Tal vez uno de los principales legados de Hugo Chávez para Venezuela y al proceso iniciado por él en 1998, el chavismo, sea esa Constitución Bolivariana sancionada en 1999, que transformó el concepto del Estado en busca de una democracia participativa, descentralizada, alternativo y pluralista “desde las bases”. La misma Carta que hoy invoca el presidente Nicolás Maduro para apelar a un recurso extremo y audaz para buscar una salida a la crisis que atraviesa su país, con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 

Una reforma que es citada por Maduro como “la opción que nos va a permitir recomponer la situación social, política económica, a través de un gran diálogo nacional, y encaminar la superación del golpe de Estado y del intervencionismo imperial contra el país, que a través de los actos y decretos constituyentes establezca la paz en la República”, y que tiene un indudable carácter refundacional. 

Al menos en ese sentido lo presentó el presidente bolivariano el viernes, cuando reunido ante unas 100 personas -dirigentes políticos y sociales, intelectuales y periodistas- provenientes de 36 países de la región y el resto del mundo, oficializó el comienzo de un proceso que ya no tiene vuelta atrás, y que puede llevar a la castigada Venezuela a una senda de crecimiento y consolidación política y cívica, o recrudecer el conflicto hasta límites inconmensurables de parte de una oposición que no acepta la medida consagrada en la Constitución. 

Así de drástica es la medida y así de extremos pueden ser los resultados. El gobierno de Maduro ha demostrado, este fin de semana, que su apuesta es al todo por el todo. En una extensa jornada realizada en la histórica Casa Amarilla, edificio protocolar de la Cancillería venezolana en Caracas, la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente anunció los detalles de la etapa que se viene. La convocatoria a los candidatos constituyentes que discutan las reformas que se consideren necesarias incorporar a la Carta Magna y la revalidación final –o no- de todos los poderes del Estado. 

El Ejecutivo tiene muy claro que una nueva constitución debe destrabar el dilema económico de un país cuyo presupuesto depende casi exclusivamente de la exportación petrolera. Por eso quiere darle rango constitucional a una economía “pospetrolera” que busque horizontes en la producción local, una faltante histórica para este país. También quiere constitucionalizar el alcance de las llamadas misiones, acciones puntuales de gobierno dirigidas a contener sectores específicos, y también de ampliar el alcance de representación de colectivos que habían sido omitidos en la primera reforma, como las comunidades afrodescendientes y de la diversidad sexual. Este proceso constituyente también busca darle más espacio a la clase obrera organizada, algo que durante el proceso de 1999 no fue posible por la dispersión de entonces. 

En definitiva, lo que establece la Constitución, contenida en ese librito azul que hoy Maduro sostiene entre sus dedos como fue retratado innumerables veces el Comandante Chávez, es activar lo que llama el “poder originario” según los artículos 347, 348 y 349. Se trata de uno de los pocos procesos de reforma constitucional en los que se prevé la participación del pueblo desde las bases. Y Maduro apuesta a que sea “histórico”. Cuestiona a quienes lo critican de poner en riesgo la constitución lograda por su mentor, pero él responde que el texto de la Carta debe ser dinámico, conforme a los tiempos y que ése fue el espíritu de Chávez. “La Constitución es una foto del país, no puede quedar estancada”, dice. 

Si algo acaba de demostrar Maduro es que tiene claro que si se va del poder va a ser por la vía de la decisión popular, y no por las presiones de sectores, ni porque parte de la oposición proteste casi a diario –últimamente con repetidos escenarios de violencia- ni porque la OEA decrete la “ausencia de democracia” en Venezuela, cuestión que lleva a reiterados pedidos internacionales de anticipar las elecciones generales de 2018.
“Yo no me voy a dejar derrocar”, declaró el viernes un Maduro confiado, humorista por momentos, y severo al defender el proyecto que encarna, en un discurso que duró más de dos horas, en el que hizo un repaso de la historia de Venezuela y fundamentó sus decisiones de gobierno. Además hizo varias revelaciones polémicas. Contó que parte de la oposición nucleada en la Mesa de Unidad Democrática, boicoteó el referéndum revocatorio impulsado el año pasado con énfasis por el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, y fueron los propios miembros de la MUD quienes denunciaron en secreto las irregularidades presentadas para abrir el proceso que finalmente no fue avalado por el Poder Electoral. “Lo hicieron para hacer fracasar a Capriles”, dijo Maduro. También afirmó que la foto de Lilian Tintori en la Casa Blanca junto a Donald Trump, en febrero pasado, le costó “tres millones y medio de dólares” a la esposa de Leopoldo López, preso por “instigación a la violencia” en una manifestación de 2014.
La reunión de Casa Amarilla comenzó en la mañana del viernes, coincidiendo con una marcha de jubilados auspiciada por Capriles y la MUD, hasta la Defensoría del Pueblo, que finalmente fue dispersada por parte de la policía cuando intentaron traspasar el límite acordado previamente. Más tarde, hubo otra marcha de ancianos, pero en este caso, partidarios del chavismo. Al día siguiente, algunos efectivos policiales rechazaban la medida del gobierno de impedir el uso de armas de fuego en las manifestaciones para evitar muertes. Es el clima que se vive en esta ciudad casi cotidianamente, sobre todo desde que comenzaron las manifestaciones más violentas de principios de abril. Entre medio, la vida continúa con aparente normalidad en una ciudad cálida donde la gente se saluda por la calle sin preguntarse de qué sector proviene.
El gobierno, por su parte, asegura que las manifestaciones opositoras más intensas se limitan a “apenas el 1 por ciento del territorio del país”, aunque no desconoce el descontento social, sobre todo por la escasez de alimentos, la inflación y la exorbitante disparidad cambiaria con un dólar paralelo que hace estragos en la economía doméstica, producto de la “guerra económica” de la burguesía que distribuye los insumos esenciales. Maduro apuesta a resolver todos estos severos problemas con la institución de la ANC, lo que sin duda abrirá una nueva etapa de duro debate y disputa política.

La propaganda y la especulación

La Jornada de discusión sobre la Asamblea Nacional Constituyente se realizó el pasado viernes en el palacio Casa Amarilla, el edificio protocolar de la Cancillería venezolana en Caracas, con la participación de representantes de 36 países, entre ellos de Rusia, India, Canadá, Estados Unidos, Italia, España, y mayormente de Latinoamérica. Una de las asistentes fue la dirigente colombiana de los Derechos Humanos, Piedad Córdoba. Por Argentina fueron invitados entre otros el politólogo Atilio Borón, el secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, Alejandro Rusconi, y el diputado del Parlasur, Oscar Laborde, además de este diario.

Políticos, dirigentes, intelectuales y periodistas asistieron a una exposición “contrainformativa” sobre los hechos de violencia en Venezuela y las razones oficiales de la crisis económica, que según la economista Pasqualina Curcio tiene sus raíces en la especulación de los grupos económicos que manejan la distribución de insumos y producen un aumento exorbitante del dólar extraoficial. También se expusieron los fundamentos por los que Venezuela se retiró de la OEA, tras la reunión fraudulenta del 3 de abril en que el organismo aprobó una declaración de “ausencia de democracia” en el país a pesar de no contar con la mayoría del pleno, tal como indica el reglamento. En la segunda actividad dirigida a explicar los alcances de la ANC, expuso el coordinador de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jaua, tras lo cual ingresó el presidente Nicolás Maduro, quien saludó a todos los asistentes con apretón de manos.