reclamaba acciones concretas para resolver los problemas económicos. Este espacio es representado por la expresidenta de la ANC, Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge, el excanciller Roy Chaderton y otros. De alguna manera, Maduro legitimó el espacio cuando nombró a Delcy como vicepresidenta de la república, el pasado 14 de junio. Pero las medidas urgentes aún no se pusieron en marcha, hasta esta semana. Algunos creen que el ala dura de Diosdado Cabello se impone por sobre cualquier otra posición. El Congreso partidario está llamado a resolver, o no, estas cuestiones.
El evento comenzó ayer con las reuniones plenarias y se extenderá hasta este lunes. Presidido por Maduro, participan 670 delegados, representando territorios, sectores y electos por las bases.
Los objetivos económicos
El IV Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) trabajará este fin de semana sobre seis puntos clave de la economía, sobre los cuales el gobierno deposita su confianza para superar la crisis.
Expuestos en el documento partidario, el primer objetivo es «defender el poder adquisitivo de los trabajadores» a través de acciones que permitan «controlar la especulación y estabilizar el sistema de precios». Se propone que los actores económicos privados deban sostener el tipo de cambio «en función a la real demanda y su propia oferta de divisas, mediante un mecanismo transparente de Casas de Cambio y subastas».
Segundo, se dirigirá el desarrollo de las fuerzas productivas hacia dos sectores fundamentales: el agrícola y el industrial, y se pretende desarrollar una política de abastecimiento de insumos y bienes «necesarios para reimpulsar el aparato industrial y agroindustrial». Otro punto proyecta que para 2025 «se haya logrado sustituir el 50% de importaciones de insumos y repuestos para el aparato productivo nacional».
El cuarto eje insta a consolidar el sistema de protección y seguridad de la soberanía económica mediante la protección de zonas estratégicas «como fronteras, aduanas, yacimientos naturales, producción y comercialización agrícola e industrial». El quinto asevera que la economía debe tomar en cuenta «los tres tipos de propiedad que existen en los medios de producción: pública, social y privada» y propone nuevas formas de propiedad social: familiar, cooperativa y comunal. El sexto busca afianzar la producción petrolera, expandir el mercado, regularizar las relaciones laborales y poner al Ministerio de Petróleo y Minería al frente de empresas estatales.
